Omar Rodriguez Ortiz
Expediente 1455/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1455/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2022
Partes del expediente
- Omar Rodriguez Ortiz
- Manuel Medina Porras, Apoderado
- Graciela Ortiz Villarroel
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio del Encargado de la Dirección del Hospital Regional Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el treinta de agosto de dos mil veintidós, informa: a) Los estudios médicos realizados a la parte quejosa a fin de llevar a cabo la cirugía oftalmológica necesaria. b) Que la decisión de realizar la cirugía oftalmológica recae en la parte quejosa y del servicio subrogado de córnea necesario. c) Que no es posible la emisión de un calendario de tratamiento, dado que depende del servicio de córnea subrogado. d) Se gestionó a la quejosa una cita de seguimiento para oftalmología para el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las constancias de cuenta de las cuales este órgano jurisdiccional toma conocimiento de las gestiones que la autoridad actuante se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Requerimiento Asimismo, es dable requerir a la autoridad responsable para que, en el término de tres días contado a partir de que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, informe lo siguiente: a) Las gestiones realizadas a fin de obtener el servicio subrogado de córnea necesario para la realización de la cirugía oftalmológica a la parte quejosa. b) Informe las gestiones realizadas a fin de obtener la cita para la valoración por reumatología, que fue solicitada por el servicio de córnea subrogrado. b) Informe los procedimientos tanto administrativos como médicos que faltan por realizar, a fin de que la parte quejosa pueda ser intervenida quirúrgicamente y salvaguardar su integridad física. Apercibimiento. Apercibido que, de ser omiso al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en atención a lo requerido en auto del seis de septiembre del año en curso, remiten copia certificada de la diligencia del veinte de junio del año en curso, desahogada en el juicio laboral *** de la que se desprende que tuvieron verificativo las siguientes probanzas: Inspección ocular, respecto del expediente paraprocesal número *** iniciado por la parte demandada Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. Cotejo y compulsa de la copia certificada del aviso de terminación de relación laboral, de doce de agosto de dos mil veinte. Ambas ofrecidas por la parte demandada [tercera interesada]. Atento a lo anterior, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento decretado en autos. Lo anterior es así, porque mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al Tribunal responsable para que realizara lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, se pronunciara respecto de la prueba de cotejo y compulsa ofrecida por la parte actora [quejosa] a fin de perfeccionar la documental consistente en escrito de fecha uno de octubre de dos mil trece: *** Sin embargo, las constancias que remite la autoridad oficiante versan sobre dos pruebas distintas a la requerida, respecto de las cuales incluso esta autoridad ya tomó conocimiento en auto de once de julio de dos mil veintidós. Requiere nuevamente. En consecuencia, requiérase nuevamente al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla el requerimiento precisado con antelación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Requerimiento: Visto el estado que guardan los autos se advierte que por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla y Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, para que informaran lo siguiente: i). Si el trámite de regularización migratoria que pretende realizar la parte quejosa puede efectuarse físicamente en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. ii). De ser así, indiquen cuál es la documentación necesaria para concluir dicho trámite. iii). Asimismo, señalen si es necesario realizar una cita de manera previa para gestionar el trámite correspondiente, y en caso de ser así, manifiesten el lugar o el medio por el que puede solicitarse la cita. Sin que a la presente fecha se cuente con la información requerida. En tales condiciones, se requiere a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla y Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que reciban el oficio que contenga la transcripción de este proveído, informen: i). Si el trámite de regularización migratoria que pretende realizar la parte quejosa puede efectuarse físicamente en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. ii). De ser así, indiquen cuál es la documentación necesaria para concluir dicho trámite. iii). Asimismo, señalen si es necesario realizar una cita de manera previa para gestionar el trámite correspondiente, y en caso de ser así, manifiesten el lugar o el medio por el que puede solicitarse la cita. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Apercibimiento. Apercibidas que de no cumplir lo ordenado, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracciones II y IV de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo, no fue recurrida; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años de su archivo, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. Por último, devuélvanse los legajos de pruebas a la autoridad responsable. Notifíquese.
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