Onelia López Claros

Expediente 1626/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1626/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Onelia López Claros

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, de igual forma, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 357/2022-9, promovido por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, a través de su apoderado legal Ángel Cruz Alamilla Ávalos, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el diecisiete siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho del mismo mes, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, a través de su apoderado legal Ángel Cruz Alamilla Ávalos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 357/2022-9; se ordenó requerir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: Los puntos quinto y sexto del acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 332/2008, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del referido expediente, remitidas por la autoridad responsable a través del informe justificado, en las que se advierte obra la aludida determinación. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que jurídicamente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, la persona moral oficial reclama los puntos quinto y sexto del acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 332/2008, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Tabasco. Al respecto, la representante legal de la impetrante adujo que se vulnera en perjuicio de su patrocinada, lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los conceptos de violación correspondientes, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, para efectos del análisis correspondiente, cabe establecer que, en esencia, la quejosa aduce que Resulta ilegal que la autoridad responsable diera trámite al incidente de liquidación, porque no fue ordenado en el laudo relativo, además de encontrarse cuantificadas en cantidad líquida las condenas. No se surte lo contemplado por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, pues del laudo no se desprende que la responsable colme la excepción establecida, ni razona en relación a las bases en las cuales se deberá de cuantificar las condenas líquidas y menos justifica, ni funda o motiva jurídicamente, la tramitación del incidente de liquidación promovido por la parte actora. Pues únicamente en el laudo es donde jurídicamente se determinará el salario que sirva de base a las condenas o, en su defecto, en el mismo se ordenará la apertura del incidente de liquidación. Por lo que debe corregirse dicha irregularidad, para efectos de que en el laudo sea insertada la cantidad que deberá servir como base a la cuantificación de las condenas, ya que se está obligando a su representada a pagar algo a lo que no fue condenada, ocasionando una violación directa al artículo 14 constitucional. El tribunal toma como eje rector para cuantificar los incrementos y mejoras, información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando es de explorado derecho que el salario mínimo no le es aplicable a los trabajadores al servicio del Estado, ya que estos se ubican bajo las normas que derivan del artículo 123 apartado "B" constitucional, por lo que, al tornar como referente un salario que es fijado para ser aplicable a los trabajadores contemplados en el apartado A, del referido 123, la determinación de la responsable es a todas luces ilegal. Es violatorio de las formalidades del procedimiento que la responsable actúe de manera parcial al establecer: "Queda establecido, qua una vez que cause firmeza jurídica la actualización de salarios del actor, este Tribunal ordenará el requerimiento de pago de conformidad con las cantidades actualizadas, decisión que se asume para no generar dilación". Determinación que se contrapone al principio de ejecución que rige el procedimiento, pues el artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, instituye que el procedimiento de ejecución inicia con la petición de "la parte que obtuvo", es decir, a instancia de parte. El requerimiento de pago ordenado en favor de Esther del Carmen Pérez León, carece de todo sustento legal, pues en el acuerdo que se impugna no se hace referencia a que la actora haya solicitado a esa autoridad la emisión del auto de ejecución, en términos del artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estadio de Tabasco. Contrario a lo que determina la autoridad, el término para promover la ejecución del laudo emitido en dicho juicio laboral ha prescrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 fracción ll, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Aun y cuando han existido juicios de amparo durante la tramitación del juicio laboral, ello no ha sido impedimento para que la hoy tercera interesada pudiera haber solicitado la ejecución del laudo. En apoyo de sus argumentos, el apoderado legal de la impetrante de amparo citó las tesis de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, INDEBIDA ORDEN DE APERTURA DEL, SI SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA OBLIGACIÓN EN EFECTIVO"; "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN QUE SE APARTA DEL LAUDO QUE LO ORIGINA"; "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. ILEGALIDAD EN SU APERTURA"; "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SÓLO PROCEDE SI SE ORDENA SU APERTURA EN EL LAUDO"; "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, CUANDO ES PERMITIDO ABRIR EL, PARA CUANTIFICAR EL SALARIO"; "LAUDO. DEBE CONTENER LA CUANTIFICACIÓN LÍQUIDA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS"; "PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y SENCILLEZ. SE INFRINGEN CUANDO NO SE PRECISA EN EL LAUDO, TERMINO PARA CUMPLIR LA CONDENA"; "LAUDO. DEBE CONTENER LA CUANTIFICACIÓN LÍQUIDA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS"; y, "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. MATERIA DEL". En ese contexto, esta juzgadora considera inoperantes los motivos de inconformidad sintetizados e identificados anteriormente con los incisos c) y e). En efecto, conforme al artículo 108 fracción VIII, de la Ley de Amparo, la demanda relativa deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en los casos que dicho ordenamiento lo autorice, en la que se expresará, entre otros requisitos, los conceptos de violación. Si bien, el aludido numeral no precisa regla alguna sobre cómo expresar los motivos de inconformidad, el Máximo Tribunal del país ha provisto las directrices correspondientes a través de la jurisprudencia. Al respecto, ha sostenido que el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en jurisprudencia que, para la procedencia del estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja. Adicionalmente, conviene resaltar que la inoperancia de los conceptos de violación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado. Impedimento que puede derivar, entre otros, de los supuestos que se precisan a continuación: Ante la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; Ante la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; Para el caso de existir expresión de agravios, su formulación material resulte incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) Por no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) Por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; Ante la existencia de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 424, del Tomo XXX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2009, de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN". En ese tenor, se considera inoperante el concepto de violación en el que la quejosa aduce que es violatorio de las formalidades del procedimiento que la responsable actúe de manera parcial al establecer: "Queda establecido, qua una vez que cause firmeza jurídica la actualización de salarios del actor, este Tribunal ordenará el requerimiento de pago de conformidad con las cantidades actualizadas, decisión que se asume para no generar dilación". Determinación que la impetrante estima se contrapone al principio de ejecución que rige el procedimiento, pues el artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, instituye que el procedimiento de ejecución inicia con la petición de "la parte que obtuvo", es decir, a instancia de parte. La inoperancia de su argumento radica en la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte, porque se trata de un acto futuro e incierto, condicionado a que cause firmeza la determinación que la contiene y a que la autoridad responsable emita de manera oficiosa el acuerdo relativo. Asimismo, se considera inoperante el motivo de inconformidad en el que la impetrante refiere que el término para promover la ejecución del laudo emitido en dicho juicio laboral ha prescrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 fracción ll, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Lo anterior es así, porque en los escritos de veintiuno y veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 4275, 4276 y 4283 a 4286 del tomo de pruebas), mediante los cuales desahogó la vista que se le dio respecto de la planilla de liquidación actualizada por la parte actora, no planteó la prescripción de la acción relativa. Por ende, constituye un argumento novedoso que no puede introducir a la litis del juicio de amparo, por ser éste un medio de control constitucional cuya finalidad es la protección del gobernado frente al poder público, donde el estudio del acto reclamado se realiza acorde con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, atendiendo exclusivamente al texto del acto. Entonces, la litis se encuentra determinada por los argumentos expuestos a título de conceptos de violación en la demanda de amparo y con los actos reclamados, de tal modo que el juzgador constitucional no se encuentra obligado a analizar argumentos novedosos no planteados en la instancia respectiva, ya que la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de conocer y resolver al respecto. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis I.15o.A.9 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2036, con número de registro 175555, del siguiente rubro y texto: "LITIS ABIERTA. EL PRINCIPIO DE, NO RIGE EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación contempla el principio de litis abierta, que en el juicio administrativo admite la libre expresión de argumentos en vía de conceptos de anulación contra el acto impugnado, incluso, de aquellos no planteados en el recurso administrativo; de modo tal que el actor puede hacer valer argumentos ya deducidos en sede administrativa (reiterativos), o bien, cuestiones novedosas no propuestas en esa vía, referidas a la resolución originaria; teniendo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de estudiarlos, sin que por tales razones pueda calificarlos de ineficaces o inoperantes. Ahora bien, ese principio no es aplicable en el juicio de amparo, por ser éste un medio de control constitucional cuya finalidad es la protección del gobernado frente al poder público, donde el estudio del acto reclamado se realiza acorde con lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, atendiendo exclusivamente al texto del acto, por lo que la litis se encuentra determinada por los argumentos expuestos a título de conceptos de violación en la demanda de amparo y los formulados en la ampliación y su confrontación con los actos reclamados, de tal modo que el juzgador constitucional no se encuentra obligado a analizar argumentos novedosos no planteados en la instancia respectiva". Asimismo, en lo conducente, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2002, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tomo XV, junio de 2002, página 156, con número de registro 186748, del siguiente rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. La excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario en derecho laboral cuando la hace valer el patrón, cuya defensa no debe suplirse, además de que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 516 a 522, establece un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas que es complementado por una regla genérica, lo que evidencia que cuando la excepción se basa en los supuestos específicos contemplados en la ley, requiere que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la Junta los analice, tales como la precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone y el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, elementos que de modo indudable pondrán de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por ello, se ha extinguido el derecho para exigir coactivamente su cumplimiento, teniendo lo anterior como propósito impedir que la Junta supla la queja deficiente de la parte patronal en la oposición de dicha excepción, además de respetar el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le obliga a dictar los laudos con base en los elementos proporcionados en la etapa de arbitraje". De igual forma, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia VI.2o.A. J/7, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tomo XXI, abril de 2005, página 1137, con número de registro 178788, del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas". Ello, tomando en cuenta que dicha figura jurídica no puede ser estudiada de oficio por la autoridad jurisdiccional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 1137, con número de registro 2017764, del siguiente rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁN IMPEDIDAS PARA ANALIZARLA DE OFICIO. De acuerdo con el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas prescribe en el plazo de 2 años, contado a partir del día siguiente al en que aquél hubiera quedado notificado. En ese sentido, si bien la prescripción de la acción se actualiza por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del demandante, lo cierto es que no opera de pleno derecho; consecuentemente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están impedidas para analizar de oficio su prescripción, pues al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de la obligación de cumplir la condena impuesta, se requiere que haga valer esa figura, exponiendo en términos de la jurisprudencia 2a./J. 48/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos necesarios para que pueda analizarse, tales como el momento a partir del cual se originó el derecho de la contraparte para hacer valer la acción, así como la fecha en que concluyó el plazo, lo que garantiza que el actor tenga oportunidad de controvertir dichas manifestaciones". Por otra parte, es infundado el motivo de inconformidad sintetizado e identificado anteriormente con el inciso a), relacionado con el trámite del incidente de liquidación, en el que la quejosa aduce que no fue ordenado en el laudo relativo. Efectivamente, contrario a lo señalado por la impetrante de amparo, en el laudo de veintidós de junio de dos mil doce (fojas 303 a 346 del tomo de pruebas), dictado en el juicio laboral 332/2008, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Tabasco, la autoridad responsable, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Las actoras probaron parcialmente su acción laboral y la Entidad Publica demandada justificó parcialmente sus excepciones y defensas laborales opuestas oportunamente. SEGUNDO.- Se CONDENA a la demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO de REINSTALAR a las hoy actoras SOFIA GUILLERMO DE LA CRUZ, ESTHER DEL CARMEN LEON PEREZ, IRMA GUADALUPE MARQUEZ MAGAÑA, YESENIA GARCIA GARCIA, AURORA PADILLA MARTINEZ, CECILIA PERERA GARCIA, FRANCISCA CERINO MORALES, MARIA GUADALUPE PULIDO PRESA, ANA LAURA PEREZ LAZARO Y BARTOLA DE LA O DE LA, así como al pago de los SALARIOS CAÍDOS que reclaman en su demanda inicial; tal y como se encuentra establecido en el Considerando Tercero de esta resolución. TERCERO.- Se CONDENA al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO de cubrir a las actoras ESTHER DEL CARMEN LEON PEREZ, IRMA GUADALUPE MARQUEZ MAGANA, YESENIA GARCIA GARCIA, AURORA PADILLA MARTINEZ, CECILIA PERERA GARCIA, FRANCISCA CERINO MORALES, MARIA GUADALUPE PULIDO PRESA, ANA LAURA PEREZ LAZARO Y BARTOLA DE LA O DE LA, lo siguiente: el concepto de PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO por el tiempo de la relación laboral; a la actora SOFIA GUILLERMO DE LA CRUZ, de cubrir AGUINALDO por el tiempo de la relación laboral; SOFIA GUILLERMO DE CRUZ, ESTHER DEL CARMEN LEON PEREZ, IRMA GUADALUPE MARQUEZ MAGANA, YESENIA GARCIA GARCIA, AURORA PADILLA MARTINEZ, CECILIA PERERA GARCIA, FRANCISCA CERINO MORALES, MARIA GUADALUPE PULIDO PRESA, ANA LAURA PEREZ LAZARO Y BARTOLA DE LA O DE LA, del pago de PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, por el tempo del juicio, en el caso de la C. BARTOLA DE LA O DE LA O hasta la fecha en que fue reinstalada; de cubrir a les actoras SOFIA GUILLERMO DE LA CRUZ, ESTHER DEL CARMEN LEON PEREZ, IRMA GUADALUPE MARQUEZ MAGAÑA, YESENIA GARCIA GARCIA, AURORA PADILLA MARTINEZ, CECILIA PERERA GARCIA, FRANCISCA CERINO MORALES, MARIA GUADALUPE PULIDO PRESA, ANA LAURA PEREZ LAZARO Y BARTOLA DE LA O DE LA, del pago de prima VACACIONAL Y AGUINALDO, por el tiempo del juicio, en el caso de la C. BARTOLA DE LA O DE LA O, hasta la fecha en que fue reinstalada; de cubrir a las actoras SOFIA GUILLERMO DE LA CRUZ, ESTHER DEL CARMEN LEON PEREZ, IRMA GUADALUPE MARQUEZ MAGAÑA, YESENIA GARCIA GARCIA, AURORA PADILLA MARTINEZ, CECILIA PERERA GARCIA, FRANCISCA CERINO MORALES, MARIA GUADALUPE PULIDO PRESA, ANA LAURA PEREZ LAZARO Y BARTOLA DE LA O DE LA, el pago de SEPTIMOS DIAS por el tiempo de la relación laboral; de RECONOCER LA ANTIGUEDAD DE CADA UNA DE LA TRABAJADORAS SOFIA GUILLERMO DE LA CRUZ, ESTHER DEL CARMEN LEON PEREZ, IRMA GUADALUPE MARQUEZ MAGAÑA, YESENIA GARCIA GARCIA, AURORA PADILLA MARTINEZ, CECILIA PERERA GARCIA, FRANCISCA CERINO MORALES, MARIA GUADALUPE PULIDO PRESA, ANA LAURA PEREZ LAZARO Y BARTOLA DE LA O DE LA, desde su fecha de ingreso; de pagar a las actoras SOFIA GUILLERMO DE LA CRUZ, ESTHER DEL CARMEN LEON PEREZ, IRMA GUADALUPE MARQUEZ MAGANA, YESENIA GARCIA GARCIA, AURORA PADILLA MARTINEZ, CECILIA PERERA GARCIA, FRANCISCA CERINO MORALES, MARIA GUADALUPE PULIDO PRESA, ANA LAURA PEREZ LAZARO Y BARTOLA DE LA O DE LA, el concepto de CINCO DIAS ADICIONALES POR AJUSTE DE CALENDARIO, CANASTA BASICA, HORAS EXTRAORDINARIAS, DECLARACION QUE SON TRABAJADORAS DE BASE, DIFERENCIA SALARIAL, SALARIOS RETENIDOS Y AL PAGO DE APORTACIONES OMITIDAS; lo anterior de conformidad al Considerando Cuarto en sus incisos A), C), D), E) y F) del presente fallo.". Aunado a ello, en el último párrafo de la foja 39 del laudo, se autorizó la apertura del incidente de liquidación correspondiente. Determinación que quedó firme, ya que en ejecutoria de cuatro de octubre de dos mil doce (fojas 368 a 410 del tomo de pruebas), emitida en el juicio de amparo directo 780/2012, del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, se negó al ayuntamiento la protección constitucional. Asimismo, es infundado el concepto de violación sintetizado e identificado previamente con el inciso b), en el que la quejosa aduce que es indebido que el tribunal haya tomado como eje rector para cuantificar los incrementos y mejoras, información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque el salario mínimo no le es aplicable a los trabajadores al servicio del Estado. En efecto, en el apartado tercero de la resolución impugnada, la autoridad responsable señaló que el periodo de actualización comprendía del veintiocho de enero de dos mil dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, de acuerdo con el escrito relativo de la parte actora Yesenia García García, aquí tercera interesada. Asimismo, estableció que la carga probatoria de los aumentos a los salarios correspondía a la entidad pública demandada, ahora parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 784 fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo. En el apartado cuarto, expuso que el salario sobre el cual se aplicarían las sumas sería el determinado en el laudo en el laudo de veintidós de junio de dos mil doce y en la última actualización de salarios, de dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Y en el apartado quinto, dijo que, para determinar los incrementos y mejoras salariales, se apoyaría en el tabulador relativo, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Si bien el ayuntamiento demandado objetó la planilla de liquidación propuesta por la parte actora, con base en las consideraciones que expuso en los escritos de veintiuno y veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 4275, 4276 y 4283 a 4286 del tomo de pruebas), de los argumentos que plantea en la demanda de amparo no se advierte que haga referencia a medio de prueba alguno que conlleve a estimar que cumplió con la carga probatoria que en su carácter de patrón le corresponde, como lo puntualizó la autoridad responsable. Pues, la aludida objeción no puede arrojar dicha carga probatoria a la parte trabajadora, ya que, de acuerdo con lo que establece el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en el juicio y en el incidente de liquidación, lo concerniente al monto o pago de salarios. No obstante, ante la omisión de la demandada de acreditar los incrementos y mejoras salariales relacionados con el aludido período, la autoridad responsable, para no dejar en estado de indefensión a la actora, por excepción, determinó tomar en cuenta el tabulador de salarios de la Comisión Nacional De Salarios Mínimos, dado que era el único elemento que tenía para resolver. Lo cual es acorde con lo dispuesto en el precitado numeral, que autoriza a la responsable a eximir de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 4a./J. 50/94, sostenida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 84, diciembre de 1994, Materia(s): Laboral, página 26, con número de registro 207662, del siguiente rubro y texto: "SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION. La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se discute la existencia de incrementos salariales durante el período que transcurre entre la fecha de separación del trabajador y aquélla en que se da cumplimiento al laudo que condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es, esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor facilidad que tiene para disponer de los elementos de convicción". Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.4o.T.5 L, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tomo II, noviembre de 1995, página 601, con número de registro 203867, del siguiente rubro y texto: "SALARIO MINIMO. LOS INCREMENTOS QUE ESTABLECE LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS DEBE APLICARLOS LA JUNTA, Y NO ARROJAR LA CARGA DE LA PRUEBA AL TRABAJADOR. Las publicaciones periódicas que realiza la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el Diario Oficial de la Federación, en cuanto a la fijación de los incrementos del salario mínimo, son disposiciones generales y obligatorias que debe atender la Junta para establecer la condena respectiva, cuando ésta es procedente, y no arrojar la carga de la prueba al trabajador". De igual manera, es infundado el motivo de inconformidad sintetizado e identificado anteriormente con el inciso d), en el que la quejosa arguye que el requerimiento de pago ordenado en favor de Esther del Carmen Pérez León, carece de todo sustento legal, pues considera que en el acuerdo que se impugna no se hace referencia a que la actora haya solicitado a esa autoridad la emisión del auto de ejecución, en términos del artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estadio de Tabasco. Efectivamente, el hecho de que la determinación de mérito no establezca que medió petición de la parte interesada, en el expediente de origen obra, entre otras actuaciones, la ejecutoria de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo indirecto 1734/2015, en el que se concedió la protección constitucional a la precitada trabajadora, para que la autoridad responsable resolviera el incidente de liquidación relacionado con la planilla relativa, lo cual hizo el diecinueve de marzo del mismo año (fojas 717 a 722 y 747 a 754 del tomo de pruebas). Además, por escrito de siete de junio de dos mil dieciséis, la referida actora solicitó a la autoridad responsable, fecha para la diligencia de requerimiento (foja 831 del tomo de pruebas). Por lo que, es evidente que la interesada realizó acciones encaminadas para obtener la ejecución del laudo, resultando innecesario su impulso en las subsecuentes etapas del procedimiento hasta su conclusión. Ello, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 130, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Lo cual no se contrapone con lo establecido en el numeral 131, del aludido ordenamiento jurídico, porque este hace referencia a la petición de ejecución del laudo, lo cual ya instó la actora de referencia. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/8 L (10a.), formulada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Laboral, página 1928, con número de registro 2010367, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO. CONFORME A LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ SOLICITADA POR EL INTERESADO ES INNECESARIO SU IMPULSO EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 108, 117 y 141 a 143 de la ley citada, se advierte que corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, proveer lo necesario para lograr la ejecución de los laudos, y que la prescripción para hacer valer dicha ejecución operará en el plazo de 2 años, si el interesado no pide su ejecución. Por tanto, una vez solicitada la ejecución del laudo se interrumpe el término de la prescripción y ya no se requiere del impulso del ejecutante en las subsecuentes etapas del procedimiento, pues basta que se pida aquélla para que la autoridad continúe sin demora en las etapas subsecuentes hasta lograr dicha ejecución". Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se niega a la persona moral oficial la protección de la justicia federal. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente

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