Omar Reyna Avila
Expediente 1225/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
Partes del expediente
- Omar Reyna Avila
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por ---, como autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le notifique la sentencia dictada en el presente expediente y si fuere el caso, se realice vía electrónica; veinticinco de mayo de dos mil veinte. VISTOS; para resolver el juicio de amparo 2483/2019, promovido por CIM Arandas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado --, contra actos del Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el once de noviembre de dos mil diecinueve, CIM Arandas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Alejandro Valdos Tawil, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSBALES 1) El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía. 2) La Secretaría de Economía. 3)La comisión Federal de Competencia Económica. 4)La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. IV. NORMA GENERAL Y ACTOS RECLAMADOS 1)Del Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía.- La emisión de la regulación o norma general publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2019, denominada "Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la JUICIO DE AMPARO 2483/2019 Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba". 2)De la Secretaría de Economía.- La promulgación de la regulación o norma general denominada "Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) de la Norma Oficial Mexicana NOM199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2019". 3)Del Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía.- La emisión de la regulación o norma general publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil diecisiete, denominada "Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba". Siendo el primer acto de aplicación de esa norma general, la entrada en vigor del Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2019. 4)De la Secretaría de Economía.- La promulgación de la regulación o norma general denominada Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Siendo el primer acto de aplicación de esa norma general, la entrada en vigor del Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2019. 5)De la Comisión Federal de Competencia Económica.- La omisión del ejercicio de su obligación de garantizar la libre competencia y concurrencia, ya que no ha emitido opinión alguna respecto del análisis de impacto regulatorio del acto reclamado, ni se ha pronunciado al respecto hasta la fecha, incumpliendo con las atribuciones que le fueron otorgadas en el artículo 28 de la Constitución Federal, no obstante que la norma general consistente en el acto reclamado violenta derechos fundamentales. 6)De la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.- La emisión del Dictamen Final contenido en el oficio CONAMER/19/3541 de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente número 03/0023/230518 correspondiente a la propuesta regulatoria denominada "Propuesta de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicasDenominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba", en las que se concluye resolver aún incumpliendo lo dispuesto en los artículos 6, 7 fracciones I, III, V y X, 8 fracciones I, III de la Ley General de Mejora Regulatoria.". SEGUNDO. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que mediante auto de trece de noviembre del año pasado, la registró bajo expediente 1674/2019, y además, se declaró incompetente para conocer de la demanda de referencia, y en consecuencia remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en que se aceptó la competencia planteada, ordenó registrarla bajo el expediente 2483/2019, y se avocó al conocimiento; la JUICIO DE AMPARO 2483/2019 demanda se admitió a trámite por auto de veintinueve siguiente, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; solicitó informe justificado a las autoridades responsables y señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 52, fracciones III y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza del acto reclamado debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los JUICIO DE AMPARO 2483/2019 juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: Del Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía: La emisión de la regulación o norma general publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, denominada "Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba". El procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) de la Norma Oficial Mexicana NOM199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. La emisión de la regulación o norma general publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil diecisiete, denominada "Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicasDenominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba". Del Secretario de Economía: La promulgación de la regulación o normas generales mencionadas. De la Comisión Federal de Competencia Económica: La omisión del ejercicio de su obligación de garantizar la libre competencia y concurrencia, ya que no ha emitido opinión alguna respecto del análisis de impacto regulatorio del acto reclamado, ni se ha pronunciado al respecto hasta la fecha, incumpliendo con las atribuciones que le fueron otorgadas en el artículo 28 de la Constitución Federal. De la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: La emisión del Dictamen Final contenido en el oficio CONAMER/19/3541 de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente número 03/0023/230518 correspondiente a la propuesta regulatoria denominada "Propuesta de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicasDenominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba". Precisión que se formula con apoyo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son: El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810. JUICIO DE AMPARO 2483/2019 que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director General de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia Económica, y a la Secretaría de Economía, pues al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 118 y 132), negaron los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario para desvirtuar esa negativa. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, porque, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admite su existencia y aducen su constitucionalidad, mas no, cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y JUICIO DE AMPARO 2483/2019 enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Por tanto, al no existir el acto que el justiciable reclama a dicha autoridad; procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo respecto del mismo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados al Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y, así como los reclamados a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ya que así lo aceptaron al rendir su informe justificado (folios 94 y 139). Publicada en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Además, la certeza del acto que se reclama, se corrobora con las constancias del legajo de pruebas que acompaña al sumario constitucional, de las que se advierte que esa autoridad emitió la determinación reclamada; pruebas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser actuaciones realizadas por autoridades competentes en ejercicio de funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo que además se corrobora con la publicación de las normas impugnadas en el Diario Oficial de la Federación, que constituye un hecho notorio que puede invocarse de oficio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Máxime que, tratándose de actos relativos al proceso de creación de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no necesita probarse su existencia en autos, pues basta que estén publicados en un órgano de difusión oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el citado órgano tiene por objeto dotar de publicidad al Consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995. JUICIO DE AMPARO 2483/2019 acto de que se trate, lo que determina que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 65/2000,5 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, contenido y datos de localización: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, ya que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico. El citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La norma transcrita establece, entre otras cosas, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por el artículo 107, fracción I, constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Constitución Federal y produce una afectación real y JUICIO DE AMPARO 2483/2019 actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho. En otras palabras, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo actos u omisiones resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia I. 1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, Diciembre de 1992, página 35, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.". En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto u omisión que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto u omisión, o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación al momento de la promoción del amparo. Como se dio noticia, la parte quejosa, por una parte, solicitó amparo, contra la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, "Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que contiene los puntos 4.5 y 4.6 que señalan la obligación de sujetar a las bebidas alcohólicas destiladas, licores, cremas, cócteles y bebidas alcohólicas preparadas, al proceso de certificación establecido en el numeral 5 de dicha regulación, en su carácter de normas autoaplicativas, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor; así como, la emisión del procedimiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil diecisiete, denominado "Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba, siendo su primer acto de aplicación la primera norma publicada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, para que sea procedente el amparo promovido contra leyes con motivo de su vigencia, como en el caso, se requiere que las disposiciones establecidas en la norma combatida afecten algún derecho legalmente reconocido al gobernado desde el momento en que entra en vigor, es decir, que queda inmediatamente vinculado a su observancia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho, caso en que la disposición de que se trate será autoaplicativa o de individualización incondicionada. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, que a la letra dice: Por tanto, para determinar si las normas reclamadas afectan algún derecho legalmente reconocido al gobernado desde el momento en que entran en vigor, es necesario verificar si lo vinculan a su observancia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho en su esfera jurídica de derechos. De ahí que, a juicio de este juzgador en el caso la parte quejosa está obligada a demostrar el interés jurídico que dijo le asiste para acudir a la vía constitucional que nos ocupa, y no solamente un interés legítimo, al tratarse de normas que por su naturaleza requieren la afectación en un derecho subjetivo protegido por una norma objetiva. Tan es así que el propio artículo 107, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regular lo relativo a la declaratoria general de inconstitucionalidad de normas, excluye de dicho supuesto a las normas generales en materia tributaria, precisamente porque para su impugnación y consecuente beneficio de la protección de la Justicia Federal se requiere la promoción de un juicio de amparo en que se demuestre la afectación a un derecho sustantivo protegido por una norma objetiva, es decir, la existencia de interés jurídico. Precisado lo anterior, es oportuno traer a colación los puntos 3.1, 4.4 y 4.5, previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, "Bebidas alcohólicas - Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba", establen lo siguiente: 3.10. interesado Persona física o moral, que solicita la certificación de las bebidas alcohólicas que se encuentran en el campo de aplicación de la NOM199-SCFI-2017 4.4. Bebidas alcohólicas destiladas Para el caso de las bebidas alcohólicas destiladas el interesado debe seguir lo establecido en el capítulo 5, y presentar ante el OCP, lo siguiente: a) Declaración de conformidad, conforme al A.0. del Apéndice A. b) Informe de resultados, conforme a A.1, del Apéndice A. c) Etiqueta, conforme al A.2. del Apéndice A. d) Dictamen técnico y autenticidad de las bebidas alcohólicas, conforme al A.3. del Apéndice A. e) Cuando se solicite la Certificación mediante el Sistema de Calidad, debe presentar copia del Certificado del Sistema de calidad en el que se incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas acreditado y aprobado. Para el caso de las bebidas alcohólicas destiladas importadas, del inciso d) del presente apartado, podrán demostrar su cumplimiento mediante: i. carta del fabricante conforme al Apéndice D, y ii. certificado o documento emitido por la autoridad competente, que cumple con las especificaciones del país de origen, según su legislación, por ejemplo: Certificado de libre venta del país de origen o su equiva lente. NOTA 3. Para el detalle de la información requerida, consultar el Apéndice A Normativo. NOTA 4. En caso que, el certificado o documento emitido por la autoridad competente se presente en un idioma distinto al español, éste debe ir acompañado de su traducción simple al español. 4.5. Licores o cremas, cocteles, bebidas alcohólicas preparadas Para el caso de los licores o cremas, cocteles, bebidas alcohólicas preparadas, el interesado debe seguir lo establecido en el capítulo 5, y presentar ante el OCP, lo siguiente: a) Declaración de conformidad, conforme al A.0. del Apéndice A. b) Informe de resultados, conforme a A.1, del Apéndice A. c) Etiqueta, conforme al A.2. del Apéndice A. d) Dictamen técnico y autenticidad de las bebidas alcohólicas, conforme al A.3. del Apéndice A. e) Cuando se solicite la Certificación mediante el Sistema de Calidad, debe presentar copia del Certificado del Sistema de calidad en el que se incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas acreditado y aprobado. Para el caso de los licores, cocteles y bebidas alcohólicas preparadas importadas, del inciso d) del presente apartado, podrán demostrar su cumplimiento mediante: i. carta del fabricante conforme al Apéndice D, y ii. certificado o documento emitido por la autoridad competente, que cumple con las especificaciones del país de origen, según su legislación, por ejemplo: Certificado de libre venta del país de origen o su equivalente. NOTA 5. Para el detalle de la información requerida, consultar el Apéndice A Normativo. NOTA 6. En caso que, el certificado o documento emitido por la autoridad competente se presente en un idioma distinto al español, éste debe ir acompañado de su traducción simple al español. De la anterior transcripción se puede advertir que, la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, encuentra dirigida a las personas físicas o morales que solicitan la certificación de bebidas alcohólicas, como lo son las destinadas, licores o cremas, cocteles, bebidas alcohólicas preparadas, para lo cual, el interesado debe seguir lo establecido en los puntos 4.4 y 4.5, y presentar ante el Organismo de Certificación de Producto (OCP), la declaración de conformidad, conforme al A.0. del Apéndice A; el informe de resultados, conforme A.1., del JUICIO DE AMPARO 2483/2019 Apéndice A; etiqueta, conforme al A.2., del Apéndice A.; el dictamen técnico y autenticidad de las bebidas alcohólicas conforme al A.3. del apéndice A; y, cuando se solicite la certificación mediante el sistema de calidad debe presentarse copia certificada del sistema de calidad en el que se incluya la línea de producción expedido por un organismo de certificación para sistema acreditado y aprobado. Ahora bien, la parte quejosa aduce que, es una persona moral que lleva a cabo la actividad económica consistente en la producción, fabricación y envasamiento de bebidas alcohólicas, de las cuales, produce el licor de agave marca Jarapé. Conforme a las explicaciones dadas, es posible establecer que, como la parte quejosa combate la normatividad reclamada con motivo de su vigencia, la procedencia del juicio está condicionada a que acredite ser destinatario de ésta, al menos, al momento de la promoción de la demanda, es decir, debió demostrar contar con autorización, permiso o licencia que le haya autorizado explotar el giro comercial vigente consistente en la producción, fabricación y envasamiento de licor de agave, lo anterior, para que se tenga certeza que se encuentra obligada a la certificación de bebidas alcohólicas, como lo son las destinadas, licores o cremas, cocteles, bebidas alcohólicas preparadas, conforme a los puntos 4.4 y 4.5, de la norma oficial impugnada. Ahora, de las constancias de autos se advierten las pruebas siguientes: 1. Copia certificada del trámite de Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja, ingresado en nueve de noviembre dieciséis, ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Delegación Jalisco. Copia certificada de la constancia de inscripción en el padrón de bebidas alcohólicas del registro federal de contribuyentes RFC, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de seis de agosto de dos mil dieciocho. Copia certificada de la constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Copia certificada del acta número cuatrocientos cincuenta y uno, pasada por el Corredor Público número setenta y cuatro de la plaza del Estado de Jalisco. Copia certificada de la póliza número ciento ochenta y ocho, pasada por el Corredor Público número setenta y cuatro de la plaza del Estado de Jalisco. Copia certificada de la póliza número doscientos treinta, pasada por el Corredor Público número setenta y cuatro de la plaza del Estado de Jalisco. Las pruebas documentales antes relacionadas son insuficientes para demostrar que la parte quejosa se ubica en los supuestos normativos de las disposiciones reclamadas, en virtud de que con éstas sólo acredita que es una persona moral legalmente constituida, su objeto social, que quien promueve este juicio de amparo tiene legitimación para hacerlo. Además, con dichas constancias, también acredita que se encuentra inscrito en el padrón de contribuyentes con el giro de bebidas alcohólicas, y que se cuenta con constancia de situación fiscal; y que inició el trámite de Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja, ingresado en nueve de noviembre dieciséis, ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Delegación Jalisco, en la cual se advierte que dicho aviso no constituye autorización, permiso ni licencia sanitaria, Sin embargo, con dichas documentales no justifica que la parte quejosa cuente con autorización, permisos sanitarios o licencias en las que le hayan autorizado explotar el giro comercial vigente consistente en la producción, fabricación y emvasamiento de licor de agave. Así las cosas, al efectuar el análisis pormenorizado de las constancias referidas, quien resuelve, arriba a la conclusión de que, ya sean en lo individual o en conjunto, es insuficiente para acreditar el interés jurídico, ello es así, pues la parte quejosa no acredita que, se ubica en los supuestos normativos de las disposiciones reclamadas, esto es, que la parte quejosa realice la actividad económica consistente en la producción, fabricación y envasamiento de bebidas alcohólicas, de las cuales, dice producir el licor de agave marca Jarapé. Por tanto, si la parte quejosa no demuestra ser productor de bebidas alcohólicas, consecuentemente, no está acreditado que la sociedad quejosa resintió en su esfera jurídica los efectos de las disposiciones controvertidas, pues no acredita su interés en los términos antes señalados. Por lo que, como la parte quejosa omitió aportar diversos medios de prueba que acreditara contar con con autorización, permisos sanitarios, licencias vigentes para la actividad económica consistente en la producción, fabricación y envasamiento de bebidas alcohólicas, en términos de las disposiciones reclamadas, al menos al momento de la promoción de la demanda, se concluye que no está probada la afectación que resintió en su esfera jurídica por la vigencia de las disposiciones controvertidas. Como no está acreditado el interés jurídico para promover el juicio contra la vigencia de las disposiciones impugnadas se concluye que es improcedente pues, como ya se vio, no está fehacientemente probado en autos que la empresa quejosa haya resentido alguna afectación por su entrada en vigor, pues no probó que las disposiciones aquí reclamadas que regulan la actividad económica consistente en la producción, fabricación y envasamiento de bebidas alcohólicas, le cause afectación alguna. Visto el resultado al que se llegó, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto de los artículos aquí reclamados, toda vez que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, del propio ordenamiento. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos reclamados a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, consistente en la emisión del Dictamen Final contenido en el oficio CONAMER/19/3541 de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente número 03/0023/230518 correspondiente a la propuesta regulatoria denominada "Propuesta de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba"; ya que al ser parte del procedimiento de creación de la norma oficial mexicana, no puede desvincularse su análisis. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio,
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el acta levantada por el Actuario Judicial de este órgano jurisdiccional, mediante el cual, hace constar que no le fue posible cumplir con lo ordenado en acuerdo de trece de octubre pasado, en el sentido de notificar y emplazar a la tercero interesada ---, por los motivos que expone en la misma. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable JUEZ SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, para que dentro del término de tres días contados a partir de aquel en que se le notifique el presente proveído, comunique si en los archivos del expediente 1205/2019, se encuentra registrado el domicilio actual de la tercera interesada --- bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 244, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Omar Ochoa Gutierrez1041/2020
- Omar Ochoa Gutiérrez2518/2018
- Omar Orozco Coria128/2022
- Omar Orozco Coria704/2022
- Omar Orozco Coria1402/2021
- Omar Orozco Coria1494/2020
- Omar Rios Lopez281/2022
- Omar Ruiz Flores51/2018
- Omar Ruiz Flores692/2023
- Omar Ruiz Flores1330/2023
- Omar Ruiz Flores1755/2023
- Omar Ruiz Flores1955/2018