Omar Ramón Figueroa
Expediente 1703/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1703/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Omar Ramón Figueroa
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de noviembre de dos mil veinte. Se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar, el escrito del quejoso OMAR RAMÓN FIGUEROA. En atención a su contenido, se procede acordar lo siguiente: Como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2- hágase devolución de las documentales que refiere, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal. Se tiene por autorizado para recibir dichas documentales a David Hernández Méndez. En el entendido que la entrega de la documentales y copias certificadas se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales", además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Omar Ramón Figueroa contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Sur Poniente y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1703/2019-IV, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: Respecto de los actos reclamados al Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, debe precisarse que dichos actos consistente en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve a través del cual se le cita a la audiencia de formulación de imputación, vinculación a procesos e imposición de medidas cautelares dentro de la causa penal JCJ/695/2019 y su notificación. Si bien el quejoso señaló como acto reclamado la audiencia de formulación de imputación, vinculación a procesos, imposición de medidas cautelares señalada para las once horas del doce de diciembre de dos mil diecinueve; sin embargo, dicho acto no lo reclama por vicios propios (pues incluso no se ha llevado a cabo) sino su inconstitucionalidad la hace depender del acuerdo de citación y notificación, por lo que no constituye un acto destacado. Ahora bien respecto del referido auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve y su notificación, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora bien, a efecto de establecer la actualización de la referida causal de improcedencia es necesario precisar que conforme al artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. Asimismo en términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Luego, para determinar si procede o no el juicio de amparo, debe partirse de que el acuerdo que ordena la citación para audiencia inicial y su notificación es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio. Partiendo de esa premisa, debe establecerse que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. Sin embargo, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión "Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: "I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; "II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna." En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas "La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. "En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor." En este sentido, el acuerdo que ordena la citación para audiencia inicial y su notificación por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de actos que tienen como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que el acuerdo de citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, y su notificación por sí mismas, no son actos que afecten su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por tanto, el acuerdo de citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales y su notificación, son actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. Las anteriores consideraciones tienen apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2018828, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común y Penal, página 239 del rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, respecto a los actos reclamado al Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consistentes en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve a través del cual lo cita a la audiencia de formulación de imputación, vinculación a procesos e imposición de medidas cautelares dentro de la causa penal JCJ/695/2019 y su notificación. Por otra parte, el suscrito juzgador considera que respecto del acto reclamado consistente en la consignación penal decretada por el Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Sur Poniente, se advierte la actualización causal de improcedencia prevista en elos artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la intelección de las citadas porciones legales, tenemos que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso de forma real y actual. Luego, podría decirse que el amparo sólo procede contra actos que a la presentación de la demanda, existan y estén afectando la esfera jurídica del quejoso. En el caso, el quejoso se duele de la consignación penal decretada por el Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Sur Poniente. Sin embargo, debe decirse que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ministerio Público al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, si bien actúa como autoridad, por tanto, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, entre los que se encuentran el desahogo de diligencias, que no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara por la autoridad Ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Bajo ese tenor, se sigue que no procede el amparo cuando se reclama del Ministerio Público la averiguación realizada, pues dicha circunstancia corresponderá resolverla al Juez de Control, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, consistente en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Lo anterior, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado ya que sólo funge como parte de una etapa procesal. Luego, al no existir perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica de la persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente, como en el caso. Es aplicable por las razones que contiene la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." Así como la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, correspondiente a la Décima Época, del siguiente rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Y la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2017560, cuyo rubro es el siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS." Por lo antes narrado, debe indicarse que las actuaciones de la institución del Ministerio Público relativas a la integración de la carpeta de investigación antes citada, así como la denuncia penal, no afecta sus intereses jurídicos o legítimos de forma real y actual. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, respecto al acto reclamado al Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Sur Poniente. Por las razones expuestas, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Omar Ramón Figueroa contra actos del al Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Sur Poniente, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Se tienen como autorizados a las personas propuestas en los términos indicados en la demanda de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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