Onas Gómez Hernández
Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Onas Gómez Hernández
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, por la cual, la Fedataria de la adscripción informa la imposibilidad que presenta para notificar personalmente al quejoso ***, el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés (fojas 8 a 15), en el que se desechó la demanda de amparo, por las razones expuestas en dicha diligencia. En consecuencia, para no dejar en estado de indefensión al inconforme, y en virtud que no se tiene un diverso domicilio en el que pueda ser notificado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista que se fije en los estrados de este Juzgado el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, y el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones. Notifíquese por lista el presente proveído y el diverso de dos de marzo del año en curso al quejoso ***. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida al parecer por ***, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Cero 02, Tapachula, Chiapas, con sede en esta ciudad; 2. El Comandante Regional de la Policía Especializada Zona Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad; 3. Jefe de Grupo de la Policía Especializada, Destacamentado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, residente en Ciudad Hidalgo, Chiapas; 4. Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Estatal Fronteriza, con domicilio en Frontera Hidalgo, Chiapas; y, 5. Secretario de Seguridad Pública Municipal de Frontera Hidalgo, Chiapas, con sede en esa localidad. De quienes se reclaman los siguientes actos: *** ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Control electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 324/2023 VII-B. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: *** Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la legislación de la materia, los cuales establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, registro digital 210751, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora bien, como se hizo constar en la certificación Secretarial, se aprecia que la demanda de amparo que se recibe, carece de firma autógrafa o electrónica, circunstancia que se corrobora, con la boleta de turno respectiva en la que el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta Ciudad, capturó en el apartado respectivo que la demanda de amparo no cuenta con firma y con la observación "[.] presentado aparentemente en copia simple.", que asentó la Oficial de Partes de este Juzgado al recibirla. Circunstancia, por la cual resulta ser notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El análisis del escrito de cuenta permite advertir, de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 del mismo ordenamiento; pues en el ocurso de demanda no obra la firma autógrafa del promovente, lo cual equivale a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente lo suscribe para instaurar el juicio de amparo, y una rúbrica en copia simple no satisface ese requisito, en consecuencia, si en el caso que nos ocupa, el escrito en el que se hace valer la acción constitucional no obra la firma original de la parte quejosa, no se acredita la manifestación de voluntad de quien pretende suscribirlo, por lo que es evidente que no es posible atribuir la autoría de tal documento a Onas Gómez Hernández, pues si bien se advierte una rúbrica, la misma obra en copia simple, lo cual resulta insuficiente y debe desecharse dicha demanda. El artículo 6° de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En efecto, dado que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta a través de su firma, a fin de que exista manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho, es dable concluir que si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, siendo ésta indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita; y como se ha mencionado, las rúbricas en copias simples, no producen esa certeza. Por consiguiente, la falta de firma autógrafa en el escrito de demanda es igual a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, además, no debe requerirse a quien promueve para que comparezca a firmar dicha demanda, pues no es uno de los requisitos señalados en el artículo 108 de la Ley de la materia, para que se regularice en términos del 114; dado que es un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, que conduce a desecharla ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Al respecto, resultan aplicables, las tesis de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. [Registro digital: 208351. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Común. Tesis: VI.1o.151 K. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 303. Tipo: Aislada] Común. Tesis: VI.1o.151 K. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 303. Tipo: Aislada]" "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión. [Registro digital: 223817. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 213. Tipo: Aislada]." Además es de destacar que la oficial de partes de este Juzgado de Distrito, con residencia en esta Ciudad, asentó recibir el escrito de demanda de amparo aparentemente en copia simple, al parecer promovida por ***. Tiene aplicación a lo anterior, a contrario sensu, la Jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. [Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.) Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 3632, Tomo IV enero de 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro electrónico 2000130]." De ahí que resulte improcedente el juicio de amparo que al parecer intenta el promovente Onas Gómez Hernández, dado que éste se rige por principios fundamentales entre los que destaca la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, dejando a salvo los derechos del quejoso para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, este último en concordancia con los diversos 6, párrafo primero, de la misma ley, procede desechar de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. DOMICILIO De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la Ley de la Materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda. AUTORIZADO Así también, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites. ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies1 y 263,2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida al parecer por ***, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Cero 02, Tapachula, Chiapas, con sede en esta ciudad; 2. El Comandante Regional de la Policía Especializada Zona Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad; 3. Jefe de Grupo de la Policía Especializada, Destacamentado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, residente en Ciudad Hidalgo, Chiapas; 4. Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Estatal Fronteriza, con domicilio en Frontera Hidalgo, Chiapas; y, 5. Secretario de Seguridad Pública Municipal de Frontera Hidalgo, Chiapas, con sede en esa localidad. De quienes se reclaman los siguientes actos: *** ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Control electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 324/2023 VII-B. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: *** Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la legislación de la materia, los cuales establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, registro digital 210751, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora bien, como se hizo constar en la certificación Secretarial, se aprecia que la demanda de amparo que se recibe, carece de firma autógrafa o electrónica, circunstancia que se corrobora, con la boleta de turno respectiva en la que el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta Ciudad, capturó en el apartado respectivo que la demanda de amparo no cuenta con firma y con la observación "[.] presentado aparentemente en copia simple.", que asentó la Oficial de Partes de este Juzgado al recibirla. Circunstancia, por la cual resulta ser notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El análisis del escrito de cuenta permite advertir, de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 del mismo ordenamiento; pues en el ocurso de demanda no obra la firma autógrafa del promovente, lo cual equivale a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente lo suscribe para instaurar el juicio de amparo, y una rúbrica en copia simple no satisface ese requisito, en consecuencia, si en el caso que nos ocupa, el escrito en el que se hace valer la acción constitucional no obra la firma original de la parte quejosa, no se acredita la manifestación de voluntad de quien pretende suscribirlo, por lo que es evidente que no es posible atribuir la autoría de tal documento a Onas Gómez Hernández, pues si bien se advierte una rúbrica, la misma obra en copia simple, lo cual resulta insuficiente y debe desecharse dicha demanda. El artículo 6° de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En efecto, dado que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta a través de su firma, a fin de que exista manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho, es dable concluir que si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, siendo ésta indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita; y como se ha mencionado, las rúbricas en copias simples, no producen esa certeza. Por consiguiente, la falta de firma autógrafa en el escrito de demanda es igual a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, además, no debe requerirse a quien promueve para que comparezca a firmar dicha demanda, pues no es uno de los requisitos señalados en el artículo 108 de la Ley de la materia, para que se regularice en términos del 114; dado que es un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, que conduce a desecharla ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Al respecto, resultan aplicables, las tesis de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. [Registro digital: 208351. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Común. Tesis: VI.1o.151 K. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 303. Tipo: Aislada] Común. Tesis: VI.1o.151 K. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 303. Tipo: Aislada]" "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión. [Registro digital: 223817. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 213. Tipo: Aislada]." Además es de destacar que la oficial de partes de este Juzgado de Distrito, con residencia en esta Ciudad, asentó recibir el escrito de demanda de amparo aparentemente en copia simple, al parecer promovida por ***. Tiene aplicación a lo anterior, a contrario sensu, la Jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. [Jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.) Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 3632, Tomo IV enero de 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro electrónico 2000130]." De ahí que resulte improcedente el juicio de amparo que al parecer intenta el promovente Onas Gómez Hernández, dado que éste se rige por principios fundamentales entre los que destaca la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, dejando a salvo los derechos del quejoso para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, este último en concordancia con los diversos 6, párrafo primero, de la misma ley, procede desechar de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. DOMICILIO De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la Ley de la Materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda. AUTORIZADO Así también, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites. ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies1 y 263,2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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