OMAR RODRIGUEZ LUNA y Otros.
Expediente 1012/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- OMAR RODRIGUEZ LUNA y Otros.
- Erick Vanlleliz Mendoza Ramírez
- ERICK VANLLELIZ MENDOZA RAMÍREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Visto el estado procesal de los presentes autos y de conformidad con lo ordenado en esta data en el expediente principal del que deriva el presente incidente; en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente incidente de suspensión es DESTRUIBLE dado que fue negada tanto la medida cautelar provisional como la definitiva, se decreta que -una vez que transcurran tres años- es susceptible de destrucción. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción.
- Principal
Visto los autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario, Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse sobreseído y carecer de relevancia documental.
- Principal
Vistos los autos, y del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se observa que se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio. De las precisiones realizadas se aprecia la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado. En ese orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, supuesto que se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, lo que deviene en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido, la improcedencia de referencia está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicho derecho le exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, se hace hincapié en que, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXI, y 77, de la Ley de Amparo, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecida la premisa y los alcances de la misma, del análisis en conjunto de la totalidad de las constancias y registros remitidos por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro del Estado de Puebla, las cuales por ser documentos públicos cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en fecha uno de diciembre de dos mil veinte, a las diez treinta horas, en que se programó el verificativo de la audiencia intermedia del acusado Erick Vanlleliz Mendoza Ramírez (y otra), dentro de la referida causa penal que se le sigue por el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico denominado cocaína, previsto y sancionado por' los artículos 1473, fracciones 1, V, VI Y VIII, 474, primer párrafo, 477 y479 de la Ley General del Salud, así como los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado, cometido en agravio de la Sociedad; previo el debate correspondiente entre las partes y verificación de los requisitos de procedencia y oportunidad respectivos, determinó conceder la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso ***. Al respecto, el referido Juez de Control determinó que dicha forma de solución alterna del proceso penal acusatorio habrá de ser por el término de ocho meses -delimitando que dicho plazo fenecerá el treinta de julio de dos mil veintiuno-, y le impuso las condiciones a que se refieren los artículo 195, fracciones I, III, VI, VII, VIII, IX, X y XII del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo cual, decretó también la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta a *** en audiencia inicial de treinta de abril de dos mil veinte; y ordenó por tanto su inmediata libertad. En tal virtud, si el acto reclamado por la parte quejosa era la omisión de celebrar audiencia a efecto de fijar las condiciones bajo las cuales se suspenda el proceso dentro de la causa penal *** respecto del aquí quejoso, es inconcuso que con la determinación de uno de diciembre de dos mil veinte por la que concedió dicha forma de solución alterna del proceso penal acusatorio al quejoso Erick Vanlleliz Mendoza Ramírez, podemos concluir que han cesado los efectos del acto reclamado en la medida que éste desapareció. Ante ello, este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, ya que el acto del cual se dolía el impetrante de garantías desapareció del mundo fáctico y jurídico al haberse celebrado la audiencia en la que se concedió la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso. En ese sentido, la afectación de que se dolía el amparista desapareció y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados. Se insiste en que válidamente cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que la afectación de la que se dolía el impetrante de amparo desapareció, pues la autoridad, aún sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó aquel acto que dio motivo al amparo y repuso a los quejosos en el goce del derecho humano violado. Por lo anterior, el quehacer por parte de la autoridad responsable, es como si se hubiera otorgado el amparo y protección constitucional, por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán. En consecuencia, al advertirse la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de celebrar audiencia a efecto de fijar las condiciones bajo las cuales se suspenda el proceso dentro de la causa penal ***. Por tanto, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional, señalada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; lo cual, hágase del conocimiento de las partes.
- Principal
Vistos los autos, se advierte que con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, se interrumpió el trámite regular del presente asunto del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en términos de las Circulares SECNO/8/2021 SECNO/9/2021, y SECNO/10/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, y de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, con vigencia a partir del tres de agosto de este mismo año, que establece los lineamientos bajo los cuales deben reanudarse los juicios; así como en los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que amplían la vigencia del primero; y la Circular SECNO/10/2021, en su fracción II, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reactiva el trámite en este expediente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio signado por la Secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ***, registrado como 9/2021. Ahora, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,713 expedientes
- OMAR RAFAEL VICTORIA GOMEZ y Otros.36/2023
- OMAR RAFAEL VICTORIA GÓMEZ y Otros.922/2022
- Omar Rafael Victoria Gomez1409/2022
- Omar Rafael Victoria Gómez1133/2023
- OMAR RAMOS RAMIREZ y Otros.665/2018
- Omar Ramos Ramirez327/2018
- Omar Vazquez Lopez889/2018
- Oneal Jose Uribe Longa849/2019
- ONESIMO FLORES CARDOSO y Otros.692/2018
- ONESIMO FLORES CARDOSO y Otros.1231/2019
- Onésimo Flores Cardoso144/2023
- ONÉSIMO FLORES CARDOSO y Otros.222/2021