Omar Zamora Lozano
Expediente 625/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Omar Zamora Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Feneció el término para recurrir el auto de cita, en consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Archívese este asunto como total y definitivamente concluido, este asunto no es de relevancia documental por lo que es susceptible de destrucción. E 4 OF
- Principal
Glósese el informe justificado de la autoridad citada; sin hacer mayor pronunciamiento. ®
- Incidental
Glósese el informe previo de la autoridad citada; sin hacer mayor pronunciamiento. ®
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico al quejoso el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 625/2018-VI del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto les notifico el proveído que dice: Agréguese a los autos, las razones del auxiliar de Actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, y al Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante las cuales hace constar la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios 14409, 14410 y 14414, dirigidos respectivamente al Fiscal Especializado en Homicidios, al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios y, al Coordinador de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación, todos en Texcoco, Estado de México, por las razones en ellas expuestas; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, y, se tienen por no señaladas como autoridad responsables en el presente asunto . En consecuencia, visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que en la demanda de amparo promovida por Omar Zamora Lozano, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, de la que se advierte que señaló como actos reclamados la orden de aprehensión girada en su contra. Del análisis de los autos, se advierte mediante este mismo proveído, no se tuvo como autoridades responsables al Fiscal Especializado en Homicidios, al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios y, al Coordinador de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación, todos en Texcoco, Estado de México, asimismo, en acuerdos de veintiocho y veintinueve de mayo del año en curso, tampoco se tuvieron como responsables al Comisario General de la Policía de Investigación del Estado de México, y al Coordinador de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación de Ecatepec, Estado de México, al ser inexistentes. Por su parte, las autoridades responsables, el Juez de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, el Juez de Control Especializado en cateos y órdenes de aprehensión en línea del Poder Judicial del Estado de México, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, el Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Documentales a las cuales, se otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, de 1917- 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." La negativa de las autoridades, no fue desvirtuada por el quejoso, correspondiendo a ésta la carga de acreditar la certeza del acto combatido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.A.4K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, respecto de las autoridades y acto que se les atribuye. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo en vigor, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo anterior, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, en el presente asunto.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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