Omar Pavel García García

Expediente 288/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
288/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Omar Pavel García García
  • Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el catorce de junio del año en curso, radicándolo bajo el número 261/2019; para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ********************; visto su contenido, se le tiene cumpliendo en tiempo con el requerimiento formulado en auto de tres de julio del año en curso; por tanto, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de éstos, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo en Turno del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Omar Pavel García García; a fin de proveer sobre el recurso de revisión que interpone, con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes al en que se le notifique este proveído, exhiba dos copias más de su escrito de agravios, para correr traslado a todas y cada una de las partes; pues en el caso son dos para las autoridades responsables, una para el expediente, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y una para el Representante Social adscrito al Tribunal Colegiado que conocerá del recurso; siendo un total de cinco copias, y únicamente exhibió tres, con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el término que se indica, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 288/2019; R E S U L T A N D O: PRIMERO.- OMAR PAVEL GARCÍA GARCÍA, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y a la Coordinación de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistentes en: "El mandamiento de ejecución número 333222021901061, de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Coordinadora de Cobro Coactivo, dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; el requerimiento de pago y embargo realizado el seis de marzo de dos mil diecinueve, así como el crédito 39396 en cantidad total de $2012.53, por concepto de multa impuesta por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de la que nunca fui notificado." Que estimó violatorios de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- En proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, este juzgador admitió la demanda de mérito, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales; 1º., 6º., 107, 108 y 124 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO.- Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO.- La Directora de lo Contencioso dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Coordinadora de Cobro Coactivo de dicha dependencia, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados (fojas 27-36). Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados (fojas 52-54); posteriormente en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado rectificó el mismo y convino en su existencia (fojas 67-89). Lo que además se corrobora con las constancias remitidas, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO.- Previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en el expediente. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La multa impuesta por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, controlada con el número de crédito 39396 por la cantidad de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos, con ochenta centavos, M.N.), que con sus actualizaciones y gastos de ejecución asciende a la cantidad total de $2012.53 (dos mil doce pesos con cincuenta y tres centavos M.N.), y su ejecución. QUINTO.- Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior".". En principio, es necesario precisar que la causa de improcedencia que se invoca descansa bajo la idea de que siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta que a éste sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, siempre que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, a efecto de no transgredir el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, ya que de lo contrario se incurriría en el abuso del juicio de amparo. En ese orden de ideas, de la transcripción del referido precepto legal y para que se actualice tal causa de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que tales actos deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; c) Que dichos actos, sean susceptibles de ser suspendidos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal; d) Que la citada suspensión se otorgue sin exigir mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independiente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, y e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; y si la autoridad responsable en el informe justificado señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará esta excepción al principio de definitividad. Particularmente, debe señalarse que como ya se estableció, en contra de los actos reclamados suscritos por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistente en la multa controlada con el número de crédito 39396 por la cantidad de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos, con ochenta centavos, M.N.), que con sus actualizaciones y gastos de ejecución asciende a la cantidad total de $2012.53 (dos mil doce pesos con cincuenta y tres centavos M.N.), al no haber dado cumplimiento con el requerimiento formulado por el Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial, mediante los oficios números SCTG/SRT/DRSP/133/2017 y SCTG/SRT/DRSP/169/2017, de seis y dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente, mediante los cuales se solicita al quejoso en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, diversa documentación que en dichos oficios se especifica, en el término de tres días con el apercibimiento que de no hacerlo, le impondría multa por la cantidad de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos, con ochenta centavos M.N.), de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, la que se hizo efectiva en veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, debió hacer valer el recurso con que contaba para impugnarlo, en el caso, el recurso de revocación o impugnarla directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, que establece: LEY DE RESPONSABIMUNICIPIOS DE OAXACA "Artículo 79.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por esta Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso, en los términos que establezcan las disposiciones respectivas. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. La resolución que se dicte con motivo de la sustanciación del recurso de revocación será inimpugnable." Asimismo, los artículos 79 Bis, 80 y 81 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, establecen: "Artículo 79 Bis.- la tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes: I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, debiendo acompañar copia de la resolución y constancia de la notificación de la misma, así como el ofrecimiento de las pruebas supervinientes que considere necesario rendir; II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso, dentro de los diez días contados a partir del día de la presentación del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución. Las pruebas admitidas, se desahogarán en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del auto admisorio, que a solicitud del procesado o de la autoridad podrá ampliarse una sola vez por cinco días hábiles más; y III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, debiendo notificarla al interesado." "Artículo 80.- La interposición del recurso de revocación, suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si así lo solicita el promovente, conforme a las reglas siguientes: I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevengan las leyes fiscales del Estado; II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos: a).- Que se admita el recurso; b).- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra del recurrente, y c).- Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicio al interés social o al servicio público." "Artículo 81.- Las resoluciones que hayan sido recurridas ante la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno y que hayan sido revocadas o las impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hayan sido anuladas o modificadas y que causen ejecutoria, ordenarán a la institución pública en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones recurridas o impugnadas, en los términos en que se haya resuelto, sin perjuicio de lo que establecen otras Leyes. Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior. No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia. Las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrán ser impugnadas por la Contraloría, la Auditoría y por los Órganos de Control Interno competentes que corresponda." Dichos preceptos disponen que los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en dicha Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como en la especie ocurre, toda vez que al aquí quejoso le fue impuesta la multa de que se trata en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca. Luego si, en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la multa controlada con el número de crédito 39396 por la cantidad de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos, con ochenta centavos, M.N.), que con sus actualizaciones y gastos de ejecución asciende a la cantidad total de $2012.53 (dos mil doce pesos con cincuenta y tres centavos M.N.), impuesta por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, es inconcuso que, contra esa determinación podía optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarla directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de ahí que, al no agotar el aludido medio de defensa, y acudir al juicio de amparo, no da cumplimiento al principio de definitividad. Resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De igual manera, apoya a la anterior determinación, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 986, consultable en la página 678, Tomo VI, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Aunado a que no opera en la especie ninguna excepción contenida en el último párrafo de la fracción XX, del numeral 61 de la anotada ley, pues el acto de la autoridad responsable se encuentra fundado, ya que la responsable al emitir el acto que se reclama invocó los preceptos legales que estimó aplicables al caso (fojas 77 y 78); tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución en relación con el acto que reclama, pues de la lectura de la demanda de garantías se advierte que también se reclaman violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. Asimismo tampoco se advierte de la lectura del informe justificado de la responsable que haya pretendido fundar o motivar los actos reclamados, por lo que tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del ordinal 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, acorde a lo establecido por el diverso numeral 63, fracción IV de la propia ley. Por consiguiente, al decretarse el sobreseimiento en esta sentencia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su demanda de amparo, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia en el juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Aunado a lo anterior, para este órgano jurisdiccional, en el caso específico también se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda fue presentada de manera extemporánea. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." En efecto, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, que en el caso es de quince días, los cuales, de acuerdo el artículo 18 de la citada legislación, se contarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De autos, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 81). Luego, si la demanda de amparo se presentó el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, como se aprecia de la boleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y del sello fechador, tal presentación resulta extemporánea. No obsta que el quejoso manifestara en su ocurso de demanda que conoció del acto reclamado el seis de marzo de dos mil diecinueve, cuando se presentó a su domicilio una persona con el objeto de llevar a cabo un requerimiento de pago y embargo del crédito número 39396 por concepto de una multa impuesta por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pues dicha manifestación se confronta con el oficio de notificación número SCTG/SRT/DRSP/264/2017, expedido por el Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en la que se hizo de su conocimiento el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en el que se le impone una multa de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos con ochenta centavos M.N.), de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, al no haber cumplido con lo solicitado en el diverso oficio SCTG/SRT/DRSP/169/2017, de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicita al quejoso en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, diversa documentación que en dicho oficio se especifica, por lo que desde que se hizo sabedor del oficio de notificación recibido en su domicilio oficial que lo enteró de la multa impuesta, ya tenía pleno conocimiento de los hechos o conducta que se le atribuye y que motivaron el procedimiento de ejecución de que se duele. Sirve como ilustración la Jurisprudencia 79 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 103, cuyo tenor es: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Lo que se robustece con el oficio 4C/4C.3/1109/2017 de treinta de marzo de dos mil diecisiete (fojas 83 y 84), suscrito por el quejoso en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, dirigido al Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el que en lo que interesa manifestó: ".En razón de lo anterior, solicito a usted deje sin efecto el acuerdo por el que hace efectivo el apercibimiento e impone multa por la cantidad de $1,460.80 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.), en virtud de que no he sido omiso en la atención a sus requerimientos, ya que estos fueron canalizados en tiempo y forma al área correspondiente." Luego, por lo menos desde ese momento tuvo conocimiento pleno de la existencia del acto que por esta vía combate, de ahí que sea evidente la actualización de la causa de improcedencia en estudio. En las relacionadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas en esta sentencia, lo que procede es sobreseer en el juicio. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman, dado que no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por OMAR PAVEL GARCÍA GARCÍA, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

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