Omar Saucedo Ramírez

Expediente 1823/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1823/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2018

Partes del expediente

  • Omar Saucedo Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho a la tercera interesada, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Omar Saucedo Ramírez, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridad responsable:  Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es:  La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen 215/2015. Ahora, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos; en virtud de que, como se advierte de las constancias que remitió la responsable-las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-,el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen 215/2015. En relación a lo anterior, y atento al estado procesal que guardan los autos esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta responsable, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y .". De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de garantías, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 215/2015, por considerar que dicha resolución la emitió el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho; afirmación que se encuentra corroborada con las copias certificadas que la responsable acompañó a su informe justificado. En efecto, de las aludidas documentales, es posible advertir que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la junta responsable dictó el laudo correspondiente dentro del juicio de origen; de tal forma que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada [dictar laudo] no existía en la forma planteada por el solicitante de garantías. Ello pues, cuando se presentó el escrito de demanda de amparo, esto es, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla que obra a foja 2] ya se había emitido el laudo respectivo. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En esas condiciones, atendiendo a que el acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, es inexistente, procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la materia, fuera de audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del ocho de octubre de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente sumario y toda vez que las partes ya se encuentran debidamente notificadas del acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por el que se tuvo a Jaime Guerrero Martínez, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa YOLANDA NOEMI VILLANUEVA SÁNCHEZ, por propio derecho, y en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de WILMA ESTHER SÁNCHEZ GUILLERMO, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto (fojas 130 a 131), En consecuencia; con fundamento en los artículos 81, 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, con el ocurso original de expresión de agravios, con una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Revisor que corresponda conocer de dicha revisión, remítanse el original del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Sexto Circuito, a fin de que substancie el recurso de revisión interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al cual acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de agosto del año en curso en el recurso de queja Q. 157/2018, así como una salvedad formulada, interpuesta en contra del auto de siete de junio de dos mil dieciocho dictado dentro del juicio de amparo en el que se actúa. Dese a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es infundado este recurso de quejosa. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo impugnado dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el siete de junio de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto. TERCERO. Se desecha la prueba de inspección judicial, ofrecida por la quejosa, mediante escrito que presentó el seis de junio de dos mil dieciocho." Acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de alzada, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Amparo se levanta la suspensión del procedimiento decretada en autos con motivo del recurso de queja citado y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, esta autoridad jurisdiccional del escrito presentado por la parte quejosa Remedios Tlahuel Delgado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se reservó a proveer lo conducente a girar atento oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Puebla, visto su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, en razón de que en el caso resulta ser extemporánea. Esto es, de conformidad con el citado artículo 119, párrafo tercero, los medios probatorios deben ofrecerse con un plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, por lo que dichas probanzas serían admisibles únicamente si se tratare de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo señalado anteriormente. Luego entonces, la parte quejosa ya conocía los hechos a probar desde el inicio del presente juicio constitucional, por tanto, ha precluído su derecho procesal de ofrecer dichas probanzas en virtud de que la fecha de la audiencia constitucional que debe tomarse en cuenta es la del quince de junio de dos mil diecisiete y, el escrito de cuenta fue presentado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho en la oficialía de éste juzgado de Distrito, por lo que el plazo de cinco días antes referido no se cumple. Por tanto, al no cumplirse los requisitos antes señalados, no es posible admitir el medio de prueba ofrecido por la parte quejosa.

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