Omar Vidal Nava
Expediente 224/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Omar Vidal Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, turnada el día siguiente a este Juzgado Federal, Omar Vidal Nava, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo son: La Junta Especial 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Morelos Poniente esquina con calle Galeana Segundo Piso del Palacio Federal de esta ciudad". "IV. ACTO RECLAMADO Se reclama la violación al derecho el acceso a la justicia pronta y expedita, derivado de que las autoridades responsables han sido omisas en proveer, es decir, en dictar y comunicar al suscrito sobre el acuerdo recaído a mi escrito de demanda dentro del expediente 623/2020 del índice de la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que ha producido una abierta dilación del procedimiento o más bien su total paralización, por la inactividad jurisdiccional en que incurrió la Junta laboral, al omitir o acordar o proveer respecto de la demanda presentada ante ésta y omitir dar a conocer la misma al quejoso y a su contraparte". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, señalando los derechos humanos que, en su concepto, se violaron es el contenido en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 224/2022-IIB, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente; y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción territorial en que este jugado ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: La omisión de acordar o proveer respecto de la demanda presentada ante la junta responsable. Omitir y dar a conocer el proveído al quejoso y a su contraparte. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Cesación de efectos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que del informe justificado y oficios presentados por la junta responsable se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado. El citado dispositivo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." La causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al estar íntimamente ligada con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe satisfacer dos elementos, a saber: a) que el acto reclamado sea destruido en todas sus consecuencias de hecho y de derecho, al grado que compararse con una declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, derivado de una concesión de amparo, y, b) restituir a la parte quejosa, en su derecho fundamental vulnerado, al grado de dejar las cosas como si no se hubiera emitido el acto de molestia, ubicándola antes que aquello ocurriera; por lo cual, para actualizar dicha causal, el juzgador debe atender al análisis de la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, posteriores a presentación de la demanda. Actuación de la responsable para generar la cesación de efectos. La autoridad responsable mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, advierte que acordó registrar en el libro de gobierno la demanda laboral signada por el aquí quejoso, la admitió a trámite y señaló las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Posteriormente en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, señaló las trece horas del doce de abril de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y comisionó al actuario de su adscripción para que notificara a las partes el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno y del siete de marzo del año en curso. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el doce de abril del año en curso, en la que por la parte actora compareció el licenciado Rodolfo Gual Cháirez, no así por la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social. En efecto, el hecho que la autoridad responsable el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, haya acordado la demanda laboral ordenando registrarla en el libro de gobierno, la admitió a trámite y señaló las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, indudablemente provoca que desaparezca el acto de molestia, al grado de haberse concedido la protección constitucional a la parte quejosa, como lo exige el numeral 77 de la Ley de Amparo, para el efecto que se surta tal hipótesis de improcedencia. Lo anterior es así, pues aún y cuando la junta responsable no haya remitido copia certificada de la constancia de notificación realizada al quejoso respecto del auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que admitió a trámite la demanda laboral y señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin embargo, se advierte que el licenciado Rodolfo Gual Cháirez compareció por la parte actora a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para el doce de abril del año en curso, en el juicio natural, de lo que se evidencia que tuvo pleno conocimiento el quejoso de la radicación de la demanda laboral. Motivos específicos de la cesación de efectos. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre los actos reclamados por la parte quejosa y las actuaciones efectuadas por las responsables, se desprende: 1. Que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, acordó registrar en el libro de gobierno la demanda laboral signada por el aquí quejoso, la admitió a trámite y señaló las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el doce de abril del año en curso, en la que por la parte actora compareció el licenciado Rodolfo Gual Cháirez, no así por la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social. Satisfaciendo con ello el artículo 77 de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese contexto, se estiman satisfechos las exigencias contenidas en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues desaparecieron los efectos del acto reclamado, en virtud que la responsable admitió la demanda laboral y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual se no se llevó a cabo por la incomparecencia de las partes, y después de la presentación de la demanda, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia esto es para el doce de abril del año en curso, en la que por la parte actora compareció el licenciado Rodolfo Gual Cháirez, no así por la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, al grado de compararse como si se le hubiese concedido a la parte quejosa la protección constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Faceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Visto el oficio remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos a fin de que obre como corresponda. Ahora, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al proveído de veintidós de marzo del año que transcurre. Vista. Con las constancias remitidas dése vista a las partes, a fin de que se impongan de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa al oficio de cuenta, las que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 239/2020, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 792/2021, en la cual se resolvió lo siguiente: "Primero. No son materia de estudio los sobreseimientos que decretó el a quo en los considerandos tercero y quinto de la sentencia materia del presente recurso de revisión. Segundo. En la materia de revisión, se confirma la mencionada sentencia". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.
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