Omar Ulloa Pizano
Expediente 232/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Omar Ulloa Pizano
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se formuló manifestación alguna en relación a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en consecuencia, se procede a calificarlo. De autos se desprende que por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo a la parte quejosa. Los efectos de la concesión fueron para que el Juez Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizara lo siguiente: "-Atendiendo a que el régimen de visitas y convivencias que se desarrolla en el procedimiento de origen fue establecido con motivo de la suspensión concedida en el cuaderno incidental que deriva de este juicio, deberá decretar uno nuevo de carácter provisional, el cual podrá ser en los mismos términos que los fijados en el acuerdo de doce de marzo pasado, pero siempre procurando que exista interacción entre los menores y su padre con cierta regularidad." Dicha determinación causó ejecutoria mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio al cual se adjuntó reproducción certificada del acuerdo de veinticinco de ese mes y año, de la que se advierte que la autoridad responsable, decretó en forma provisional un régimen de convivencias familiar entre los menores O.J.U.A. y X.M.U.A. con su progenitor Omar Ulloa Pizano, consistente en la convivencia sábado y domingo de cada quince días, una convivencia supervisada en su modalidad a distancia y la repartición de los periodos vacacionales de verano e invierno (cincuenta por ciento a cada uno de los padres), régimen que dio inicio el seis de marzo de dos mil veintiuno, lo que notificó al quejoso por medio de lista y boletín judicial y a la tercero interesada por medio de correo electrónico. A dichas documentales, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. En esas condiciones, es evidente que la responsable acató los efectos del fallo protector, porque se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Cabe recordar que en la sentencia amparadora se precisó que la responsable debía pronunciarse en torno a la designación de un régimen de convivencias entre los menores y su padre, de manera que existiera interacción entre ellos con cierta regularidad, lo cual, si bien no debe ser considerado como una facultad discrecional absoluta de la ordenadora, el suscrito considera que la resolución de veinticinco de febrero pasado, dictada en el expediente 1631/2019, guarda una relación lógica y coherente entre lo planteado inicialmente y lo resuelto por la responsable. Máxime que, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el auto que declara el cumplimiento de una sentencia de amparo no debe contener pronunciamiento sobre la legalidad de su ejecución, sino formularse liso y llano. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se concedió el amparo; mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo remite copia certificada de diversas constancias. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, que se concedió para los siguientes efectos: "(.) Atendiendo a que el régimen de visitas y convivencias que se desarrolla en el procedimiento de origen fue establecido con motivo de la suspensión concedida en el cuaderno incidental que deriva de este juicio, deberá decretar uno nuevo de carácter provisional, el cual podrá ser en los mismos términos que los fijados en el acuerdo de doce de marzo pasado, pero siempre procurando que exista interacción entre los menores y su padre con cierta regularidad. Cabe acotar que si bien desde el mes de marzo de este año se ha vivido en todo el mundo y, particularmente en nuestro país, una grave crisis de salubridad ocasionada por la pandemia de la enfermedad Covid-19, y que las autoridades sanitarias han recomendado, entre otras medidas, permanecer dentro de nuestros hogares y evitar, en lo posible, acudir a lugares concurridos, el suscrito considera que tal circunstancia no representa un obstáculo infranqueable para que los menores impetrantes y su progenitor puedan convivir en los términos en que fue establecido por el juez responsable en el mencionado proveído, a menos de que exista un riesgo objetivo y latente que ponga en peligro la integridad personal y psicológica de los infantes y de sus padres. Tampoco debe perderse de vista que lo que se pretende es preservar los derechos de los niños involucrados, dejando de lado los problemas existentes entre sus padres y el tipo de relación que entre ellos exista. Por ese motivo, es ineludible que se garantice el régimen de convivencias y visitas, sin que factores externos, como en el caso una pandemia, sean por sí mismos un impedimento para su realización, pues de lo contrario, la falta de contacto con alguno de sus padres podría ocasionar un mayor riesgo en la integridad psicológica de los menores. (.)" Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de hacerlo, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerdo lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. Para ello, se pone a su disposición el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx (confirmando al teléfono 53870500, extensiones 1232 o 1231). Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Sin que haya lugar a ordenar la notificación y requerimiento al superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud que por la autonomía e independencia de que goza, en el caso concreto no existe, determinación que se sustenta en la Jurisprudencia número PC.I.C.J/3K (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1378 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9 (agosto dos mil catorce), tomo II, décima época, de rubro: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO." Finalmente, devuélvanse al Juez Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del procedimiento especial de divorcio incausado 1631/2019, que obran en dos tomos.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 232/2020-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido en la misma data por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Omar., por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales OJUA y XMUA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por los actos que se indicarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de febrero de la presente anualidad este Juzgado de Distrito radicó la demanda con el número 232/2020-III y previno al promovente para que acreditara su personalidad; una vez colmado lo anterior, el diez de marzo siguiente se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Yessenia Aranda Quintero -verificado oportunamente-, se solicitó la designación de un representante especial en favor de los menores quejosos y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reanudación del procedimiento. Con motivo de la suspensión de labores ocasionada por la crisis sanitaria de la enfermedad Covid-19, el diez de agosto último se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló nueva fecha para la audiencia de ley, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclama una determinación y varias omisiones emanadas de un juicio del orden familiar atribuidas a una autoridad cuya residencia oficial se ubica dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama: a) El acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve dictado en el procedimiento especial de divorcio incausado 1631/2019, por el cual la juez responsable decretó, entre otras medidas, la guarda y custodia provisional de los menores de iniciales OJUA y XMUA en favor de su madre Yessenia Aranda Quintero -tercera interesada-. b) La omisión de precisar el domicilio en el que se ejercerá la guarda y custodia provisional. c) La omisión de fijar un régimen provisional de visitas y convivencias entre los infantes quejosos y su progenitor Omar Ulloa Pizano. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le reprochan, razón por la que se tiene probada su existencia. La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias remitidas por la referida autoridad, consistentes en copias certificadas del procedimiento especial de divorcio incausado 1631/2019 (que obran en dos tomos por separado); a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, la juez responsable solicita se decrete el sobreseimiento en este asunto por actualizarse la causal contemplada en el precepto 61, fracción XVI, de la legislación de la materia. Debe desestimarse el análisis de la causa de improcedencia invocada, pues la autoridad responsable sólo citó la disposición aplicable, pero no adujó argumento alguno en justificación de su aserto, sino sólo aseveraciones dogmáticas con las que, en su concepto, se actualizaba esa hipótesis; sin que la causa invocada obligue a este juzgador a emprender su análisis, pues no es de obvia y objetiva constatación. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que lleva por título: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Pese a lo anterior, el suscrito estima que, por lo que hace al acto precisado en el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo2 . De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí es de donde emana el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K3 , de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En el caso que nos ocupa, el quejoso Omar Ulloa Pizano tiene el carácter de demandado dentro del expediente relativo al divorcio incausado 1631/2019, radicado ante el Juzgado Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva la determinación combatida, de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios ahí procedentes. Ahora, la legislación adjetiva que rige el procedimiento del que emanan los actos reprochados es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual, en sus artículos 1.362 y 5.74, prevé como medio de defensa el recurso de revocación, que es procedente contra aquellos decretos y autos que no fueren apelables, como en el caso sucede con el auto en el que se decretó la guarda y custodia provisional de los menores de iniciales OJUA y XMUA en favor de su progenitora Yessenia Aranda Quintero. En efecto, a través de dicho medio ordinario de defensa puede lograrse la revocación o modificación de la determinación que ahora se combate, por lo que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía, es incuestionable que no puede acudir a la extraordinaria del juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad que lo rige. En apoyo a lo expuesto, se cita la tesis del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito4 , que dispone: "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." Cabe precisar que, si bien la determinación combatida se considera como de imposible reparación, aun así, es menester que se agote el medio ordinario de defensa respectivo antes de acudir al juicio de amparo, pues así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/20185 , del siguiente contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, la parte quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país haya sostenido, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, que se configura una excepción al principio de definitividad cuando, en los caso en que esté involucrado un menor de edad, el recurso ordinario no admita la suspensión del acto impugnado y cualquiera de las partes alegue un riesgo para éste en caso de ejecutarse la resolución combatida, si el recurso ordinario es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. Lo anterior, en virtud que en este asunto no se actualiza el supuesto relativo a la existencia de un riesgo para los infantes si la resolución combatida se ejecuta, pues, pese a que se trata de una medida cautelar provisional relacionada con la guarda y custodia de los menores quejosos, ni la responsable, ni la actora en el procedimiento de origen ni el promovente de este amparo estimaron que existía riesgo de los infantes por permanecer al lado de su progenitora. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo conducente es decretar el sobreseimiento en este juicio, tocante al acuerdo emitido el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve en el procedimiento especial de divorcio incausado 1631/2019, en términos de los dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de los restantes actos combatidos, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Medularmente, los quejosos plantean la inconstitucionalidad de la actuación atribuida a la autoridad responsable a partir de las siguientes líneas argumentativas: - Refieren que el hecho de que no se especificara el domicilio en que se ejercerá la guarda y custodia provisional sobre los infantes implica que puedan cambiar de residencia y con ello obstaculizar las convivencias entre ellos y su padre. - Aseveran que la omisión de establecer un régimen provisional de visitas y convivencias perjudica a los menores, en la medida de que constituye su derecho convivir con el progenitor no custodio. El primer concepto de violación resulta inoperante, mientras que el segundo es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Para corroborar ese aserto es necesario recordar que los actos reclamados derivan del procedimiento especial de divorcio incausado, el cual se rige por las disposiciones contenidas en el Título Sexto, Capítulo IX, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, particularmente por los artículos 2.373 a 2. 379. El primero de esos preceptos legales establece los requisitos que deberá contener la solicitud de divorcio, entre los que se encuentra el relativo a la exhibición de una propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, para lo cual es menester que contenga, entro otros, la designación sobre la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces y el domicilio donde vivirán. De la cláusula primera del convenio exhibido en el expediente 1631/2019, se desprende que la promovente Yessenia Aranda Quintero propuso que la guarda y custodia provisional de sus menores hijos se decretara a su favor y que ésta se ejercería en el domicilio ubicado en calle Naranjos, sin número, manzana 11, lote 19, colonia Del Carmen, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Así, la juez del conocimiento, por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, acordó lo correspondiente a la guarda y custodia de los infantes quejosos, para lo cual señaló que éstos quedarían bajo el cuidado de su progenitora. Entonces, si bien es cierto que en el acuerdo mencionado no se especificó el sitio en el que la madre de los menores ejercerá su guarda y custodia, también lo es que en el convenio que se adjuntó a la solicitud de divorcio incausado sí se especificó ese dato. De ahí radica la inoperancia del argumento de la parte agraviada, pues como se explicó, pese a que en el auto en el que se decretó la medida cautelar provisional de guarda y custodia no se indicó en qué lugar se llevaría a cabo, es evidente que el lugar destinado para ello es el localizado en calle Naranjos, sin número, manzana 11, lote 19, colonia Del Carmen, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Expuesto lo anterior, es momento de atender el restante concepto de violación, en el que los agraviados sostienen que la falta de un régimen provisional de visitas y convivencias contraviene los derechos fundamentales de los menores por no convivir con su progenitor. Como cuestión previa, debe precisarse que el interés superior del niño encuentra su fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; para ello, el Estado deberá proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. En consonancia con esa porción normativa, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.2, estipula la obligación de los Estados partes de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, debiendo tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. A su vez, en los preceptos 9.1 y 9.3 de ese ordenamiento legal se establece que los Estados respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño, verbigracia, si el infante es maltratado o descuidado por parte de sus progenitores o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño, siempre que, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria. Referente al derecho de los menores a convivir con sus padres, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó, al resolver el amparo directo en revisión 2710/2017, que las visitas y convivencias son fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad de los menores porque a través de ellas pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional; de ahí la trascendencia de establecer un régimen de visitas y convivencias efectivo que debe de regir cualquier decisión que se tome sobre los derechos de un menor. También, reiteró que los menores tienen derecho a que se propicien las condiciones que les permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, por lo que en la mayoría de los casos resulta necesaria e indispensable la convivencia con ambos progenitores; empero, para que el derecho a las visitas y convivencias sea efectivo, es indispensable que éstas sean con cierta regularidad, esto es, en determinados días de la semana o del mes, o en ciertos periodos vacacionales, en que el niño sepa que podrá convivir con su progenitor. Hecha esta aclaración, es evidente que no se respetó el derecho de los infantes quejosos de tener una convivencia con su progenitor no custodio, porque, como se aprecia de las constancias que conforman el expediente de divorcio incausado 1631/2019, las únicas medidas cautelares provisionales decretadas con motivo de la tramitación de ese procedimiento especial fueron la relativa a la guarda y custodia y a la pensión alimenticia, no así las visitas y convivencias. Debe destacarse que el hecho de que la promovente Yessenia Aranda Quintero no haya incluido en el convenio que adjuntó a la solicitud de divorcio incausado el régimen de visitas y convivencias, pese a ser un requisito que debe contener la propuesta de convenio, pueda considerarse como un impedimento para que la juez responsable proveyera sobre ese punto, pues el artículo 2.374 de la legislación adjetiva civil de la entidad dispone que, al admitir a trámite la petición de divorcio, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces. Por ello, si bien no fue solicitado expresamente, era obligación de la autoridad velar por los intereses de los menores involucrados y consecuentemente fijar un régimen provisional de visitas y convivencias entre ellos y su padre. No representa obstáculo para decretar un régimen de visitas y convivencias que la tercera interesada expusiera en su ocurso de solicitud de divorcio incausado, concretamente en el apartado correspondiente a las medidas cautelares, que el demandado Omar Ulloa Pizano -aquí quejoso- ha ejercido en su contra actos de violencia, insultos, humillaciones, malos tratos y calumnias, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 910/2016 y el amparo directo en revisión 2618/2013, precisó que en los casos en que se involucren derechos de niños y niñas, por ejemplo, tratándose de guarda y custodia, debe demostrarse la existencia de un riesgo probable y fundado para determinar que un progenitor no es apto para tenerla; incluso, precisó que por "riesgo" no debe entenderse la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, sino como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Por tal motivo, si en el procedimiento de origen no existe medio de prueba que demuestre, por lo menos de manera probable y objetiva, que los niños involucrados se encuentren en un estado de riesgo que amerite que la convivencia con su progenitor sea interrumpida, las solas manifestaciones de su madre no deben ser motivo para evitar su interacción. En las relatadas condiciones, con arreglo en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa para que el Juez Décimo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realice lo siguiente: - Atendiendo a que el régimen de visitas y convivencias que se desarrolla en el procedimiento de origen fue establecido con motivo de la suspensión concedida en el cuaderno incidental que deriva de este juicio, deberá decretar uno nuevo de carácter provisional, el cual podrá ser en los mismos términos que los fijados en el acuerdo de doce de marzo pasado, pero siempre procurando que exista interacción entre los menores y su padre con cierta regularidad. Cabe acotar que si bien desde el mes de marzo de este año se ha vivido en todo el mundo y, particularmente en nuestro país, una grave crisis de salubridad ocasionada por la pandemia de la enfermedad Covid-19, y que las autoridades sanitarias han recomendado, entre otras medidas, permanecer dentro de nuestros hogares y evitar, en lo posible, acudir a lugares concurridos, el suscrito considera que tal circunstancia no representa un obstáculo infranqueable para que los menores impetrantes y su progenitor puedan convivir en los términos en que fue establecido por el juez responsable en el mencionado proveído, a menos de que exista un riesgo objetivo y latente que ponga en peligro la integridad personal y psicológica de los infantes y de sus padres. Tampoco debe perderse de vista que lo que se pretende es preservar los derechos de los niños involucrados, dejando de lado los problemas existentes entre sus padres y el tipo de relación que entre ellos exista. Por ese motivo, es ineludible que se garantice el régimen de convivencias y visitas, sin que factores externos, como en el caso una pandemia, sean por sí mismos un impedimento para su realización, pues de lo contrario, la falta de contacto con alguno de sus padres podría ocasionar un mayor riesgo en la integridad psicológica de los menores. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en razón de lo expuesto en el considerando cuarto. Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Omar., por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales.., por los motivos, fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese por lista a los quejosos y a la tercera interesada, personalmente al representante especial de los menores de iniciales OJUA y XMUA, electrónicamente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita...
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