Omar Vargas Campos
Expediente 1249/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Omar Vargas Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1249/2022-II, promovido por ***** por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el día treinta de agosto de dos mil veintidós, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Omar Vargas Campos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "1. La negativa y/o omisión de la Autoridad Responsable para admitir el recurso de Revisión (ilegal desechamiento-auto del 06 de julio de 2022) interpuesto con apoyo en los artículos 849 al 852 de la Ley Federal del Trabajo supletoria a la Ley de la Materia, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019; 2. El ilegal acuerdo dictado el día seis de julio de 2022 que desecha de plano el recurso de revisión interpuesto por la parte actora mediante escrito del veinte de abril del año dos mil veintidós. 3. El ilegal acuerdo dictado el día seis de julio de 2022 que omite pronunciarse sobre lo solicitado por la parte actora (es un acuerdo distinto a lo solicitado)." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 1249/2022 y se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se emplazó a juicio al tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso es: A) El acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en el expediente laboral 941/2012. B) Dentro del mismo acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, la omisión de pronunciarse sobre la solicitud de actualización de la pena convencional establecida en la cláusula segunda del convenio de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, y se requiriera de pago al Ayuntamiento demandado. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Respecto al acto reclamado precisado en el considerando anterior, con el inciso B), consistente en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, en el que la responsable omitió pronunciarse sobre la solicitud de actualización de la pena convencional establecida en la cláusula segunda del convenio de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, y se requiriera de pago al Ayuntamiento demandado; de las constancias de autos se advierte su inexistencia a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es así, ya que de las copias certificadas que fueron remitidas con el informe con justificación por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la inexistencia del acto reclamado en comento. Para justificar lo anterior, como se dijo, se pone de manifiesto la inexistencia del acto reclamado, consistente en la omisión de pronunciarse sobre la solicitud de actualización de la pena convencional establecida en la cláusula segunda del convenio de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, y se requiriera de pago al Ayuntamiento demandado; sin embargo, atendiendo a las constancias remitidas por la responsable, en su informe justificado, se desprende que el propio acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, la responsable se pronunció respecto a lo solicitado, de la siguiente manera: ".En atención a los escritos recibidos como ya se le mencionó en auto de 28 de marzo del 2022 por cuanto hace a la solicitud de aplicar la Cláusula Segunda del convenio de fecha 09 de septiembre del 2019, pues si bien es cierto que el Demandado no compareció a seguir cumpliendo el convenio suscrito con el actor, no debe calificarse de mala fe, esto es así porque debido a las suspensiones y medidas sanitarias dadas con motivo de la pandemia provocada por el Virus SARS-COV2 (COVID-19), este Tribunal permaneció cerrado sin ninguna guardia; por lo que en el contexto fáctico excepcional de la pandemia exigió reconocer la mayor entidad del derecho a la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho de impartición de justicia, de manera que resulte admisible tener como premisa general la necesidad de proteger y garantizar con mayor intensidad la vida y la salud física, lo que obedece a que las condiciones derivadas de la pandemia, en el ámbito laboral, son inéditas y motivaron la emisión de diversos decretos para salvaguardar la salud de la ciudadanía, concluyéndose que la pandemia generada por el coronavirus de que se trata trastoca el derecho humano a la salud, por lo que puede constituir un acto que incida en la pérdida de la vida. En efecto, dicho convenio se realizó a la luz del Principio de Autonomía de la Voluntad y éste es un principio fundamental que rige el arbitraje y es necesario para su entendimiento como medio alternativo de solución de conflictos, el cual consiste en la capacidad, potestad o libertad que tienen las personas para celebrar actos jurídicos, determinar su contenido y sus efectos. Asimismo, las partes tienen libertad para elegir a los árbitros, las reglas del proceso, el lugar y la ley aplicable, de ser el caso, lo que impacta en la aplicación del principio de impugnación del laudo arbitral conforme a lo pactado por las partes y, por ende, en el Principio de Buena Fe y el cumplimiento de este principio implica que las partes actúen de manera honesta y leal dentro del proceso arbitral. (.)". Por ende, se estima que la OMISION DE PRONUNCIARSE que reclama la parte quejosa en este sumario constitucional no existe a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues, como se dijo, el tribunal responsable, sí se pronunció en el propio acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, antes de que se promoviera el juicio de amparo, que lo fue el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. En esas condiciones, se aprecia que no existe el acto impugnado a la autoridad responsable, dado que, se reitera, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de agosto de dos mil veintidós), ya que desde que se dictó el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, la responsable había hecho pronunciamiento a la solicitud, del que se duele la parte quejosa había sido omisa en proveer; por tanto, se hace patente la inexistencia de la violación a los derechos fundamentales que la parte quejosa reclamó en esta vía constitucional. Consecuentemente, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, las tesis que establecen: "Época: Octava Época Registro: 213793 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Enero de 1994 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.72 K Página: 254 JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto que se transcribe: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. "El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, acto que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, con el inciso A), consistente en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, en el que desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, pues no obstante que al rendir su informe justificado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidente, negó que se estuvieran violando los derechos fundamentales del quejoso en su demanda; sin embargo, hizo manifestaciones posteriores que dejan ver la existencia del acto que se le atribuye. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral que remitió con el citado informe justificado, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso no se analizará el fondo del asunto en virtud que, respecto al acto reclamado señalado con el inciso A), del considerando segundo de esta resolución, consistente en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en el expediente laboral 941/2012; se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107, del referido ordenamiento legal, atento a las consideraciones siguientes: En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ( )". Ahora bien, por no contraponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia publicada en la página once del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, junio de 2003, novena época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que sostuvo lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". Entonces, conforme al artículo 107, fracción IV, de la aludida Ley, el juicio de amparo indirecto procede contra: 1. Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. 2. Actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Conforme a la segunda de las reglas mencionadas, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en los procedimientos de ejecución de sentencia; y en cuanto a lo que debe entenderse por "última resolución" en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en la tesis de jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 7, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III. DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Cabe precisar que atendiendo a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se citan los supuestos de procedencia siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. c) La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Sobre dichos supuestos de procedencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, sin necesidad de combatirla como violación procesal al impugnar la última resolución dictada en dicha etapa; sin embargo, en el presente caso no se está frente a ninguno de los supuestos indicados. En efecto, el acto reclamado consiste en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual desechó por improcedente el recurso de revisión promovido por la parte quejosa, en el expediente laboral 941/2012; es decir, se trata de un acto de los señalados en el artículo 172 de la Ley de Amparo, específicamente en la fracción IX, esto es, que se trata de violaciones al procedimiento que pueden ser analizadas al dictarse el acuerdo que constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución. Cabe señalar, que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado fue dictado después de concluido el juicio; esto es, fue emitido en la etapa de ejecución de laudo (cumplimiento de convenio), pero este no constituye la última resolución en el mismo, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no existe la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, ni el acto reclamado consiste en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, por lo cual no se adecua a la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues en dicho acuerdo reclamado la autoridad responsable procede a desechar el recurso de revisión promovido por la parte quejosa. Respalda lo antes dicho, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Común, foja 6, cuyo rubro y texto es de la literalidad que sigue: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Consecuentemente, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 62 y 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone SOBRESEER en el presente juicio de amparo. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresaron los impetrantes de amparo, para demostrar las violaciones que alega, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Página 335, Materia Común, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por último, se omite estudiar los alegatos formulados por el quejoso, debido a que aquellos no forman parte de la litis del juicio de amparo, además que no se observa que haya invocado en forma categórica alguna causal de improcedencia. Al respecto es aplicable por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Página 1534, que dice: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." SEXTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el uno de septiembre de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en el artículo 62 y 63 fracción IV, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Primero. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **** contra el acto reclamado a la autoridad responsable mencionada en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando sexto del presente fallo. Notifíquese a todas las partes por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Síndica Procuradora del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso oficio 20038/2022 de treinta y uno de agosto del año en curso; por tanto, se le tiene legalmente emplazado al presente juicio de amparo. Notifíquese por lista.
- Principal
Visto el oficio presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados sus alegatos, sin perjuicio de ser relacionados en la audiencia constitucional y de tomarse en consideración en la etapa procesal oportuna. Por otra parte, dígasele al Representante Social de la Federación oficiante, que la expedición de copias en el presente juicio, fueron autorizadas en el auto de radicación y una vez que se emita la resolución o el auto correspondiente le será entregada la copia correspondiente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarse a cabo, toda vez que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 20038/2022, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero. Por tanto, a fin de lograr la debida integración del presente sumario, requiérase vía telegrama al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, por medio de oficio que se le gire, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se notifique el mismo, informe la fecha en que recibió el oficio 20038/2022 de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de resolver el presente juicio de amparo; apercibido que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará acreedor a una multa de CINCUENTA UNIDADES de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237 fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que asciende a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de cada unidad para el año dos mil veintidós, es por la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos 22/100 moneda nacional). En consecuencia, y a fin de dar margen a lo anterior ocurra, se difiere la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que éste constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Omar Ramírez Hernández380/2021
- Omar Rosario Aguilar11/2014
- Omar Said Tapia Cruz198/2019
- Omar Torreblanca Cárdenas703/2022
- Omar Vargas Campos338/2015
- Omar Vargas Campos409/2022
- Omar Vargas Campos325/2023
- Omar Vargas Campos1248/2015
- Omar Vargas Campos212/2017
- Omar Vargas Campos1273/2023
- Omar Vargas Campos410/2018
- Omar Vargas Campos927/2019