Omar Sinahi Gonzalez Anguiano

Expediente 994/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
994/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Omar Sinahi Gonzalez Anguiano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas y facultadas recurrieran la resolución de veintiuno de octubre de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el presente juicio constitucional, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis aislada número de registro 316096, visible en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO." Ahora, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, sin que se haya formado incidente de suspensión , lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado.

  2. Principal

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 994/2019; PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS PROMOVIDO POR...EN TERMINOS DE LOS CONSIDERANDOS TERCERO Y QUINTO DE ESTE FALLO. SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO ULTIMO DE LA PRESENTE SENTENCIA, PUBLIQUESE LA PRESENTE SENTENCIA EN LOS TERMINOS QUE AHI SE INDICAN.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de septiembre pasado, informa las gestiones realizadas en torno de ordenar a quien corresponda, investigar sobre las posibles lesiones que le fueran ocasionadas al quejoso con motivo de su detención.

  4. Principal

    Como de autos se aprecia que el dos de octubre pasado, se requirió a la Agente del ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, a fin de que informará los trámites realizados respecto de la vista otorgada en auto de nueve de septiembre pasado, donde se dijo que en la demanda y en diligencia practicada por la Fedataria Judicial se había hecho una manifestación sobre a las posibles lesiones que le fueran ocasionadas al quejoso con motivo de su detención; respecto de lo cual desahogó en los términos siguientes: "Al respecto, en relación al requerimiento formulado a la suscrita cabe señalar que esta representación social de la Federación conforme a las facultades que tiene otorgadas conforme al artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo no realiza actos de investigación sino por el contrario forma parte dentro del juicio de amparo. Ahora bien, en relación a dar trámite a la vista que refiere en su acuerdo de 09 de septiembre de 2019, esta fiscalía de la federación necesita y solicita a su señoría copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones para estar en condiciones de dar la vista correspondiente, de lo contrario no estoy en condiciones de darle trámite a la vista señalada. Conforme al art. 17 Constitucional, solicito me expidan las copias." En razón a lo anterior, indíquesele a la agente en cuestión que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; la obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. Por tanto, como desde auto de nueve de septiembre del año en curso, se le otorgó la vista respectiva para que ordenara a quien correspondiera investigara el probable ilícito, lo que debería informar a este Tribunal en el término de cuarenta y ocho horas, lo cual no acató en su momento; en ese sentido a efecto de deslindar las responsabilidades que en su caso se generen con la actitud pasiva de la Agente del Ministerio Público adscrita, en atención al acto recamado; con ello dése vista al Delegado de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, para que a su vez instruya a su inferior cumplir con lo ordenado por este Tribunal. Sin que pase inadvertida la manifestación que hace la Representación Social en el sentido de que no tiene facultades de investigación, sin embargo, la vista que se le dio con los posibles actos de tortura, en atención a su intervención en el presente juicio y a la institución que representa, fue para el efecto de que ordenará a quien correspondiera la investigación de un probable ilícito. Como lo solicita la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley en cita, expídansele en su oportunidad las copias a que alude. Por último, como de la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos se aprecia, que aún no transcurre el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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