Omar Reyes Hernández

Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
913/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Omar Reyes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    El auto de veintidós de octubre de la anualidad que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la autoridad a través del cual devuelve diligenciado el exhorto; por tanto, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por *********, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta urbe y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo *********. Ahora bien, de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: "Lo constituye la orden de traslado, expedida y ejecutada por las autoridades responsable en fecha 16 de Octubre del presente año, en agravio del quejoso, ya que sin existir fundamento ni competencia y sin que se respetara el debido proceso se ejecutó la orden de traslado mi ***** del Reclusorio Preventivo Varonil Norte al CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 15.". Ahora, a efecto de pronunciarse respecto la procedencia del juicio es conveniente mencionar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese sentido, el arábigo 6° de la ley de la materia, dispone: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Así también, el numeral 15 del ordenamiento legal citado en último término, dice: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad..." Mientras que el precepto 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:"Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales..." De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada; por ello, la representación de quien acude a la vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos previamente anotados, esto es, debe promoverse directamente por la persona a quien le afecte la norma general o el acto reclamado; pudiendo ser por conducto de su representante legal o apoderado, o bien, en materia penal, por conducto de su defensor. Además, existe la posibilidad de que la acción constitucional se promueva por cualquier persona; pero debe estar ceñida a la actualización de los supuestos que la propia ley determina, entre ellos, los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Partiendo de esa premisa, conviene precisar cuáles son los actos reclamados, por la parte promovente: La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte al Centro Federal de Reinserción Social número 15 en Tapachula, Chiapas. En el caso, del ocurso que se provee, no se advierte que se actualice alguno de los supuestos a que aluden los citados artículos, para la procedencia de la interposición de la demanda por conducto de un tercero, pues si bien es cierto el numeral 6° dispone que el juicio podrá ser promovido por conducto de representante, ello no debe entenderse de manera aislada, sino vinculada, atendiendo a una interpretación sistemática de los preceptos de la Ley Fundamental, con el arábigo 15 de la ley de la materia. En tales condiciones, toda vez que en el presente caso no se desprende que el inconforme se halle impedido para hacer valer la acción constitucional por sí mismo, es inconcuso que para efectos de su tramitación, quien suscribe el escrito de mérito no se encuentra legitimada para efectuarlo a nombre de *****. Y, si bien es cierto como ya se dijo el artículo 15 de la ley de la materia dispone que cuando el peticionario se encuentre imposibilitado para promover amparo podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, ello no debe entenderse de manera indiscriminada, sino atento con el señalamiento de los actos reclamados, a saber, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal; circunstancias que efectivamente le permitirían que fuera diversa persona quien, en su representación, promoviera el presente juicio; sin que de ello se advierta alguno de los actos y hechos señalados que imposibiliten al directo quejoso promover la demanda de amparo. Además, es importante mencionar que de la lectura íntegra de la demanda inicial, no se advierte que el directo quejoso se encuentre imposibilitado jurídica o materialmente para acudir ante la Justicia Federal, a solicitar directamente la protección constitucional. Razón por la cual, en el caso queda en evidencia que no concurren ambos supuestos y en ese sentido, al no advertirse que el directo inconforme se halle impedido para redactar, firmar y hacer llegar a este órgano de control, por conducto de algún tercero, el escrito mediante el cual solicita la protección constitucional, es inconcuso que no se actualizan los extremos contemplados en el artículo 15 de la legislación de la materia, a efecto de que diversa persona promoviera en su nombre. En ese sentido, al inadvertirse la voluntad expresa de la parte promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6° de la ley de la materia. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 113, en relación con los arábigos 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO el ocurso de garantías de que se trata. Máxime que de la lectura integral de la demanda no se advierte que el quejoso se encuentre en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal.

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