Omar Romero Romero
Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2022
Partes del expediente
- Omar Romero Romero
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***************, POR PROPIO DERECHO, contra actos del Jefe de Gobierno y otras autoridades, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 531/2021-IV, y fórmese el expediente electrónico e impreso correspondiente. Improcedencia El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley de la materia. En ese tenor, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por otra parte, la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.).". Apuntado lo anterior, se advierte que los actos que reclama la quejosa, quien se itera, promueve la demanda por propio derecho (no en representación o a favor de alguien), no afecta el interés jurídico ni legítimo de la solicitante de amparo. Se sostiene lo anterior, toda vez que En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: La posible orden de traslado de ******************, del Centro Penitenciario en Santa Martha Acatitla, a un centro federal de máxima seguridad fuera de la Ciudad de México. Asimismo, la justiciable destaca que dicha persona es su hijo; sin embargo, ello no es suficiente para considerar que tiene interés jurídico o legítimo para acudir al juicio de amparo, pues en el apartado de acto reclamado se advierte que la promovente refiere: "(.) el día 20 de Julio de 2021 aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos, recibí una llamada de mi hijo *************** y me manifiesta que cuando estaba pasando lista le dijeron que iba a ser trasladado a un centro federal fuera de la Ciudad de México.". Por tanto, el acto reclamado no afecta de manera real y actual su esfera jurídica, lo cual pudiera justificar su interés para acudir al juicio de amparo, dado que antes de la presentación de la demanda que dio origen a este asunto, sólo tiene información de que se podrá ejecutar un traslado en contra de su hijo; por lo que, por lo que no hay agravio personal y directo o indirecto en la esfera jurídica de la solicitante de amparo. En efecto, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. De tal forma que existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo; empero, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal prerrogativa y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Empero, como ya se dijo, la quejoso pretende impugnar en esta vía constitucional un acto que aún se dicta, ni incide en su esfera de derechos. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que, el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la especial situación de la justiciable, frente al acto que les atribuye a las autoridades que seña como responsables, la quejosa no acredita fehacientemente su interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y, el cual no debe inferirse con base en presunciones; por lo que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia en estudio. Efectivamente, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, la Primera Sala del Alto Tribunal, consideró que la reforma al artículo 107 de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; pero que tal reforma, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. De ahí que la justiciable, en el caso concreto, carece de interés para reclamar el acto futuro e incierto, que le atribuye a las responsables, ya que para la promoción del juicio constitucional es menester que la autoridad emita una determinación que ocasione una molestia o afectación directa a los derechos de la quejoso, y así se encuentre legitimada para accionar la vía constitucional; empero, si en el caso particular, no impugna en el juicio un acto concreto por parte de la autoridad que le hubiera afectado de manera directa en sus derechos; por ende, es inconcuso que, no le asiste alguna razón suficiente para accionar el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXII, de tal ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizado de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión; y, a las restantes conforme al numeral 24, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a la parte quejosa para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transite y continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a que proporcione a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente.
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