Omar Tamariz Jaime y Otros.

Expediente 1654/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1654/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
22/10/2015

Partes del expediente

  • Omar Tamariz Jaime y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: Con la demanda de amparo que promueve Omar Tamariz Jaime, contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1654/2015 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos legales en cita, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: Registro No. 190035 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Abril de 2001 Página: 31 Tesis: P./J. 32/2001 Jurisprudencia Materia(s): Común "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." HECHOS En el caso, el acto reclamado señalado por la parte quejosa lo hace consistir en todos los autos, decretos, resoluciones, sentencias definitivas dictadas en el expediente 826/2014/VIII, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, relativos al toca 3724/2014, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, así como la orden de ejecución de dichos actos; sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado consiste en: El proveído de dieciocho de septiembre de dos mil quince, dictado en los autos del expediente 826/2014/VIII, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se requirió a la parte quejosa de entregar el bien inmueble consistente en la casa marcada con el número ocho de la calle Blas Galindo, colonia Indeco Ánimas, en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo se haría uso de la fuerza pública. Asimismo, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó que compareció a deducir sus derechos, con diversos escritos y recursos en los autos del expediente 826/2014/VIII del índice del Juzgado responsable. De igual forma, del escrito de demanda, se advierte que el juicio ordinario mercantil 826/2014/VIII del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, está en sección de ejecución. CONCLUSIÓN De lo expuesto se deduce que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución y que el promovente conoció del juicio de origen, al menos desde el uno de septiembre de dos mil catorce, asimismo, que ha comparecido a deducir sus derechos en el mismo (al tratarse de la parte demandada en el juicio de origen); en ese sentido, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, ni con él se afectan derechos del promovente que no se hubiesen discutido y decidido en el procedimiento de origen. Lo anterior es así, pues como se expuso precedentemente, por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que el auto de dieciocho de septiembre del dos mil quince, que requirió a la parte quejosa de entregar el bien inmueble antes citado, con el apercibimiento que de no hacerlo se haría uso de la fuerza pública, fue dictado en ejecución de sentencia firme, pronunciada en un juicio en el que la quejosa fue parte y, por ende, escuchada en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no se considera como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de diversas diligencias y actos, de ahí que dicha auto no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Novena Época Registro: 166244 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.765 C Página: 1345 "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías". Novena Época Registro: 186361 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Agosto de 2002 Materia(s): Laboral Tesis: II.T.234 L Página: 1236 "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DEJE INSUBSISTENTE EL REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Conforme a lo previsto en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se pedirá ante el Juez de Distrito: "Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.-Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.". Luego entonces, si el acto reclamado consiste en una resolución emitida por una Junta de Conciliación y Arbitraje, a cuya virtud se deja insubsistente el auto de requerimiento de pago y embargo al demandado, decretados en el procedimiento de ejecución del laudo, por no haberse establecido las bases para la cuantificación de los salarios caídos, el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación o resolución dentro del citado procedimiento, pues no reconoce ni aprueba el cumplimiento total del laudo, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirlo, ni menos aún impide que una vez sustanciado el incidente de liquidación, se inicie nuevamente la ejecución del mismo. Sin ser dable sostener dicha procedencia, argumentando que se trata de un acto de imposible reparación, en términos de la fracción IV del citado artículo 114 de la ley de la materia, la cual establece: "IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", porque no se trata de un acto dentro del juicio, sino después de concluido éste. Supuesto que además, como ya se apuntó, se encuentra regulado mediante la citada fracción III del mismo numeral y, por ello, es la única que debe regir la hipótesis materia de estudio". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sara María Castañeda Medina, debido a que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo referido al diverso profesionista que indica por no tener registrada su cédula profesional. V. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. VI. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. VII. DEL DIVERSO ESCRITO QUE SE RECIBE Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual exhibe seis juegos de copias de la demanda de amparo, las cuales se reciben y se agregan con las diversas que anexó a su escrito de demanda.

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