Omar Santiago Jiménez
Expediente 474/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Omar Santiago Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
INC 474/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. 1° Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo de esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada, como se advierte de la copia autorizada que se anexa; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en interlocutoria dictada el nueve de mayo de dos mil veintidós. 2° Archivo. Como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existen documentos originales exhibidos por las partes ni asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3° Destino. Original depurable. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados, el original de este expediente será depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general en relación con el capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4° Duplicado de incidente. Se precisa que en interlocutoria de nueve de mayo de dos mil veintidós, se acordó lo procedente al destino del duplicado de este incidente de suspensión (destruible). 5° Instrucción a Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique: a) Que en la carátula del original del incidente de suspensión obre la leyenda de que el mismo es depurable y en el duplicado de ese cuaderno incidental, que es destruible; y, b) Que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 474/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. 1° Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el once de julio de dos mil veintidós, firmada y autorizada el veinticinco de julio siguiente, en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Omar Santiago Jiménez, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 1.1. Precisión. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de a) la autoridad responsable, b) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y c) terceros interesado, dado que, como se precisó, en la sentencia dictada en esta instancia constitucional, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por lo que ningún agravio genera a dichas partes procesales, que carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, libro 39, febrero de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". 2° Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Archivo reciente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4° Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 5° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6° Devolución de disco a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad responsable juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca remitió un disco certificado en formato DVD, que contiene la reproducción de audio y video (en 2 archivos formato MP4) de la audiencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 660/2019, así como la certificación de ese contenido; por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 7° Devolución de documental. Asimismo, en virtud que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental consistente en un dispositivo USB que contiene dos videograbaciones relativas a la referida causa penal. Ante ello, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrán obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 8° Incidente de suspensión. Del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós se advierte que se ordenó tramitar este juicio con incidente de suspensión; por tanto, si es procedente acuérdese lo conducente en dicho cuaderno incidental. 9° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 474/2022 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo 474/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y remitido el veintidós de abril siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Omar Santiago Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridad que se precisarán en el considerando relativo. 1.2. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20, 123, apartado B, fracción XIII y 33 de la Constitución Federal, 7.3., 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 2, 3, 9 y 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto veinticinco de abril del año que transcurre, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 474/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento de los terceros interesados. El diez junio del año en curso se ordenó emplazar a este juicio de amparo a P.A.P.Z ., por conducto de su representante legítima Guadalupe Yolanda Zarza Briseño, por ser la parte ofendida en la causa penal 660/2019, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, así como al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, quien conoció de la carpeta de investigación que originó dicho expediente; siendo que, por escrito recibido el veintidós de junio de este año (folio 8573), la primera de los mencionados (Guadalupe Yolanda Zarza Briseño), así como Ricardo Javier Hernández Escudero, en su carácter de asesor jurídico de esta última, se apersonaron a este juicio de amparo. Cuarto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama a una autoridad residente en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. Analizada la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso y por el cual se realizará el estudio respectivo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, consiste en la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 660/2019, en la que se declaró improcedente el incidente relativo a la revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo que atribuye al juez del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de Valles Centrales, Oaxaca. Tercero. Certeza del acto combatido. La autoridad responsable juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de Valles Centrales, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Al efecto, manifestó que en audiencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 660/2019, se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al aquí quejoso continuaba vigente, por la razones y consideraciones ahí expuestas. Certeza que se evidencia del registro de audio y video que remitió el juez responsable, en el que consta la audiencia de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós celebrada en el referido expediente penal; documental (naturaleza jurídica que tiene el disco versátil) a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo; respecto al valor de ese disco, se cita la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Cuarto. Causas de improcedencia. No se advierten motivos de improcedencia constitucionales, legales o jurisprudenciales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Quinto. Conceptos de violación. El quejoso vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sexto. Estudio del fondo. El análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: 6.1. Antecedentes. Previamente se procede a establecer los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de lo expuesto por la parte quejosa en la demanda de amparo, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de la reproducción del disco en formato dvd que remitió la autoridad responsable, como justificación a su informe, con el mismo valor, conforme a lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del referido ordenamiento legal; de los que, en lo sustancial, se desprende lo siguiente: I. La causa penal 660/2019 se instruye contra el aquí quejoso Omar Santiago Jiménez, por el hecho que la ley señala como el delito de violación equiparada cometido en agravio de P.A.P.Z. II. Con fecha uno de febrero de dos mil veinte se formuló la imputación al aquí quejoso y se le impuso la prisión preventiva provisional. III. El seis del mismo mes y año se procedió a resolver la situación jurídica del ahora quejoso, vinculándolo a proceso por el referido ilícito y le fue impuesta como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa definitiva. IV. El doce de febrero de dos mil veinte el agraviado interpuso recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso, mismo que fue resuelto el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (lo que fue señalado por el quejoso en el escrito de demanda -foja 16-). Además, el diez de noviembre de dos mil veinte el agraviado solicitó al agente del Ministerio Público le proporcionara información de baterías y pruebas psicológicas que dieron sustento a diversos dictámenes; sin embargo, ante la negativa del referido representante social pidió en diversas ocasiones el auxilio de la autoridad judicial, por lo que fue hasta el cinco de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió se le brindara lo solicitado. V. En audiencia celebrada el treinta de marzo de dos mil veintidós la defensa del inculpado, aquí agraviado, solicitó la revisión y sustitución de la referida medida cautelar; solicitud que el juez responsable determinó declarar improcedente; resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. 6.2. Consideraciones del fallo reclamado. El juez de origen declaró improcedente la petición de la defensa del imputado, relativa a la revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que fue impuesta a este último, en razón que, señala, si bien el artículo 20 constitucional en su apartado b), fracción IX, establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado; sin embargo, en el caso, esa parte procesal realizó diversos actos de defensa, como lo es la interposición del recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y de un medio de impugnación contra la negativa del Ministerio Público, para que le diera acceso a diversa información. Además, adujo, se pondera como situación relevante y especial, que en diversos acuerdos generales, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca decretó medidas preventivas para palear la pandemia producida por el virus covid-19, que generó la suspensión de plazos y términos a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, circunstancia extraordinaria que no era atribuible a las partes ni al órgano jurisdiccional, dado que perseguía adoptar las medidas correspondientes para evitar los contagios derivados de la enfermedad y proteger la salud de las personas usuarias del servicio como de aquellas que laboran para esa institución. 6.3. Conceptos de violación. El quejoso, en esencia, argumenta que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los derechos humanos y garantías que subyacen de los artículos 1, 14, 17, 19 y 20, de la Constitución Federal, en virtud que, dice, transgrede los principios de tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, legalidad, justicia pronta y plazo razonable, dado que el juez responsable sólo se enfocó en hacer mención de los actos de defensa que efectuó, los que, dice, no constituyen una dilación procesal dilatoria que entorpezcan el proceso, porque ello forma parte de su derecho a la tutela judicial y a un recurso judicial efectivo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Asimismo, señala que si bien la pandemia es un problema de salud mundial, al no ser su responsabilidad ni serle atribuible, la autoridad judicial tenía la obligación de autorizar la revisión de la medida restrictiva de la libertad, para sustituirla por otra alternativa que fuera idónea, pero que no pusiera en alto riesgo su salud como interno; de ahí que, refiere, se vulnera su derecho a la libertad y el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal. Reseñado lo anterior, se considera que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la resolución en estudio se encuentra apegada a derecho. En efecto, tal y como lo advirtió la responsable, el delito equiparado a la violación que se imputa al aquí quejoso, según el auto de vinculación a proceso, establece como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa. Así, la prisión preventiva a que se encuentra sujeto el quejoso deriva de una excepción al derecho de libertad que expresamente contempla la propia Carta Magna en su precepto 16, previsto en un dispositivo de la misma jerarquía [artículo 19 de la Norma Suprema]. El precepto 19 constitucional se concatena con los diversos 17 y 20 de esa ley suprema que, respectivamente, establecen lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. (.)". "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: . IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.". Ello también se contempla en la norma secundaria, específicamente en los siguientes preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 113. Derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos: . X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;.". "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". Así, el derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia consiste básicamente en el derecho que los gobernados tienen para solicitar a determinados órganos que ejerzan la función jurisdiccional, que no es otra cosa que la potestad que les es atribuida para dirimir cuestiones contenciosas entre diversos gobernados, pero, al mismo tiempo, es un deber impuesto a esos órganos, que les impida negarse a ejercerla. Apoya lo razonado, el criterio siguiente : "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". De lo anterior, se desprende que el artículo 17 constitucional consagra un principio fundamental del derecho penal que es el de celeridad, entendido como el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, que es, por otra parte, consecuencia de la limitación de derechos que genera el proceso penal para las personas que se vieron afectadas por él. Empero, como correctamente lo estableció el juez de control, existe una excepción a la regla general de ser juzgado en los plazos y términos que fijen las leyes, prevista a nivel constitucional, esto es, cuando a solicitud del imputado o su ejercicio de defensa dichos plazos son prorrogados para procurar o lograr una mejor defensa, como lo establece el artículo 20, apartado b, fracción VIII, de la Constitución Federal, al indicar que todo imputado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año, si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Otro supuesto es el relacionado con los casos en que se encuentra ejerciendo el derecho de defensa y, por ello, se deben prolongar los términos procesales contemplados en la legislación aplicable, pero esto ocurrirá siempre y cuando se justifique que el retraso obedece a acciones desplegadas con el fin de preparar pruebas a fin de acreditar su teoría del caso, dentro de las etapas de investigación complementaria, intermedia y juicio. De lo hasta aquí expuesto se puede concluir que el derecho establecido a favor de los acusados a una adecuada defensa, ostenta un mayor rango que los diversos derechos que tienden a la obtención de un fallo en breve plazo, en el entendido que esto último sólo opera a favor de los imputados. En el caso, según lo manifestado en la propia audiencia (00:46:49, del disco), se advierte que el juez de control estimó que el retraso en el dictado de la sentencia obedecía a dos cuestiones relevantes: 1. Que el defensor del imputado realizó actos de defensa, como lo es la interposición del recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y de un medio de impugnación contra la negativa del Ministerio Público, para que se le proporcionara información de baterías y pruebas psicológicas que dieron sustento a diversos dictámenes. 2. Que existía una situación relevante y especial con motivo de la pandemia derivada del virus covid-19, pues, en diversos acuerdos generales, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca decretó medidas preventivas para palear la pandemia producida por el virus covid-19, que generó la suspensión de plazos y términos a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte; circunstancia extraordinaria que no era atribuible a las partes ni al órgano jurisdiccional, dado que perseguía adoptar las medidas correspondientes para evitar los contagios derivados de la enfermedad y proteger la salud de las personas usuarias del servicio como aquellas que laboran para esa institución. Se estima apegada a derecho la decisión de la autoridad responsable, dado que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, en la especie, la prolongación de la prisión preventiva oficiosa obedece el derecho de defensa que ejerció eficazmente el inculpado, como lo dispone el propio artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como el juez lo refirió en audiencia desahogada el treinta de marzo de dos mil veintidós y el propio quejoso, en su demanda de amparo (foja 16), este último con fecha doce de febrero de dos mil veinte interpuso recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso, mismo que fue resuelto el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; además, el diez de noviembre de dos mil veinte solicitó al agente del Ministerio Público le proporcionara información de baterías y pruebas psicológicas que dieron sustento a diversos dictámenes, por lo que, ante la negativa de ese representante social pidió en diversas ocasiones el auxilio de la autoridad judicial, siendo hasta el cinco de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió se le brindara lo solicitado. En ese sentido, es evidente que los actos de defensa, como lo fue el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso (presentado el doce de febrero de dos mil veinte y resuelto el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno), así como la solicitud de información al agente del Ministerio Público, retardaron el procedimiento de origen, motivos por los que se ha prolongado el tiempo de la prisión preventiva. Sin que obste que el agraviado, en el escrito de demanda (foja 17) señale que la solicitud de información de baterías y pruebas psicológicas no constituye un medio de impugnación, sino una actividad investigadora de su defensa, ya que, como él mismo lo aduce, ese medio de convicción le era indispensables para preparar su caso y materializar su derecho a contradecir las pruebas de la parte contraria, por lo que, se concluye, esa información fue recabada con miras de privilegiar su derecho de adecuada defensa. De ahí que resulte infundada la manifestación del imputado, respecto a que el recurso de apelación que interpuso y el acto de investigación que recabó no tiene que ver con la duración de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque, precisamente, lo realizó para ejercer su derecho de defensa, lo cual constituye una excepción a la duración de la prisión preventiva. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y, por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para resolver de mejor forma el caso; y lo que resulta improcedente o incompatible con las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias; por tanto, lo que procede es que en cada caso en concreto se analice si hay motivos que justifiquen la dilación o si, por el contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario. Lo anterior encuentra sustento en el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en la tesis cuyos datos de localización y rubro son los siguientes: "Registro digital: 2012336 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: II.1o.37 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2537 Tipo: Aislada "DERECHO DEL INCULPADO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE. PARA DETERMINAR SI EXISTE VIOLACIÓN A ESTA PRERROGATIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES NECESARIO ACUDIR A LA FIGURA DEL "PLAZO RAZONABLE", ESTABLECIDA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y ANALIZAR CADA CASO CONCRETO." También se comparte lo expuesto por la responsable, en el sentido de que existía una situación relevante con motivo de la pandemia derivada del virus covid-19, pues por diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de del Poder Judicial del Estado se decretó la suspensión de plazos y términos a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, circunstancia que no es imputable a alguna de las partes, ni al órgano jurisdiccional, ya que, efectivamente, si bien todos los procedimientos tramitados a nivel nacional se vieron afectados en su curso legal debido a la suspensión de plazos y términos procesales, ello no es atribuible a los acusados, su defensa, ni al juez responsable, sino que se trata de una emergencia sanitaria global, a nivel mundial; pero, se enfatiza, la dilación del procedimiento deviene, esencialmente, en el recurso de apelación que con fecha doce de febrero de dos mil veinte interpuso el aquí quejoso contra el auto de vinculación a proceso, el que, según lo expuesto por este último, en la demanda de amparo (foja 16), fue resuelto el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es decir, más de un año siete meses después. De ahí que se considere que la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no se puede suponer injustificada o excesiva, como lo refiere la parte quejosa, al existir una dilación procesal justificada no atribuible al órgano jurisdiccional. Lo anterior, se apoya por identidad jurídica, en la tesis que dice : "PRISIÓN PREVENTIVA. ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR EL JUZGADOR PARA DETERMINAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL SIN EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE JUSTIFIQUE LA PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR. Con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en atención a diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio. En relación con la complejidad del asunto deberán analizarse, entre otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. De la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, tendrá que estudiarse la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, sí podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado ha obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio". De igual forma, contra lo que alega la parte quejosa, debe decirse que la modificación, en cuanto al plazo, de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no implica una trasgresión al principio de presunción de inocencia, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión a ese principio, además que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada . Además, se insiste, la prolongación de esa medida cautelar está justificada en tanto que ello se debe al ejercicio del derecho de defensa que el quejoso hizo valer. Por lo anterior, es infundado el concepto de violación de la parte quejosa, en el que refiere que la resolución en estudio transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 y 20 del Pacto Federal, en virtud que, como se analizó, las razones por las que se le prorrogó la prisión preventiva oficiosa son correctas, pues, si bien, el artículo 20 aludido puede interpretarse en el sentido de que si la prisión preventiva ha excedido de dos años, y no se ha pronunciado sentencia, deberá ser puesto en inmediata libertad al imputado mientras se sigue el proceso, también es cierto que esa hipótesis es únicamente aplicable cuando ese retraso sea imputable al juzgador de la causa, lo que no acontece en el caso, puesto que ese retraso a ser juzgado se debe al derecho de defensa que hizo valer, tal como lo consideró la autoridad responsable. Deviene infundado también lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada carece de legalidad, ya que, contrario a esa manifestación, la autoridad judicial expuso que si bien habían transcurrido más de los dos años para la culminación del procedimiento, ello se encontraba legamente justificado, debido a que el inculpado realizó actos de defensa. En virtud de lo expuesto no resultan aplicables, en su beneficio, las tesis que invocó la parte quejosa en la demanda de amparo, por las razones expuestas con antelación; por lo que, con base en lo analizado y argumentado en esta resolución, se concluye que el acto reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso; en consecuencia, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se, R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Omar Santiago Jiménez contra el acto reclamado, consistente en la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 660/2019, en la que se declaró improcedente el incidente relativo a la revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva; que atribuyó al juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de Valles Centrales, Oaxaca, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinticinco de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Incidental
INC 474/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y toda vez que en proveído de veintitrés de junio del año en curso se requirió a los terceros interesados Guadalupe Yolanda Zarza Briseño y Ricardo Javier Hernández Escudero, para que en este incidente de suspensión a) designaran representante común y/o b) cada uno y por separado, un domicilio o un usuario diferente para recibir notificaciones, sin que lo hubiesen realizado. Ahora, dado que constituye un hecho notorio que mediante escrito signado por dichos terceros interesados, acordado el cuatro de julio de este año (folio 9089) en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, manifestaron la forma en que solicitaron se llevara a cabo dicha notificación, a través del representante común que designaron; por tanto, se acuerda: Representante común de la parte tercera interesada. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de la parte tercera interesada a Ricardo Javier Hernández Escudero. Notificaciones electrónicas. Y toda vez que solicitaron se llevaran a cabo las notificaciones vía electrónica, se precisa que la autorización que se otorgó para ese efecto, conlleva se practiquen las notificaciones tanto en el juicio de amparo como en este incidente de suspensión. Notifíquese; vía electrónica a la parte tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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