Onel Alberto Raez Figueredo
Expediente 860/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2022
Partes del expediente
- Onel Alberto Raez Figueredo
- Titular de la Estación Migratoria Lic. Bruno Velasco Tapia O Quienes Resulten Responsables de la Estación Migratoria.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual hace del conocimiento que en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que quedó registrado con el juicio de amparo 1448/2021; de lo que se toma conocimiento. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En términos del artículo en términos del artículo 18, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados por la parte quejosa, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio 490/2021, enviado mediante el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por el que remite debidamente diligenciada la comunicación oficial 137/2021, exhorto local 139/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Como lo solicita la autoridad oficiante, expídase acuse de recibo correspondiente, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se toma conocimiento de que fueron entregados los oficios 36061/2021 y 36062/2021 dirigidos al Titular de la Estación Migratoria y Agentes de Migración Pertenecientes a la Estación Migratoria, respectivamente, ambos con residencia en Mexicali; asimismo que el directamente agraviado Onel Alberto Raez Figueredo, fue notificado del auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Norma Argelia Chávez Romero en favor del directamente agraviado Onel Alberto Raez Figueredo, contra actos del Titular de la estación migratoria con residencia en Mexicali, Baja California, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 21 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 860/2021 Se decreta medida cautelar previo a declinar competencia. Este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de la Materia, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, por las razones que más adelante se precisan. Establecido lo anterior, es menester destacar que dada la naturaleza de los actos reclamados, que se encuentran ubicados en el artículo 22 Constitucional, se proveerá sobre la medida cautelar prevista por el artículo 126 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, con datos de identificación 1a./J. 25/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes Actos materia de la suspensión de plano. Derivado de que el acto del que se duele la parte quejosa consiste en la deportación, expulsión o extradición; y, como consecuencia de ello, el retorno asistido; así como el libre tránsito. Los actos relativos a la privación de la libertad, como lo precisa la promovente, son tendentes a la deportación de la parte quejosa, como se advierte del estudio del escrito de demanda, en su integridad. En consecuencia, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, pues se trata de actos que conllevan la deportación, expulsión o extradición. La suspensión tiene por efecto que no se ejecute la orden de deportación, expulsión o extradición y el interesado quede en el lugar donde se encuentra a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Ello, porque se causarían daños de difícil reparación a la parte quejosa; la sociedad y el Estado no sufren perjuicio alguno con que no se cumpla desde luego la orden de que se trata. Lo anterior de conformidad con el citado numeral 126 que es del tenor siguiente Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Así como con fundamento en el precepto 160 de la ley de la materia, que indica Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, registro digital 170578, de rubro y texto Ahora, cabe destacar que el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Por lo que, en caso de que el quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el citado precepto, la suspensión de plano no surtirá efectos; toda vez que es el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la Ley. Por otra parte, del escrito inicial de demanda se advierte que se reclama, entre otros, la tortura psicológica de la que puede estar siendo objeto el directamente agraviado. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para los siguientes efectos 1. Tortura y tormento. En principio es conveniente señalar, que el artículo 125 de la Ley de Amparo dispone, que la suspensión del acto reclamado se decretará ya sea de oficio o, en su caso, a petición del quejoso; en ese sentido, el referido numeral establece los dos tipos de suspensión que contempla la ley de la materia. Por su parte, el primer párrafo del artículo 126 de la ley de la materia prevé, que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien, se trate de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los actos prohibidos en el referido precepto magno son la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquier otra pena inusitada o trascendental. La urgencia en este tipo de casos justifica que la suspensión se conceda de oficio y de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los diversos requisitos previstos para la suspensión que procede a petición de parte, como lo son los establecidos en el artículo 128 de la ley en cita, entre los cuales se encuentra que sea el quejoso quien solicite la suspensión, y esta medida deberá decretarse en el propio acuerdo en el que se provea sobre la admisión de la demanda. En este caso, las autoridades deberán ordenar de forma inmediata el cese de cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como aquellos que pongan en peligro su integridad física, psicológica y que atenten contra su vida. Además de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en el caso de que se prive de la libertad al quejoso con motivo de algún mandato judicial, la integridad física y salud del quejoso quedará bajo su más estricta responsabilidad. En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento penal en el que se encuentre involucrado el quejoso, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. En relación a la petición de la parte quejosa en el sentido de que se conceda el libre tránsito sobre el territorio mexicano, se niega la medida cautelar; puesto que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Empero, el ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. Dicho precepto 11 es del tenor siguiente Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. En el caso, la Ley de Migración, es la encargada de regular la política migratoria, con un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Las disposiciones de la Ley de Migración son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Por lo que al haber una disposición de orden público y de interés social, que regula la política migratoria, y por corresponder dicho acto jurídico administrativo a la autoridad migratoria es de negarse la medida cautelar, por contravenir el requisito establecido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior se determina de esta manera, reiterando que ya se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto a los actos que conllevan la deportación, en términos de los numerales 126 y 160 de la Ley de Amparo. No obstante, se hace saber a la autoridad responsable que acorde con el marco constitucional imperante, la retención debe ser la excepción, o sea, que solo procede en los casos estrictamente previstos por las normas de la materia, pues por ejemplo, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Migración, en los casos en el previstos no se requiere de visa. De modo que es factible que decrete la libertad si se satisfacen, por ejemplo, los supuestos de los artículos 101 o 102 de la Ley de Migración. Ello en congruencia con el diverso 111 de esa ley, según el cual, el procedimiento debe terminar en quince días hábiles y que el alojamiento (retención) en las estaciones migratorias puede rebasar esos quince días y llegar hasta sesenta solo en los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de ese numeral 111, al término de los cuales se debe actuar conforme al último párrafo de dicho precepto. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado Qué calidad migratoria tiene el quejoso. Cuál es el procedimiento específico al que en su caso se encuentre sujeto y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenido el quejoso Si hizo saber al quejoso los derechos con que cuenta, como lo previsto en los artículos 13 y 109 de la Ley de Migración; y si con motivo de ello, el impetrante le expresó o no ser perseguido político. Si, en su caso, se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral; y, Si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal ha decretado alguna medida de aseguramiento al quejoso antes mencionado, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto. Ahora, por lo que hace al acto que se destacó como la privación de la libertad, en caso de que no se relacionen con la deportación, respecto a la cual ya se determinó lo correspondiente, en términos del numeral 164 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Se decreta En caso de que la orden de detención, ya haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, se concede para que el quejoso quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público competente, para que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del artículo 16 Constitucional. En caso de que la detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y no tenga relación con la comisión de un delito, se concede para que el efecto de que el demandante de amparo sea puesto en libertad. En el supuesto de que la orden privativa de la libertad haya sido ordenada por el Ministerio Público, y se haya ejecutado, se concede para que el quejoso quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable por cuanto a la continuación de la investigación, para que el detenido sea puesto en libertad o se les consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. En caso de que el acto que señala como privación de la libertad, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, se concede para que el quejoso quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público competente, para que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del artículo 16 Constitucional. En caso de que la privación de la libertad, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y no tenga relación con la comisión de un delito, se concede para el efecto de que el demandante de amparo sea puesto en libertad. Se específica, que la suspensión no tiene el efecto de evitar que la parte quejosa sea detenida por delito grave, en flagrancia, caso urgente, por infracción a reglamentos administrativos o arresto impuesto como medida de apremio. Requerimiento a las autoridades responsables informe suspensión de plano. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión de plano, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias que integren el expediente de origen. Lo anterior, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. No se apertura el incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión, toda vez que en párrafos que anteceden se hizo pronunciamiento de la suspensión de plano respecto a los actos reclamados; la cual se considera ofrece una protección más amplia; y aun cuando se precisan diversidad de actos destacados, todos conllevan la deportación, la cual debe concederse de oficio y de plano de conformidad con el numeral 126 de la Ley de Amparo. Incompetencia Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de garantías. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente. A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice Asimismo, el artículo 37, párrafo primero, dispone lo siguiente Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, para dilucidar si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver de este asunto, conviene precisar que del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio del quejoso, autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes I. RAEZ FIGUEREDO ONEL ALBERTO, se encuentra en la Estación Migratoria ubicada en Aguascalientes 2741 Río Nuevo 21120, Mexicali, B.C. bloque 504. AUTORIDADES RESPONSABLES Titular de la estación migratoria Lic. Bruno Velasco Tapia o quienes resulten responsables de la estación migratoria. Agentes de migración, pertenecientes a la Estación Migratoria con Domicilio en Aguascalientes 2741 Río Nuevo 21120, Mexicali, B.C. bloque 504. V. LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA EL QUEJOSO. Estación Migratoria en Aguascalientes 2741 Río Nuevo 21120, Mexicali, B.C. bloque 504. 1. ACTOS RECLAMADOS a. El aseguramiento, alojamiento y privación ilegal de la libertad, de RAEZ FIGUEREDO ONEL ALBERTO, por más de 19 días, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Aguascalientes 2741 Río Nuevo 21120, Mexicali, B.C. bloque 504. b. La violación que consagran en los derechos humanos, así como los tratados internacionales de los que México firma parte, en razón de los artículos 1, 11, 14, 16, 21 p. tercero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c. La aplicación incorrecta del artículo 15 de la Ley de Migración. Ya que se le debe permitir a la persona extranjera el acceso y la integración al país para que obtenga la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural. Así, en el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, es extranjero, procedente de Cuba, señaló como actos reclamados los siguientes Deportación, expulsión o extradición; y, como consecuencia de ello, el retorno asistido; así como el libre tránsito. Los actos relativos a la privación de la libertad, como lo precisa la promovente, son tendentes a la deportación de la parte quejosa, como se advierte del estudio del escrito de demanda, en su integridad. Asimismo, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en el apartado de antecedentes del escrito de demanda, manifestó Fue detenido en el aeropuerto por agentes del Instituto Nacional de Migración, en Mexicali, Baja California alrededor de las 11:00 pm el día 17 de noviembre del año 2021 al descender del vuelo AMO190 de la aerolínea Aeroméxico procedente de la ciudad de México Con base en lo manifestado y de conformidad con el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, el suscrito considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. Para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la circunscripción territorial de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, se definen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee Precisado lo anterior, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa de los reclamados, por lo que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa se duele de la orden de deportación que emita en su contra el Instituto Nacional de Migración y la privación de su libertad. Actos que son atribuidos a la autoridad cuya residencia se encuentra en la ciudad de Mexicali, Baja California, a lo que debe sumarse que la parte quejosa señala que específicamente se encuentra alojada en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, por haberse ordenado su presentación y alojamiento; manifestaciones que hacen prueba plena de su confesión, de conformidad con los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, de lo anterior, se advierte que los actos reclamados, tienen lugar de ejecución en Mexicali, Baja California; por tanto, es competente para conocer del líbelo constitucional, el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, en razón de que dicho órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde tiene ejecución y tratan de ejecutarse los actos que se duele el solicitante del amparo. Por tanto, si la ejecución de los actos reclamados señalados en párrafos que anteceden; se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, no es jurídicamente posible que este órgano jurisdiccional continúe con el conocimiento del presente asunto; razón por la cual, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fracción XV, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de la Materia, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo. En razón de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa integración y certificación del cuaderno de antecedentes respectivo a partir de la presente actuación, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el presente expediente, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remítase el presente juicio de derechos fundamentales, al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali en turno, quien es el órgano jurisdiccional que se encuentra en periodo de guardia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole se sirva enviar el acuse de recibo respectivo e informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. A fin de dar celeridad a la tramitación del presente controvertido, remítase el presente sumario por vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; medio por el que se solicita al homólogo de la manera más atenta, de no tener inconveniente, informe si acepta o no la competencia y remita el acuse de recibo. Notificación al directamente agraviado y entrega de oficio a las autoridades responsables. A efecto de evitar dilaciones en detrimento de la administración de justicia, con fundamento en los diversos artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a fin que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, para efecto de que se constituya en el domicilio de la autoridad responsable denominada Estancia Migratoria en esa ciudad, y: Notifique personalmente al directamente agraviado Onel Alberto Raez Figueredo, el contenido del presente proveído. Haga entrega a las autoridades responsables de los oficios 36060/2021 y 36061/201 al que se anexa copia simple del escrito inicial de demanda, obteniendo el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez exhortado para que, de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la notificación siempre que así lo permita la contingencia sanitaria decretada por el virus COVID-19. Asimismo, se faculta al juez exhortado, a fin de que, de haberse remitido el exhorto de que se trata, a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, lo envíe directamente al que corresponda, si le consta cual es la jurisdicción competente, con la solicitud que de no existir inconveniente al respecto, lo haga del conocimiento de este juzgado. Notifíquese personalmente.
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