Omar Reynaldo Reta Almanza

Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Omar Reynaldo Reta Almanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Se declara que el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    . Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial el acuerdo de diecinueve de julio del mes y año en curso (foja 128), se advierte que se tuvo al Coordinador de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Norte I, con sede en esta ciudad, remitiendo copias auténticas de la carpeta de investigación 00629/PIN/ATDIN/2018, iniciada en contra del aquí quejoso ***, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. Mediante comparecencia de once de junio de la anualidad en curso (foja 2), ***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables siguientes: Denominación: 1. Comandante de la Policía Fuerza Coahuila Grupo de Reacción. Ciudad. 2. Encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social. Región Norte I. Ciudad. 3. Delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Región Norte I. Ciudad. 4. Director de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. 5. Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Por el acto reclamado, consistente en la privación ilegal de la libertad ejecutada en su contra. Al respecto, mediante acuerdo de once de junio del año en curso (fojas 3 a 8), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 425/2018; se requirió por conducto de la Actuaria de la adscripción, la búsqueda y en su caso, la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano el acto reclamado. En esa tesitura, de la constancia de notificación de doce de junio del año en curso (foja 12), se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. Además, la Actuaria hizo constar que al interrogarlo si fue objeto de maltrato, golpes, tortura o incomunicación manifestó que no (foja 14), por lo que únicamente se tuvo como acto reclamado la detención de que fue objeto. III. Admisión. Mediante acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 16 a 20), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Informe. Ahora bien, el Coordinador de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Norte I, con sede en esta ciudad, remitiendo copias auténticas de la carpeta de investigación 00629/PIN/ATDIN/2018, iniciada en contra del aquí quejoso ***, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro; de donde se desprende que siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio del año en curso, el Agente del Ministerio de Atención Temprana con Detenido Cuarto Turno Piedras Negras, decretó la libertad del referido quejoso, conforme al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se advierte del oficio que obra a foja 74 de autos: Para su cumplimiento, envió oficio al Inspector de la Agencia de Investigación Criminal del Estado en la Región Norte I, en esta ciudad, quien lo recibió en la propia fecha, a las veinte horas (foja 75): Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". V. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende, actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de su libertad; sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que la Agente del Ministerio Público de Atención Temprana con Detenido del Cuarto Turno, de esta ciudad, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio del año en curso, decretó la libertad del aquí quejoso ***, lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Audiencia Constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para once horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 141). VII. Promoción. Agréguese a los autos únicamente para que conste, el oficio signado por el Delegado de la Fiscalía General del Estado Región Norte 1, con sede en esta ciudad, y en virtud de lo acordado en líneas precedentes, devuélvase a la oficiante el anexo que acompañó a su comunicación, consistente en un disco compacto denominado "DVD", lo anterior, por no corresponder con los datos del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio que remite el Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de Estado en la Región Norte I, con sede en esta ciudad, a través del cual y en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecinueve de los actuales, informa que esa dependencia no tiene la facultad para llevar a cabo una certificación, en cuanto a las constancias relativas a lo ordenado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio de trece de junio del año en curso, respecto a la libertad del aquí quejoso ***, ya que indica, que las mismas se encuentra dentro de la carpeta de investigación 00629/PIN/ATDPIN/2018, a cargo del Agente del Ministerio Público de la Mesa de Detenidos. En consecuencia, este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 75 de la ley de Amparo, estima necesario requerir al Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con detenidos de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte I, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de su notificación, se sirva remitir constancia certificada con la que se acredite que el quejoso ***, fue puesto en libertad. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, o no informar la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 , fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

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