Omar Saavedra Martel
Expediente 1398/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Omar Saavedra Martel
Actuaciones
- Principal
Causa estado y se ordena archivo
- Principal
Vista la razón de cuenta, signada por el actuario de la adscripción, por la cual hace del conocimiento la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso *******, el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en dicha razón. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al citado quejoso el referido proveído, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones personales por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, hasta en tanto, señale domicilio cierto y actual para recibir notificaciones. Nezahualcóyotl, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve aparentemente **********, contra un acto del Comandante del personal de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario y de Reinserción Neza Bordo Xochiaca y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1398/2022-III. Análisis de la procedencia. Del análisis de la demanda, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley en la materia, en relación con el numeral 6, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados ordinales en la parte conducente, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El artículo 6 de la ley en la materia, transcrito en líneas que anteceden, establece que el juicio constitucional siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo que implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le causa molestias en su esfera jurídica. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo promovida en esta instancia, se obtiene que ésta carece de firmas autógrafas de los promoventes, en razón que su ocurso presentado como original, no se desprende signo gráfico alguno, lo que se corrobora con lo asentado por la persona encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en la papeleta correspondiente: "carece de firma del quejoso", así como por la encargada de la Oficialía de Partes de este juzgado en el sello de recepción correspondiente: "Sin firma autógrafa". Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de firma autógrafa tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma autógrafa, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 314, Tomo X, Octubre de 1992, el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". De igual forma, cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". Así como, en lo conducente la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 96, Volumen 175-180, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, pues no se advierte se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Así, tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, providencia precautoria o autos que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, mucho menos se trata de persona extraña al procedimiento o de un auto de vinculación a proceso. Además, se advierte que contra actos del centro Penitenciario y de Reinserción Social existe un recurso destacado, el cual no se encuentra sujeto a interpretación adicional o fundamento legal insuficiente, pues en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla expresamente la posibilidad de interponer recurso de apelación, contra la calificación de traslado, como se explicó. Ahora aun cuando se estimare que el acto reclamado es de los considerados como de imposible reparación, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente, previo a que se agote el principio de definitividad y que cuente con la voluntad de propio quejoso, esto es que inste la instancia de amparo por así, convenir a sus intereses, cuestión que como en el caso en concreto no se advierte ya que los actos reclamados van encaminados a que encargado de dicho Centro Penitenciario permita que internos autogobiernen y que amparados con ello, extorsionen y posiblemente torturen los internos a internos. Cierto, pues estimar lo contrario equivale a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento jurisdiccional, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, pues el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad. Apoya a lo expuesto, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, Materia(s): Penal, Común, Undécima Época, Registro digital: 2023190, de rubro y texto1: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Lo subrayado es propio de este Juzgado de Distrito. En tales condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley en la materia, en relación al numeral 6, de la ley invocada, por tanto, se desecha de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. No es inadvertido para este juzgador, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 3632, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA", pues es claro que dicha circunstancia fue constatada y advertida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl y por la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, al recepcionar dicho ocurso y asentar dicha circunstancia, por consiguiente se reitera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada en líneas que antecede. Designación de domicilio. Toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Bordo, téngase por señalado el centro de reclusión para sus notificaciones. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que, de ser necesario, notifique los autos que deriven del presente juicio, en días y horas inhábiles. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/20202 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Se desecha de plano la demanda.
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