Omar Villamil Ocampo
Expediente 1596/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1596/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Omar Villamil Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA VI. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda promovida ********, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo del año en curso); por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales, ni se formó tomo por separado. Notifíquese. EDC
- Principal
MESA VI. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la diligencia de ratificación que antecede, por medio de la cual el quejoso *****, ratifica los escritos presentados el dieciséis y veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, mediante los cuales desahoga la prevención de uno de diciembre del año en curso. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del plazo de veinticuatro horas, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, donde se autoriza la incorporación por lectura de declaración de la víctima y testigo, dictada en la carpeta de judicial ****, instaurada en contra del quejoso por el delito de abuso sexual, en contra de la menor de iniciales E.P.S.R. En ese sentido, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En ese sentido, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, únicamente cuando los mismos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, en la medida que los efectos de tal afectación no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. De esa manera, en el caso se advierte que el acto reclamado, consistente en la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, donde se autoriza la incorporación por lectura de declaración de la víctima menor de iniciales E.P.S.R. y testigo, dentro de la carpeta de judicial *****, instaurada en contra del quejoso, únicamente tiene efectos intraprocesales. Lo anterior es así, toda vez que el referido acto reclamado sólo trae como consecuencia que se continúe el curso legal del procedimiento, en la etapa de pruebas en que se encuentra, y que, las pruebas admitidas sean desahogadas -incorporación por lectura de declaración-, a fin de que su resultado se incorpore al acervo probatorio que debe considerar el juez primario al momento de dictar sentencia definitiva, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo. En otros términos, el acto reclamado no produce una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales de la parte aquí quejosa en la medida que las eventuales violaciones producidas por el acto reclamado pueden quedar reparadas de manera total con el dictado de una sentencia definitiva favorable a sus intereses, pues en ese caso la determinación procesal consistente en la incorporación por lectura de declaración de la víctima menor de iniciales E.P.S.R. y testigo, dentro de la carpeta de judicial ****, no habrá trascendido en modo alguno a su esfera de derechos. Por tanto, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo - sin prejuzgar sobre ese aspecto -. [. sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso. Igualmente, es aplicable al caso , la jurisprudencia J/15 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2265, registro digital 2015330. [.], para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: [.],lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior. Máxime que, como se dijo, la configuración legal del amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, prevista en el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar la promoción de distintos juicios de amparo contra diversas actuaciones de un mismo procedimiento que, en su conjunto, provoquen el retraso en la resolución del asunto respectivo, lo que iría en detrimento del principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la legalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda presentada por Omar Villamil Ocampo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizados para los mismos efectos, a las personas que propone, toda vez que las cédulas profesionales no se encuentran inscritas en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI. AVISO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la diligencia de ratificación que antecede, por medio de la cual el quejoso *****, ratifica los escritos presentados el dieciséis y veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, mediante los cuales desahoga la prevención de uno de diciembre del año en curso. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del plazo de veinticuatro horas, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, donde se autoriza la incorporación por lectura de declaración de la víctima y testigo, dictada en la carpeta de judicial ****, instaurada en contra del quejoso por el delito de abuso sexual, en contra de la menor de iniciales E.P.S.R. En ese sentido, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En ese sentido, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, únicamente cuando los mismos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, en la medida que los efectos de tal afectación no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. De esa manera, en el caso se advierte que el acto reclamado, consistente en la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, donde se autoriza la incorporación por lectura de declaración de la víctima menor de iniciales E.P.S.R. y testigo, dentro de la carpeta de judicial *****, instaurada en contra del quejoso, únicamente tiene efectos intraprocesales. Lo anterior es así, toda vez que el referido acto reclamado sólo trae como consecuencia que se continúe el curso legal del procedimiento, en la etapa de pruebas en que se encuentra, y que, las pruebas admitidas sean desahogadas -incorporación por lectura de declaración-, a fin de que su resultado se incorpore al acervo probatorio que debe considerar el juez primario al momento de dictar sentencia definitiva, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo. En otros términos, el acto reclamado no produce una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales de la parte aquí quejosa en la medida que las eventuales violaciones producidas por el acto reclamado pueden quedar reparadas de manera total con el dictado de una sentencia definitiva favorable a sus intereses, pues en ese caso la determinación procesal consistente en la incorporación por lectura de declaración de la víctima menor de iniciales E.P.S.R. y testigo, dentro de la carpeta de judicial ****, no habrá trascendido en modo alguno a su esfera de derechos. Por tanto, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo - sin prejuzgar sobre ese aspecto -. [. sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso. Igualmente, es aplicable al caso , la jurisprudencia J/15 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2265, registro digital 2015330. [.], para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: [.],lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior. Máxime que, como se dijo, la configuración legal del amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, prevista en el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar la promoción de distintos juicios de amparo contra diversas actuaciones de un mismo procedimiento que, en su conjunto, provoquen el retraso en la resolución del asunto respectivo, lo que iría en detrimento del principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la legalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda presentada por Omar Villamil Ocampo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizados para los mismos efectos, a las personas que propone, toda vez que las cédulas profesionales no se encuentran inscritas en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI.-Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos el escrito firmado, al parecer, por *******, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad con la que cuenta para dar cumplimiento al auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por los motivos que expone. En mérito de lo anterior, y toda vez que la firma que calza el escrito de cuenta difiere notoriamente con las diversas que calza el escrito inicial de demanda y el diverso recibido por este juzgado federal mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye al Actuario de la adscripción para que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso, lo requiera para que al momento de la notificación a la parte interesada, manifieste si reconoce como suyas las firmas que calzan los escritos registrados con los folios ****** y *****, y también exprese si los ratifica en todas y cada una de sus partes. Apercibida la parte quejosa que de no ratificar los escritos antes citados se tendrán por no presentados y se proveerá lo conducente. Finalmente, se hace del conocimiento de la parte quejosa las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal y como lo establece el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo texto se transcribe:******. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión. HRM
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