Omar Zea Chávez
Expediente 231/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2019
Partes del expediente
- Omar Zea Chávez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de Ley de Amparo, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 61-66), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por ********* contra los actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 2. Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 231/2019-VIII. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente por lo que hace a la autoridad responsable denominada Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, lo que conduce a desecharla parcialmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Ahora, el quejoso señala como autoridad responsable al Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en relación con la cual, como se anticipó, resulta improcedente la demanda de amparo de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, administrativo, agrario o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el Tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la nueva legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Establecido el concepto y características de lo que la ley y la jurisprudencia han determinado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que la quejosa señala como autoridad responsable al Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con residencia en esta ciudad-parte patronal en el juicio laboral *********** misma que no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, ya que el acto reclamado a la citada autoridad lo constituye la omisión de acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral; de ahí que en la especie se afirme que no existe vinculación entre los actos propios de la ejecución del laudo y la omisión atribuible a la autoridad responsable. Esto es así, porque en el procedimiento de ejecución de los laudos establecido en el Título Quince, "Procedimiento de ejecución" de la Ley Federal del Trabajo, que es el ordenamiento legal aplicable, la dependencia demandada en el juicio natural mantiene una relación de coordinación con la ahí actora, esto es un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues en ese caso el Estado, se encuentra en su calidad de patrón con el quejoso -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del impetrante -en su carácter de trabajador-, lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En efecto, en el referido Título Quince, titulado "Procedimiento de ejecución", de la Ley Federal del Trabajo, los artículos 940, 945, 951, 965 y 967 establecen lo siguiente: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación". "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo". "Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta Ley; II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente; III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo; IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia; V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado; y VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución". "Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio. El Presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si, a su juicio, concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado". "Artículo 967. Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en este Capítulo. Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución". En virtud de esos preceptos se establece la función trascendental, herramientas vinculatoria y una gama de instrumentos legales que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, tiene para hacer cumplir los laudos, pues para tal propósito: 1. Está constreñida a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita. 2. En caso de incumplimiento del laudo dentro del término que prevé el ordinal 945 de la Ley Federal del Trabajo, dictará el auto de ejecución y comisionará al actuario para que asociado del actor lleve a cabo la diligencia de requerimiento y embargo. 3. El actor podrá ampliar las diligencias de embargo y una vez concluidas éstas, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en el citado capítulo. De lo expuesto se advierte que la Ley Federal del Trabajo, establece el procedimiento de ejecución a seguir para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor del quejoso, quien tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral ********** Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el presidente de la junta está en aptitud de requerir el pago del adeudo, al Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, en su calidad de patrón obligado, en términos de lo previsto en el precepto 950 de la Ley Federal del Trabajo, y de poder hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de las diligencias de embargo y remate establecidos en la propia ley. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 940, 945, 951, 965 y 967 de la citada legislación, el presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, está legalmente facultado para aplicar los medios necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. Ahora bien, y por cuanto que el quejoso le reclama al referido Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, el incumplimiento a la ejecutoria del laudo emitido en el juicio obrero *********** debe decirse que en el caso no aplica ya que la solicitud formulada por el quejoso deriva de una relación jurídica de la institución como patrón con el ahí actor, parte quejosa, en una plano de igualdad y bilateralidad dentro de una etapa de ejecución del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral de origen, de donde deriva el acto reclamado, en donde como se ha señalado en líneas anteriores es la propia ley, la que establece la gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que se emiten en dicha relación durante la etapa de ejecución, por lo que dicho acto negativo escapa de la procedencia del juicio, ya que la petición cuya negativa se reclama no fue elevada al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, sino en una relación regulada por el derecho privado en el que la referida dependencia actúa como particular y respecto del cual ya se encuentran expeditos sus derechos ante la junta para que a través de los instrumentos legales se logre el cumplimiento de los laudos. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia 31/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 6, mayo de 2014, página 966, con número de registro electrónico 2006389, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". En tal virtud, se tiene que en el procedimiento de ejecución ordinario, el Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas de esta ciudad, no actúa con el carácter de autoridad, sino que actúa frente al quejoso bajo una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución. Con fundamento en el precepto 113 de la ley en consulta, se desecha la demanda intentada en cuanto hace al Director General del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, con domicilio en esta ciudad; tal como se estableció en el diverso juicio de amparo 1221/2018, del índice de este juzgado, mediante proveído de cuatro de octubre de dos ml dieciocho, determinación que no atacó en su momento procesal. ADMISIÓN Por otra parte, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, contra actos de la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a las autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo. Apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y como autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********* sin que sea necesario realizar la búsqueda de sus cédulas en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, pues al tratarse de la parte trabajadora la que promueve, se hace innecesaria tal situación. PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al ocurso de demanda, y por anunciadas la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que se desahogan de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. Respecto al ofrecimiento de la prueba documental pública consistente en las constancias que remita la autoridad responsable, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que dichas pruebas son inherentes al informe justificado que en su caso enviará esa misma autoridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
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