Omar Sahid Mendoza Arroyo
Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Omar Sahid Mendoza Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Y AL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR DE EDAD LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de cuenta, se advierte que en el presente sumario el quejoso Omar Sahid Mendoza Arroyo por propio derecho y en representación del menor de edad de identidad resguardada de iniciales E.M.M., señaló como acto reclamado el siguiente: 1. La resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente judicial 1056/2023, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante la cual se negó constituir el depósito judicial solicitado por Omar Sahid Mendoza Arroyo, respecto de su menor hijo de identidad reservada E.M.M., nombrando como depositaria a Agueda Arroyo y Castellanos, debido a que no se demostró que en ese momento existiera un riesgo inminente que conllevara a poner en peligro al menor de edad. Ahora bien, de las constancias que envió el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones, la suscrita advierte que se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo, por los motivos que se expondrán a continuación. Tiene aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese tenor, debe decirse que el acto reclamado, consistente en la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente judicial 1056/2023, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante la cual, negó la constitución del depósito judicial solicitado por el promovente -aquí quejoso-; del menor de edad de identidad resguardada de iniciales E.M.M., a favor de Águeda Arroyo y Castellanos; lo anterior, en virtud de que al momento del cercioramiento de la necesidad de la medida cautelar no se reunieron los supuestos de riesgo y/o peligrosidad que conllevara a poner en peligro al menor de edad antes citado; en modo alguno, puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada si no tiene el carácter de definitivo. Lo anterior, en virtud de que tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad, en atención a que la ilegalidad que considere la parte interesada que le causa afectación, debe impugnarse dentro del procedimiento civil de donde emana dicho acto, a través del recurso de reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." Del artículo transcrito se advierte, que el capítulo al que refiere dicho precepto trata específicamente del depósito y guarda de personas como acto prejudicial, por tanto se infiere, de una interpretación literal de dicho precepto, que el recurso de reclamación procede de forma expresa y directa únicamente contra dichas medidas, es decir, el depósito y guarda de personas. En ese tenor, debe decirse que el acto reclamado es impugnable a través del recurso de reclamación en cita, en razón de que la cuestión de la que se duele el solicitante de amparo está vinculada con cuestiones relativas al aseguramiento y cuidado de los hijos, por lo que a través de la interposición de dicho medio de defensa la parte que no estuviere conforme con la medida decretada por el juez o en su caso, con la medida que se solicitó y negó, en relación con el aseguramiento y cuidado de los hijos, puede lograr la modificación o revocación de la determinación que considera que le afecta. Tiene aplicación a lo anterior, por su contenido, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que establece lo siguiente: "DEPÓSITO DE MENORES. EL PROGENITOR AFECTADO ESTÁ LEGITIMADO PARA RECLAMAR ESA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si tercero extraño es aquel que no tiene oportunidad de defensa en un procedimiento por ser ajeno a éste, y si en un depósito de persona efectuado como medida cautelar prejudicial éste se ordena en relación con un menor a instancia de uno de los progenitores, el otro está legitimado para reclamar dicha medida en términos del artículo 162, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque al tener a su alcance ese medio dentro del procedimiento, no puede considerarse a éste como extraño." Así como la diversa tesis aislada también sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEPOSITO DE PERSONAS, TERMINO PARA RECLAMAR LA MEDIDA PRECAUTORIA FIJADA EN EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). De lo dispuesto por el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz salta a la vista que éste es omiso en especificar expresamente término judicial para interponer reclamación, por lo que, deviene aplicable la regla genérica contenida en el artículo 98, fracción IV, del mismo código adjetivo, que dice: "Cuando este código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: (...) IV. Tres días para todos los demás casos", por ende, el recurso debe interponerse dentro de los tres días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la providencia." De ahí que, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que la tutela de derechos humanos pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. En ese sentido, si en contra del acto reclamado procede el recurso de reclamación, previo a la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar tal medio ordinario de defensa previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J 11/2018(10ª.), la cual establece lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." No es óbice a la anterior determinación, que en el presente juicio estén inmersos derechos de un menor, pues no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, aun en asuntos que traten sobre menores de edad, ya que la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Además de que, de la lectura de las constancias que integran el presente sumario, en concordancia con el estudio de los actos del juicio de origen, no se desprenden datos que hagan posible presumir que exista un riesgo para el menor, aun y cuando el quejoso señaló que su progenitora Adriana Fernández Moreno Liceo, tenía problemas emocionales y mentales, que era consumidora de sustancias psicotrópicas, que mostraba agresividad con su menor hijo (lo rapó, zarandeó, apretó fuertemente entre sus brazos). Sin embargo, la juzgadora de origen al resolver el depósito judicial solicitado desvirtuó dichas afirmaciones, pues señaló que con el estudio médico de antidoping que presentó la aludida Moreno Liceo, en el que salió negativo a cocaína, anfetaminas y cannabinoides, no demostró que la progenitora consumía sustancias psicotrópicas, por lo que no se acreditó los supuestos de riesgo y peligrosidad que refería el aquí quejoso, de ahí que no se había demostrado la urgencia y la necesidad de la medida. De igual forma, de las probanzas que ofertó la parte quejosa en el presente juicio de amparo se encuentran las imágenes en las cuales, se aprecia unos diálogos que probablemente pudiera tratarse de una conversación ocurrida a través de alguna aplicación de mensajería instantánea, entre dos sujetos, sin que pueda obtenerse la certeza de que la conversación contenida en tales impresiones, haya sido entablada entre el quejoso con la madre del menor de edad de identidad reservada con las iniciales E.M.M., o de Adriana Fernanda Moreno Licea, con algún otro individuo; pues si bien, se advierten algunos nombres y números telefónicos, no se encuentran concatenados con alguna pericial en informática, en la que se identifique el origen de la conversación, así como los interlocutores y su contenido, con el objeto de demostrar la autenticidad de los mensajes y de la comunicación bidireccional. Además, de esas conversaciones no se aprecia alguna afectación de forma física y psicológica al menor de que se habla. Asimismo, de los videos que se encuentran en el dispositivo USB, solo se aprecia a una persona cantando, conviviendo con un menor, que se grabaron a diversas personas de una distancia lejana, y a una persona realizando diversas manifestaciones; sin embargo, de éstas no se puede apreciar alguna afectación de forma física y psicológica al menor de que se habla. En ese tenor, a juicio de quien esto provee, no existe excepción al principio de definitividad; por ende, es exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J 11/2018(10ª.), citada con antelación, de rubro "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". No pasa inadvertido para la suscrita juzgadora la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". Empero, no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en dicha jurisprudencia, pues aún y cuando en la demanda alegue el impetrante de amparo que no se dictó ninguna medida de protección de oficio, como se indicó, de la resolución combatida, como de los datos de prueba que ofertó, entre ellos medios digitales en una USB, no se desprendieron elementos objetivos que sustentaran una situación de riesgo que ameritara presumir la existencia de algún riesgo concreto para el menor en caso de no suspenderse el acto reclamado (como oportunamente lo resolvió la juzgadora natural), requisito necesario para tildar de ineficaz el recurso ordinario por no prever la suspensión. En tales condiciones, debe estarse a la regla general establecida por la propia Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en la precitada jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD"; criterio que establece que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. Abundando el Máximo Tribunal que en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo; postulados que son acordes a la Ley de Amparo vigente. Es de resaltar, que el quejoso es parte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubica en la hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso a) de la fracción y numeral invocados. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, por lo que es evidente que no ésta en un caso de excepción. Asimismo, la procedencia del recurso de reclamación se encuentra previsto de manera expresa y directa en el citado numeral 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, además el capítulo al que refiere dicho precepto trata específicamente del depósito y guarda de personas. Sirve de apoyo, la tesis XVI.2o.C.T.1K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de forma manifiesta e indubitable la improcedencia invocada, prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. ... ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al representante especial del menor de edad de identidad resguardada, electrónicamente a la tercera interesada, por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo de diez de los actuales, en vía de informe indica que en los autos del expediente 1056/2022/VIII, de su índice, se advierte que el menor de identidad resguardada de iniciales E.M.M., se encuentra bajo el resguardo y cuidado de su progenitora Adriana Fernanda Moreno Licea, y que no está bajo el resguardo de su progenitor Omar Sahid Mendoza Arroyo. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la tercera interesada Adriana Fernanda Moreno Licea, el informe que antecede, con el cual acredita que el menor de identidad resguardada de iniciales E.M.M., se encuentra nuevamente bajo su resguardo y cuidado, informe que se deja a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con la que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al juicio de amparo en que se actúa y ofrece pruebas; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de resolver el presente asunto. De igual forma, respecto a las causas de improcedencia que señala la tercera interesada en el escrito de cuenta, provéase lo conducente al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la tercera interesada las constancias del expediente civil ********************, del índice de la responsable, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene como prueba de la parte tercera interesada la consistente en el informe que deberá rendir la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 119 y 75 de la ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días contado a partir de que surte efectos la notificación del presente acuerdo, rinda un informe en el que precise lo siguiente: 1. Si tiene conocimiento que el menor de iniciales ********************, se encuentra bajo el resguardo y cuidado de su progenitora ********************. 2. Indique si el referido menor de iniciales ********************, ya no está bajo el resguardo y cuidado de su progenitor ********************. Apercibida que de no cumplir con lo solicitado en el tiempo y forma concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Respecto a la prueba de informes consistente en que se requiera a la Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de los Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, para que indique sobre la denuncia que presentó la tercera interesada, el uno de septiembre del año en curso, radicándose la carpeta de investigación ********************, con fundamento en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba ofrecida en el presente juicio de amparo, ya que resulta inconducente, pues con ella se pretenden demostrar aspectos que no fueron probados ante la autoridad responsable dentro del procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues de conformidad con el citado precepto, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración aquellas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Ahora, debido a que por acuerdo de dos de octubre del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto a la prueba de inspección judicial ofrecida por ********************, en su carácter de representante especial del menor de identidad resguardada, hasta en tanto se encontrara integrada la litis del juicio en que se actúa, lo que ya aconteció. En consecuencia, en relación con la prueba consistente en la inspección judicial que solicita practique el actuario judicial en el domicilio donde se encuentra el menor de iniciales ********************, y levante el acta correspondiente en la situación en que se encuentra, recabando las observaciones que aprecie en el entorno familiar. Al respecto, si bien en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos mencionados, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y de las contrarias a la moral y al derecho, lo cual pone de manifiesto la rectoría que este procedimiento tiene el principio de máxima apertura, en cuanto a los medios que pueden ofrecerse para acreditar las cuestiones y los hechos fundatorios de las pretensiones de las partes; tal circunstancia, debe considerarse limitada por el diverso principio de economía procesal, con arreglo al cual, ha de estimarse proscrito el desahogo de diligencias innecesarias o inconducentes, como lo serían las que no guarden relación con los hechos o cuestiones que no sean materia de la controversia o que sean inadecuadas por su naturaleza o características para corroborar los enunciados relativos. En ese tenor, la inspección judicial que pretende aportar el representante especial del citado menor, para que el actuario se constituya en el domicilio donde se encuentra el menor, y levante el acta correspondiente a la situación en que se encuentra el menor de iniciales ********************, y recabe las observaciones que aprecie en el entorno familiar, resulta inconducente, pues con ella se pretenden demostrar aspectos que no fueron probados ante la autoridad responsable dentro del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Se afirma lo anterior, debido a que el acto reclamado en el juicio en que se actúa lo es la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente judicial ********************, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante la cual se negó constituir el depósito judicial solicitado por ********************, respecto de su menor hijo de identidad reservada ********************, nombrando como depositaria a ********************, debido a que no se demostró que en ese momento existiera un riesgo inminente que conllevara a poner en peligro al menor de edad. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba de inspección judicial solicitada, ya que de conformidad con el citado precepto, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración aquellas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. ... Asimismo, tampoco se está en el caso de excepción previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, para el ofrecimiento de pruebas, dado que de las constancias que integran el juicio de origen, no se advierte imposibilidad alguna de las partes para que ofrecieran las pruebas que consideraron pertinentes a sus intereses. ... En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba ofrecida en el presente juicio de amparo, consistente en la inspección judicial. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes, personalmente al representante especial del menor de identidad resguarda y vía electrónica a la parte tercera interesada.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al juicio de amparo en que se actúa y ofrece pruebas; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de resolver el presente asunto. De igual forma, respecto a las causas de improcedencia que señala la tercera interesada en el escrito de cuenta, provéase lo conducente al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la tercera interesada las constancias del expediente civil ********************, del índice de la responsable, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene como prueba de la parte tercera interesada la consistente en el informe que deberá rendir la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 119 y 75 de la ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días contado a partir de que surte efectos la notificación del presente acuerdo, rinda un informe en el que precise lo siguiente: 1. Si tiene conocimiento que el menor de iniciales ********************, se encuentra bajo el resguardo y cuidado de su progenitora ********************. 2. Indique si el referido menor de iniciales ********************, ya no está bajo el resguardo y cuidado de su progenitor ********************. Apercibida que de no cumplir con lo solicitado en el tiempo y forma concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Respecto a la prueba de informes consistente en que se requiera a la Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de los Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, para que indique sobre la denuncia que presentó la tercera interesada, el uno de septiembre del año en curso, radicándose la carpeta de investigación ********************, con fundamento en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba ofrecida en el presente juicio de amparo, ya que resulta inconducente, pues con ella se pretenden demostrar aspectos que no fueron probados ante la autoridad responsable dentro del procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues de conformidad con el citado precepto, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración aquellas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Ahora, debido a que por acuerdo de dos de octubre del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto a la prueba de inspección judicial ofrecida por ********************, en su carácter de representante especial del menor de identidad resguardada, hasta en tanto se encontrara integrada la litis del juicio en que se actúa, lo que ya aconteció. En consecuencia, en relación con la prueba consistente en la inspección judicial que solicita practique el actuario judicial en el domicilio donde se encuentra el menor de iniciales ********************, y levante el acta correspondiente en la situación en que se encuentra, recabando las observaciones que aprecie en el entorno familiar. Al respecto, si bien en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos mencionados, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y de las contrarias a la moral y al derecho, lo cual pone de manifiesto la rectoría que este procedimiento tiene el principio de máxima apertura, en cuanto a los medios que pueden ofrecerse para acreditar las cuestiones y los hechos fundatorios de las pretensiones de las partes; tal circunstancia, debe considerarse limitada por el diverso principio de economía procesal, con arreglo al cual, ha de estimarse proscrito el desahogo de diligencias innecesarias o inconducentes, como lo serían las que no guarden relación con los hechos o cuestiones que no sean materia de la controversia o que sean inadecuadas por su naturaleza o características para corroborar los enunciados relativos. En ese tenor, la inspección judicial que pretende aportar el representante especial del citado menor, para que el actuario se constituya en el domicilio donde se encuentra el menor, y levante el acta correspondiente a la situación en que se encuentra el menor de iniciales ********************, y recabe las observaciones que aprecie en el entorno familiar, resulta inconducente, pues con ella se pretenden demostrar aspectos que no fueron probados ante la autoridad responsable dentro del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Se afirma lo anterior, debido a que el acto reclamado en el juicio en que se actúa lo es la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente judicial ********************, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante la cual se negó constituir el depósito judicial solicitado por ********************, respecto de su menor hijo de identidad reservada ********************, nombrando como depositaria a ********************, debido a que no se demostró que en ese momento existiera un riesgo inminente que conllevara a poner en peligro al menor de edad. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba de inspección judicial solicitada, ya que de conformidad con el citado precepto, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración aquellas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. ... Asimismo, tampoco se está en el caso de excepción previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, para el ofrecimiento de pruebas, dado que de las constancias que integran el juicio de origen, no se advierte imposibilidad alguna de las partes para que ofrecieran las pruebas que consideraron pertinentes a sus intereses. ... En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba ofrecida en el presente juicio de amparo, consistente en la inspección judicial. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes, personalmente al representante especial del menor de identidad resguarda y vía electrónica a la parte tercera interesada.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Omar Nieto Castro1108/2018
- Omar Nieto Castro1110/2018
- Omar Nieto Castro99/2018
- Omar Ramírez Fuentes714/2023
- Omar Ramírez Fuentes887/2023
- Omar Rivadeneyra Hernández385/2018
- Omar Soto Carcamo695/2021
- Omar Tellez Palacios274/2020
- Omar Valentín Córdoba801/2021
- Omar Valentín Córdoba949/2021
- Omar Valentín Córdoba649/2021
- Omar Wong Camarillo959/2022