Omar Zepeda Morales

Expediente 1188/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1188/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Omar Zepeda Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Autoridad acusa recibo, sin mayor proveído. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual acusa recibo de la devolución de la copia certificada del expediente ... de su índice; se toma conocimiento. Devolución al archivo. Finalmente, se ordena la devolución de éste expediente al archivo de este Juzgado, pues mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se archivó el presente asunto como totalmente concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla las constancias que remitió a este juzgado federal; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Valoración de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: DECISIÓN Y EFECTOS 66. De este modo considerando los conceptos de violación de la parte quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., a partir del emplazamiento reclamado -por lo que hace únicamente al quejoso como demandado en lo personal como obligado solidario-, y ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. 67. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 68. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; siendo que entre el quejoso y los restantes demandados en el procedimiento de origen, existe tal institución porque se trata de un juicio mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza a los codemandados, pero con una modalidad distinta a la parte quejosa. 69. Se hace dicha aclaración porque la reposición respecto de las referidas codemandadas debe realizarse en los términos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2010, de la que derivó la jurisprudencia 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO", la cual es aplicable al caso por analogía, porque en ella se estableció que la reposición de autos debe afectar a todos los litisconsortes respecto de los cuales se deberá dictar una nueva sentencia en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo, lo que hace patente que los litisconsortes que sí acudieron al juicio o que fueron emplazados -distintos de la parte quejosa- no obtendrán una renovación de plazos, aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos, tal como se advierte de la parte conducente de dicha ejecutoria que dice: Sin embargo, en la presente contradicción el punto de debate no se refiere a los beneficios que se obtienen con la reposición del procedimiento en cuanto a la renovación de los plazos, oportunidad de aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos; antes bien, el tema de contradicción se centra en determinar si en los casos de que exista un litisconsorcio pasivo necesario, y a uno de los litisconsortes se le concede el amparo por falta o indebido emplazamiento y, como consecuencia de ello se ordena la reposición del procedimiento para que se verifique ese llamamiento a juicio, ¿este preciso efecto debe hacerse extensivo a los demás litisconsortes, aun cuando éstos hayan sido legalmente emplazados. Esta Primera Sala considera que la reposición del procedimiento como efecto de la concesión del amparo a uno de los litisconsortes por no haber sido emplazado o no haberlo sido legalmente, no implica que deban quedar insubsistentes los emplazamientos que válidamente se hayan verificado respecto del resto de los litisconsortes. Ante todo, debe precisarse que si bien, los litisconsortes que no acudieron a juicio se ven beneficiados con la concesión del amparo otorgada a uno de ellos, esto no es sino la consecuencia lógica y natural de que, al existir un litisconsorcio necesario, la reposición de autos debe afectar a toda esa comunidad, tanto porque pueden gozar de plazos comunes, según la ley aplicable al caso, como porque han de ver resuelta su situación jurídica en una misma sentencia, en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo. Esto no ocurre con el emplazamiento, cuya realización sucede en forma independiente respecto de cada uno de los litisconsortes. De manera que, para afirmar que con motivo del llamamiento a juicio del quejoso queda integrada la relación jurídica procesal, se hace necesario que permanezcan incólumes los emplazamientos realizados a los demás litisconsortes que no fueron materia de análisis por el tribunal de amparo. En efecto, la existencia del litisconsorcio necesario genera la imposibilidad de pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas las partes interesadas; esto significa que, de haberse dictado sentencia sin audiencia de alguno o algunos de los litisconsortes, deba aquélla dejarse insubsistente, a efecto de que tales litisconsortes sean debidamente emplazados y, de esa manera, oídos y vencidos en el juicio de que se trate. Lo anterior, sin embargo, no significa que deba dejarse insubsistente, inclusive, el emplazamiento de que hubiere sido objeto el o los litisconsortes que hubieran sido debidamente emplazados pues, por un lado, respecto de éstos no existe ilegalidad o estado de indefensión que remediar y, por otra parte, porque la reposición del procedimiento en esos términos implicaría el eventual riesgo de no poder emplazar, posteriormente, a alguno de los codemandados que ya hubieran sido llamados a juicio; de ahí que dicha reposición, si bien debe comprender a todos los demandados, no puede alcanzar a los emplazamientos realizados debidamente. De acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación: LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer une declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la Protección de la Justicia Federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que si fueron emplazados de forma legal, para éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado. Ejecutoria Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se declaró firme la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, mediante oficio 4600 de seis de octubre de dos mil veintidós, la autoridad laboral responsable remitió copia certificada de lo siguiente: 1. Acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., a partir del emplazamiento de cinco de enero de dos mil veintidós, por lo que hace únicamente al quejoso Omar Zepeda Morales; En consecuencia, dejó sin efectos todos los actos procesales realizados posteriormente, incluida la sentencia definitiva emitida el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, así como la sentencia interlocutoria de tres de junio del año en curso, que aprobó la liquidación de sentencia, por lo que hace únicamente al quejoso; Levantó el embargo trabado en diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, sobre tres bienes inmuebles, y únicamente respecto de los derechos de propiedad del quejoso; Levantó el embargo trabado en diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, sobre diez bienes muebles; Determinó que no procedía enviar oficios al Registro Público de la Propiedad correspondiente, así como a la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Ciudad de Puebla, en virtud de que de los autos del juicio de origen no se desprende que se hayan girado los comunicados respectivos para la inscripción y constitución de los referidos embargos; y, Ordenó nuevamente requerir de pago, embargo y emplazamiento al quejoso Omar Zepeda Morales y, por tanto, turnó los autos al diligenciario competente, a efecto de que proceda a realizar la diligencia correspondiente; además, dado que el domicilio del quejoso se encuentra fuera de la circunscripción territorial en la que ejerce competencia, giró exhorto para que se le notifique al quejoso quien, dentro del plazo de ocho días, deberá comparecer ante la autoridad judicial responsable y cumplir con lo requerido. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por lo que, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Valoración de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: DECISIÓN Y EFECTOS 66. De este modo considerando los conceptos de violación de la parte quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., a partir del emplazamiento reclamado -por lo que hace únicamente al quejoso como demandado en lo personal como obligado solidario-, y ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. 67. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 68. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; siendo que entre el quejoso y los restantes demandados en el procedimiento de origen, existe tal institución porque se trata de un juicio mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza a los codemandados, pero con una modalidad distinta a la parte quejosa. 69. Se hace dicha aclaración porque la reposición respecto de las referidas codemandadas debe realizarse en los términos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2010, de la que derivó la jurisprudencia 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO", la cual es aplicable al caso por analogía, porque en ella se estableció que la reposición de autos debe afectar a todos los litisconsortes respecto de los cuales se deberá dictar una nueva sentencia en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo, lo que hace patente que los litisconsortes que sí acudieron al juicio o que fueron emplazados -distintos de la parte quejosa- no obtendrán una renovación de plazos, aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos, tal como se advierte de la parte conducente de dicha ejecutoria que dice: Sin embargo, en la presente contradicción el punto de debate no se refiere a los beneficios que se obtienen con la reposición del procedimiento en cuanto a la renovación de los plazos, oportunidad de aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos; antes bien, el tema de contradicción se centra en determinar si en los casos de que exista un litisconsorcio pasivo necesario, y a uno de los litisconsortes se le concede el amparo por falta o indebido emplazamiento y, como consecuencia de ello se ordena la reposición del procedimiento para que se verifique ese llamamiento a juicio, ¿este preciso efecto debe hacerse extensivo a los demás litisconsortes, aun cuando éstos hayan sido legalmente emplazados. Esta Primera Sala considera que la reposición del procedimiento como efecto de la concesión del amparo a uno de los litisconsortes por no haber sido emplazado o no haberlo sido legalmente, no implica que deban quedar insubsistentes los emplazamientos que válidamente se hayan verificado respecto del resto de los litisconsortes. Ante todo, debe precisarse que si bien, los litisconsortes que no acudieron a juicio se ven beneficiados con la concesión del amparo otorgada a uno de ellos, esto no es sino la consecuencia lógica y natural de que, al existir un litisconsorcio necesario, la reposición de autos debe afectar a toda esa comunidad, tanto porque pueden gozar de plazos comunes, según la ley aplicable al caso, como porque han de ver resuelta su situación jurídica en una misma sentencia, en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo. Esto no ocurre con el emplazamiento, cuya realización sucede en forma independiente respecto de cada uno de los litisconsortes. De manera que, para afirmar que con motivo del llamamiento a juicio del quejoso queda integrada la relación jurídica procesal, se hace necesario que permanezcan incólumes los emplazamientos realizados a los demás litisconsortes que no fueron materia de análisis por el tribunal de amparo. En efecto, la existencia del litisconsorcio necesario genera la imposibilidad de pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas las partes interesadas; esto significa que, de haberse dictado sentencia sin audiencia de alguno o algunos de los litisconsortes, deba aquélla dejarse insubsistente, a efecto de que tales litisconsortes sean debidamente emplazados y, de esa manera, oídos y vencidos en el juicio de que se trate. Lo anterior, sin embargo, no significa que deba dejarse insubsistente, inclusive, el emplazamiento de que hubiere sido objeto el o los litisconsortes que hubieran sido debidamente emplazados pues, por un lado, respecto de éstos no existe ilegalidad o estado de indefensión que remediar y, por otra parte, porque la reposición del procedimiento en esos términos implicaría el eventual riesgo de no poder emplazar, posteriormente, a alguno de los codemandados que ya hubieran sido llamados a juicio; de ahí que dicha reposición, si bien debe comprender a todos los demandados, no puede alcanzar a los emplazamientos realizados debidamente. De acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación: LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer une declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la Protección de la Justicia Federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que si fueron emplazados de forma legal, para éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado. Ejecutoria Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se declaró firme la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, mediante oficio 4600 de seis de octubre de dos mil veintidós, la autoridad laboral responsable remitió copia certificada de lo siguiente: 1. Acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil oral ..., a partir del emplazamiento de cinco de enero de dos mil veintidós, por lo que hace únicamente al quejoso Omar Zepeda Morales; En consecuencia, dejó sin efectos todos los actos procesales realizados posteriormente, incluida la sentencia definitiva emitida el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, así como la sentencia interlocutoria de tres de junio del año en curso, que aprobó la liquidación de sentencia, por lo que hace únicamente al quejoso; Levantó el embargo trabado en diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, sobre tres bienes inmuebles, y únicamente respecto de los derechos de propiedad del quejoso; Levantó el embargo trabado en diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, sobre diez bienes muebles; Determinó que no procedía enviar oficios al Registro Público de la Propiedad correspondiente, así como a la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Ciudad de Puebla, en virtud de que de los autos del juicio de origen no se desprende que se hayan girado los comunicados respectivos para la inscripción y constitución de los referidos embargos; y, Ordenó nuevamente requerir de pago, embargo y emplazamiento al quejoso Omar Zepeda Morales y, por tanto, turnó los autos al diligenciario competente, a efecto de que proceda a realizar la diligencia correspondiente; además, dado que el domicilio del quejoso se encuentra fuera de la circunscripción territorial en la que ejerce competencia, giró exhorto para que se le notifique al quejoso quien, dentro del plazo de ocho días, deberá comparecer ante la autoridad judicial responsable y cumplir con lo requerido. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por lo que, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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