Omar Ramírez Fuentes
Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Omar Ramírez Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el asesor jurídico de la parte quejosa Benjamín Ayala Romero, por el cual promueve incidente de nulidad de notificaciones, en relación a la sentencia dictada en este juicio; al efecto, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por infundado el incidente propuesto, por las razones que enseguida se exponen. Refiere el promovente: Que la sentencia dictada en este juicio de amparo debió notificarse personalmente al quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y también a él como defensor público federal; que ello es una necesidad jurídica que obedece a la congruencia lógica de administración de justicia, partiendo de la base de que si fue el propio quejoso quien acudió al juicio de amparo, independientemente de que esté asistido del defensor público federal, debió notificársele personalmente la decisión final. Que en términos de lo establecido en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, esta autoridad cuenta con la potestad de notificar personalmente la resolución final, lo que debió hacerse para potenciar la seguridad jurídica del quejoso, sobre todo atendiendo al escenario jurídicamente negativo que representa para el quejoso la sentencia adversa a sus intereses. Estima que la notificación hecha al quejoso por lista de la sentencia es contraria a lo establecido en la Ley de Amparo al igual que la omisión de notificarle personalmente como abogado. Son jurídicamente ineficaces tales argumentos y por ende, la notificación por lista de la sentencia, se estima ajustada a derecho. En primer término, debe establecerse que en este juicio de amparo, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda y se tuvo por reconocido el carácter de defensor público a Benjamín Ayala Romero, a quien se ordenó notificarle personalmente en el domicilio que señaló la radicación de la demanda y la fecha señalada para la audiencia constitucional (veinticinco de mayo de dos mil veintidós). Posteriormente, compareció a este juicio y solicitó se le realizaran las notificaciones vía electrónica. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional en la que se sobreseyó en el juicio y tal determinación se ordenó notificar por lista en los términos ahí descritos. En ese sentido, es claro que la notificación por lista a la parte quejosa de la sentencia dictada en su fecha es legal, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo, específicamente en su artículo 27, de donde se evidencia que a las personas privadas de su libertad, que designen representantes o autorizados en el juicio de garantías, las resoluciones pueden notificárseles por medio de lista o personalmente, a juicio del juzgador. Ahora bien, la audiencia constitucional es el último acto procesal en el juicio de garantías que prevé diversas actuaciones, tanto del juzgador como de las partes, las que se realizarán a través de los periodos sucesivos que la integran, pues en este acto procesal, se ofrecen, admiten y desahogan pruebas, se formulan los alegatos y, finalmente se dicta la sentencia que proceda. Si la sentencia respectiva se dicta en una fecha diversa a la de la celebración de la audiencia, la misma debe notificarse personalmente a las partes procesales a fin de generar certeza jurídica, ya que si en el mismo día no se concluye la audiencia constitucional, en virtud de que la sentencia se dicta en una fecha diversa, sería injusto obligar a las partes a que estén constante e indefinidamente pendientes en un tribunal, esperando una resolución. En cambio, cuando la sentencia se pronuncia en la misma fecha en que se inició la audiencia constitucional, no existe una razón que haga necesario que se notifique personalmente, pues si con oportunidad se notificó a las partes la fecha en que tendría verificativo la audiencia constitucional, y la sentencia se pronuncia en la misma fecha, la falta de conocimiento del contenido de la sentencia sería imputable a las partes interesadas y no al juzgador. Por ello, si la sentencia de amparo se notificó por lista a la parte quejosa por así haberse ordenado en la misma y el agraviado designó a un asesor jurídico; es claro que la notificación cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley, porque la notificación es un acto dotado de plena validez jurídica que no puede invalidarse o perder eficacia, ya que respeta los objetivos primordiales de la notificación, consistentes en dar a conocer al interesado la resolución del juzgador y fijar un punto de partida para el cómputo del plazo de las actuaciones procesales. Máxime que se hizo personalmente del conocimiento del asesor la fecha señalada para la audiencia constitucional y en la que se resolvió el juicio. De lo infundado de la incidencia planteada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 22/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012801, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 36, de rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO SE DICTE EN LA MISMA FECHA EN QUE SE INICIÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUNQUE SE HAYA CERRADO EL ACTA CORRESPONDIENTE. Si se parte de la base de que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional constituye una diligencia sin solución de continuidad que consta de tres periodos, a saber, el de pruebas, el de alegatos y el de dictado de la sentencia, etapa última que, por razones legales y prácticas, puede llevarse a cabo en la misma fecha o en una diversa, se concluye que la acepción "sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional" contenida en el artículo 26, fracción I, inciso e), de la citada ley, para efectos de los supuestos en que debe ordenarse su notificación personal, debe entenderse referida a los casos en que la sentencia se hubiera dictado en fecha diversa a aquella en que se levantó el acta de audiencia, interpretación relacionada con la finalidad de las notificaciones personales de generar certeza jurídica a las partes, ya que si en el mismo día no se concluye la audiencia constitucional por haberse dictado la sentencia en una fecha diversa, sería injusto obligarlas a estar constante e indefinidamente pendientes en espera de la resolución de su asunto. En cambio, cuando la sentencia se pronuncia en la misma fecha en que se inició la audiencia constitucional, aun cuando el acta respectiva se cierre hasta antes del dictado de la sentencia con las firmas de las partes que hubieran intervenido en la diligencia y el fallo se emita en un documento diferente, no existe una razón que haga necesaria su notificación personal salvo que el juzgador lo considere necesario y haga uso de la facultad que le otorga el inciso k) de la fracción I del artículo 26 citado, pues si se notificó oportunamente a las partes la fecha en que tendría verificativo la audiencia constitucional, la falta de conocimiento de dicha resolución sería imputable a éstas y no al juzgador (máxime que en esta hipótesis no se les vincula a estar permanentemente en espera de la resolución)". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, la constancia que remitió al momento de rendir su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 132/2022, promovido por Omar Ramírez Fuentes, en contra del acto reclamado al juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, en caso de que se superen los motivos de inconformidad, consiste en determinar si la resolución judicial de uno de julio de dos mil veintiuno por la que se calificó de legal el traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Pancho Viejo, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, trasgrede los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 Constitucional. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Juan Ramírez Juárez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Omar Ramírez Fuentes, en contra de la incomunicación, desaparición forzada y/o peligro de privación de la vida, que atribuyó al director General de Readaptación Social zona 1, de Xalapa, Pancho Viejo, Coatepec, Veracruz y otras autoridades. En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, se radicó la citada demanda de amparo con el consecutivo 494/2021, en ese auto se decretó la suspensión de oficio en relación a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y se ordenó la ratificación de la demanda por el directo quejoso. Mediante diligencia de tres de julio de dos mil veintiuno, el quejoso ratificó la demanda de amparo presentada a su favor y el tres de agosto siguiente, se admitió a trámite la misma, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Al rendir su informe justificado, el juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz, informó que el uno de julio de dos mil veintiuno, calificó de legal el traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Pancho Viejo Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; por ello, en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó requerir al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la citada demanda de amparo contra el referido acto. Ese acuerdo se notificó al impetrante mediante exhorto en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno y ante la manifestación que hizo en el sentido que sí era su deseo ampliar dicha demanda, el cinco de enero de dos mil veintidós, se ordenó dar trámite a la ampliación de demanda en relación al juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz, y al director del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Posteriormente, en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se declinó competencia legal a favor del Juzgado de Distrito con sede en la ciudad de Oaxaca, para que conociera de la citada orden de traslado reclamada en ampliación de demanda y su ejecución, que se atribuyó al juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz, y al director del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito negó aceptar la competencia declinada y ante la insistencia del juez remitente, se radicó el conflicto competencial 5/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, que por ejecutoria de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, resolvió la competencia legal a favor de este Juzgado de Distrito. En acato a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, el veinte de abril de dos mil veintidós, se continuó con el trámite del juicio de amparo, dándose la intervención legal, al representante social de la Federación y al estar integrado para resolver, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la ejecución del acto reclamado, culminó en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, esto es, dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele la quejosa, es lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz. La resolución de uno de julio de dos mil veintiuno dictada en la causa penal 177/2021, por la cual se calificó la legalidad del traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Pancho Viejo Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social número 13, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. director del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. El cumplimiento material de esa determinación. Es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así también, conforme a la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de los actos reclamados, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Número 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz y al director del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Lo anterior, porque así se advierte de las constancias que anexó la primera de las referidas autoridades, deducidas de la causa penal 177/2021, entre las que destaca la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, que calificó de legal el traslado involuntario de Omar Ramírez Fuentes, dictada por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número 13, con residencia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Antes de examinar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se deberá sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para ello, que se haya admitido de la demanda de amparo, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, sobre todo cuando su acreditación fehaciente deriva del trámite del juicio. Al respecto, es aplicable la tesis 3ª. XX/93, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, de registro 206745, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, Página 22, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. El artículo 145 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, pero de ello no se deriva que, una vez admitida, el juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia." En el caso concreto, este órgano jurisdiccional advierte que el juicio de amparo es improcedente toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme consintió tácitamente el acto reclamado, al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días; b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: a) A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; b) A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A aquél en el que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o del acto que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional examinada porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que el titular de la acción constitucional haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En el presente asunto la parte quejosa reclama del juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz, la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno dictada en la causa penal 177/2021, por la cual se calificó la legalidad del traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Pancho Viejo Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social número 13, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Esa determinación, se notificó a Omar Ramírez Fuentes, en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, el cuatro de julio siguiente, como se evidencia de la constancia que obra en la página 181 del citado legajo de pruebas deducido de la causa penal 177/2021. Diligencia en la que se le especificó la determinación que se le notificó y en la que incluso se le hizo saber el plazo legal con el que contaba para impugnarla conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Luego, si el quejoso tuvo conocimiento de esa actuación en la data indicada, entonces el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió del cinco al veintitrés de julio del dos mil veintiuno. En ese sentido, si el quejoso manifestó su interés de impetrar la acción constitucional contra dicho acto hasta el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional se promovió fuera del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese lapso y la de presentación de la demanda de amparo transcurrieron más de quince días hábiles, lo que conduce a establecer que el disidente consintió tácitamente la resolución reclamada y su ejecución al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito de los actos reclamados. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." Asimismo, sirve de apoyo también a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 219095, que a la letra dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por otro lado, en contra de la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Xalapa Veracruz, en la que se calificó de legal el traslado del quejoso verificado el treinta del mismo mes y año, procede el recurso de apelación, en términos del penúltimo párrafo del artículo 52 y del diverso 132, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales literalmente disponen: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario.} En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Énfasis añadido. "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." Énfasis añadido. Como se puede apreciar, existe disposición expresa de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el sentido de que toda resolución en la que un juez del orden penal califique la legalidad de la determinación administrativa de traslado ordenada por una autoridad penitenciaria, será recurrible a través del recurso de apelación. En ese orden, la determinación que reclama el quejoso que calificó de legal la orden administrativa de traslado emitida en contra del aquí impetrante, no es un acto definitivo, pues resulta inconcuso que esa determinación, es recurrible a través del recurso de apelación, previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. Al no haberse agotado dicho recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se estima que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste, se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. Lo anterior se encuentra robustecido con la tesis aislada I.6o.P.133 P (10a.)6, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Tesis encontrada en la página 2645, tomo IV, materia común penal, enero de 2019, registro 2018918, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, lo anterior encuentra en la tesis aislada I.6o.P.156 P (10a.)7, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SU NATURALEZA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, ES LA BASE PARA DETERMINAR LA APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.) estableció, respectivamente, que este tipo de traslado, si se ejecuta sin intervención de la autoridad judicial, no puede considerarse como un acto dentro del procedimiento, por lo que la demanda de amparo en su contra podrá interponerse en el plazo excepcional previsto en el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia; y, que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, aun cuando sólo afecte la libertad personal de manera indirecta. La importancia de estos criterios radica en la diferenciación que realizan de la orden de traslado en la que interviene una autoridad judicial en materia penal, de aquellos emitidos y ejecutados únicamente por autoridades administrativas. De ahí que el Juez de Distrito, al decidir sobre la admisión de la demanda, deberá establecer el tipo de traslado reclamado con base en el capítulo V del título segundo, en donde se encuentran los artículos 49 a 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que los clasifica, sistematiza su procedimiento y prevé los medios de impugnación que proceden en su contra, como lo son el traslado voluntario de la persona privada de su libertad dentro del territorio nacional (artículo 50); el traslado involuntario de la persona privada de la libertad procesada o sentenciada (artículo 51); y, el traslado por excepción al involuntario de personas privadas de la libertad (artículo 52). Tal diferenciación no es vana, pues además de ser materia de ponderación tanto para efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, como para determinar el tipo de suspensión de la orden de traslado, también es parámetro para colegir la procedencia, o no, del juicio de amparo conforme al principio de definitividad, que lo rige, pues dependiendo del asunto específico, será la hipótesis de improcedencia que pudiera actualizarse conforme al artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, que analiza dicho principio diferenciando entre las resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (fracción XVIII), de los actos de autoridades distintas a los tribunales antes mencionados (fracción XX)." Tesis encontrada en la página 2340, tomo III, materia común penal, febrero de 2020, registro 2021558, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No pasa inadvertido para quien ahora resuelve el hecho de que el artículo 52, en su párrafo penúltimo de la citada legislación, en su redacción señala que "se podrá interponer el recurso de apelación", utilizando el vocablo "podrá"; sin embargo, ello no implica que sea potestativo para los quejosos agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dicha locución no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino a la posibilidad que tiene de recurrir o no la resolución aquí reclamada; de ahí la exigencia de agotar tal medio de impugnación previo al ejercicio de la acción de amparo. En ese tenor, resulta aplicable la tesis aislada 1a./J.148/20078 sustentada por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." 8 Tesis ubicada en la página 355, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común-penal, registro 170455, Novena Época de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Finalmente, debe destacarse que en este caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exento de agotar el medio de impugnación aludido en esta determinación, antes de acudir al juicio de amparo. Se estima lo anterior, pues los actos que se reclaman no se encuentra dentro del catálogo de actos establecido en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de la materia; tampoco se trata de alguno que implique una afectación a la libertad del quejoso en virtud de que el recurrente se encuentra interno en un centro de reclusión en prisión preventiva, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, esto es, antes de que se llevara a cabo el traslado del que se duele; tampoco se trata la determinación reclamada de un auto de vinculación a proceso, ni el solicitante del amparo comparece a esta instancia como tercero extraño al procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada, por ser él quien detenta el carácter de procesado. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Cabe agregar que la particular circunstancia de que se consideren actualizadas las causales de improcedencia examinadas, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador estableció, que para solicitar la protección de la justicia federal primero se debía agotar los medios ordinarios de defensa; de tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo considere que dicha acción se ejerció sin agotarse tales recursos ordinarios, sí imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo; ni se deja en estado de indefensión al promovente, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Así, la actualización de las causas de improcedencia invocadas, impide emprender el análisis de aspectos de fondo, tal como lo establece la jurisprudencia que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por O*********, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
-E- MESA VII. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el escrito de cuenta, signado por Benjamín Ayala Romero, defensor público del quejoso Omar Ramírez Fuentes, por el que designa como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta; asimismo, proporciona el usuario "33profeta", para los mimos efectos, por lo que, instrúyase a la analista jurídica adscrita a este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones correspondientes, en el entendido de que se autorizan las notificaciones electrónicas en este asunto a la parte quejosa a través del usuario en mención. De igual manera, deberá autorizar el acceso electrónico de este asunto al citado usuario. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por el defensor público, el cual únicamente es para comunicaciones no procesales. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Omar Olea Méndez1087/2016
- Omar Olea Méndez507/2017
- Omar Olea Méndez306/2017
- Omar Olea Méndez941/2017
- Omar Pérez Jiménez1226/2021
- Omar Pineda Alonso y Otros.359/2015
- Omar Ricardo Cruz Vicente1889/2016
- Omar Ricardo Cruz Vicente232/2020
- Omar Ricardo Cruz Vicente1851/2016
- Omar Rosales Hernández277/2023
- Omar Rosales Hernández361/2023
- Omar Rosales Hernández727/2020