Omar Ricardo Vazquez

Expediente 1130/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1130/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En Veracruz
  • Omar Ricardo Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó este juicio de derechos fundamentales; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó este asunto y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintinueve de diciembre de dos mil veinticuatro. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada; por lo que en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veintinueve de diciembre de dos mil veinticuatro. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintinueve de junio de dos mil veintidós. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el término concedido a al quejoso Omar Ricardo Vázquez, así como al asesor jurídico federal Héctor Marcelo Vásquez, representante especial de la menor quejosa, mediante acuerdo dictado el doce de julio del año en curso, mediante el cual se apercibió para que dicha parte compareciera ante este juzgado a recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos correspondientes al emplazamiento de la tercero interesada Xóchitl Peña Mora, por lo que en caso de no hacerlo se sobreseería en el presente juicio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso artículo 27, fracción III, inciso "b", segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, pues la falta de publicación de los edictos ordenados en autos para emplazar al tercero interesado impide constituir la relación procesal constitucional; y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión producto de una actitud contumaz, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizarlo, se atenta contra el principio de prontitud en la impartición de justicia y por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden constitucional, como de la legislación citada. Aunado a que la parte quejosa no se encuentra dentro de la hipótesis sostenida en la fracción III, inciso "c", del ordinal 27 de la Ley de Amparo, ya que no manifestó su imposibilidad económica para pagar la publicación de los edictos, ni acreditó dicha circunstancia, por lo que al no referir los motivos por los cuales no podía realizar el emplazamiento a través de ese medio, ni aportar medio de convicción del cual se pudiera advertir tal hecho, es que este juzgador considera, no se trata de una persona de escasos recursos, respecto de la cual se pueda ordenar de oficio la publicación de los edictos decretados a costa del Consejo de la Judicatura Federal, pues ni siquiera lo hizo valer. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de junio de dos mil dos, con registro digital 186587, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, Novena Época, Materia Común, bajo el rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Así como la tesis I.10o.P.1 K (10a.) con número de registro digital 2013988, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2702, Décima Época, Materia Común, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por configurarse la hipótesis en estudio...

  3. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el término concedido a al quejoso Omar Ricardo Vázquez, así como al asesor jurídico federal Héctor Marcelo Vásquez, representante especial de la menor quejosa, mediante acuerdo dictado el doce de julio del año en curso, mediante el cual se apercibió para que dicha parte compareciera ante este juzgado a recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos correspondientes al emplazamiento de la tercero interesada Xóchitl Peña Mora, por lo que en caso de no hacerlo se sobreseería en el presente juicio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso artículo 27, fracción III, inciso "b", segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, pues la falta de publicación de los edictos ordenados en autos para emplazar al tercero interesado impide constituir la relación procesal constitucional; y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión producto de una actitud contumaz, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizarlo, se atenta contra el principio de prontitud en la impartición de justicia y por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden constitucional, como de la legislación citada. Aunado a que la parte quejosa no se encuentra dentro de la hipótesis sostenida en la fracción III, inciso "c", del ordinal 27 de la Ley de Amparo, ya que no manifestó su imposibilidad económica para pagar la publicación de los edictos, ni acreditó dicha circunstancia, por lo que al no referir los motivos por los cuales no podía realizar el emplazamiento a través de ese medio, ni aportar medio de convicción del cual se pudiera advertir tal hecho, es que este juzgador considera, no se trata de una persona de escasos recursos, respecto de la cual se pueda ordenar de oficio la publicación de los edictos decretados a costa del Consejo de la Judicatura Federal, pues ni siquiera lo hizo valer. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de junio de dos mil dos, con registro digital 186587, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, Novena Época, Materia Común, bajo el rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Así como la tesis I.10o.P.1 K (10a.) con número de registro digital 2013988, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2702, Décima Época, Materia Común, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por configurarse la hipótesis en estudio...

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el pasado doce de julio del año en curso se acordó lo relativo a emplazar a la tercera interesada Xóchitl Peña Mora por edictos, haciendo del conocimiento de la parte quejosa que contaba con el término de veinte días para comparecer ante este Juzgado de Distrito a recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos de referencia, con el apercibimiento que de no realizarlo en los términos señalados, se sobreseería el presente juicio por falta de interés en su prosecución. Sin embargo, no se advierte que se haya realizado la notificación personal del referido acuerdo a Héctor Marcelo Vásquez, representante especial de la menor quejosa en el presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que conforme al artículo 8o. de la ley de la materia, se debe garantizar la intervención activa en el proceso del representante especial de un menor, de lo contrario, se dejaría a aquél en estado de indefensión, se ordena notificar personalmente el referido acuerdo de doce de julio del presente año al representante especial de la menor quejosa, para los efectos legales procedentes en el presente juicio.

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