Omar Paredes Cordero

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Omar Paredes Cordero

Actuaciones

  1. Principal

    L. 5 San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. No hay documentos originales. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    L. 5 San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Petición. La autoridad responsable Dirección General Jurídica y de lo Contencioso del Ayuntamiento de Puebla, por conducto de quien la representa, realiza lo siguiente: a.- Rinde su informe justificado; y, Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Autoridad responsable. 1.- Dirección General Jurídica y de lo Contencioso del Ayuntamiento de Puebla D.- Acto reclamado. 1.- La omisión de tramitar y resolver el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio de diecisiete de junio de dos mil veintidós. Sobreseimiento por cesación de efectos. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de tramitar el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio 1412210918000928 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que el siete de julio de dos mil veintidós, fue radicado el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio *** Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse admitido a trámite el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio de diecisiete de junio de dos mil veintidós. Sobreseimiento respecto de la omisión de resolver el recurso de revisión. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Caso concreto. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causal establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior, es necesario invocar los artículos 9 y 10 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, que establecen el procedimiento para la resolución del recurso administrativo de revisión: De los citados numerales se desprende que la Dirección Jurídica dentro del término que no excederá de cinco días hábiles a partir de la fecha de interposición del recurso, pondrá a la vista del recurrente, por tres días hábiles, el informe que rinda la autoridad en relación al recurso interpuesto, así como los anexos que acompañe al mismo. Luego, dicha Dirección Jurídica abrirá un periodo de pruebas por un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que dio a conocer al promovente el informe rendido por parte de la autoridad responsable, en el que proveerá sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en tiempo y las pruebas supervinientes y recibirá en audiencia los alegatos que se presentaran por escrito. La Dirección Jurídica calificará las pruebas y podrá ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer. Posteriormente, se resolverá en definitiva el recurso dentro del término que no excederá de un mes contado a partir de la fecha de desahogo de la audiencia. En la especie, como ya se dijo, la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso del Ayuntamiento de Puebla, informa y acredita que en acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, admitió a trámite el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el cual radicó con el número lo que fue notificado a la parte quejosa el veintisiete de julio siguiente. Luego, la autoridad responsable solicitó informe al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla, el cual lo rindió el dos de agosto del año en curso, por lo que se dio vista a la parte quejosa, tal como se advierte de las constancias que anexa la autoridad a su informe justificado. De lo narrado se concluye que el expediente número no guarda estado para dictar la resolución correspondiente, pues quedan pendientes por desahogar las etapas relativas a pruebas y alegatos. Ergo, la omisión reclamada es inexistente porque la autoridad responsable no se encuentra en condiciones de emitir la resolución por encontrarse pendiente la etapa de desahogo de pruebas y alegatos. Por tanto, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado y no hay posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la inexistencia, en función de que la autoridad responsable no se encuentra en posibilidades de subsanar la omisión reclamada, dada la etapa procesal en la que se encuentra el recurso administrativo de revisión. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) O C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 16 DE AGOSTO DE 2022: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Petición. La autoridad responsable Dirección General Jurídica y de lo Contencioso del Ayuntamiento de Puebla, por conducto de quien la representa, realiza lo siguiente: a.- Rinde su informe justificado; y, b.- Ofrece pruebas (disco compacto). c.- Señala domicilio para oír y recibir notificaciones. d.- Designa delegados. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Sobreseimiento por cesación de efectos. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de tramitar el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio 1412210918000928 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de??????? improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia.?????? Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que el siete de julio de dos mil veintidós, fue radicado el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio 1412210918000928. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse admitido a trámite el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio 1412210918000928 de diecisiete de junio de dos mil veintidós. Sobreseimiento respecto de la omisión de resolver el recurso de revisión. Sobreseimiento por inexistencia. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante dos escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1. Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2. En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso administrativo de revisión en contra del acta??????? de infracción con folio 1412210918000928 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causal establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo2. Para evidenciar lo anterior, es necesario invocar los artículos 9 y 10 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, que establecen el procedimiento para la resolución del recurso administrativo de revisión: "Artículo 9. La Dirección Jurídica dentro del término que no excederá de cinco días hábiles a partir de la fecha de interposición del recurso, pondrá a la vista del contribuyente, por tres días hábiles, el informe que rinda la autoridad en relación al recurso interpuesto, así como los anexos que acompañe al mismo. Recibido el expediente, y habiendo puesto a la vista del recurrente el informe rendido por la autoridad, la Dirección Jurídica abrirá un periodo de pruebas por un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que dio a conocer al promovente el informe rendido por parte de la autoridad responsable, en el que proveerá sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en tiempo y las pruebas supervinientes y recibir en audiencia los alegatos que se presentaran por escrito. La Dirección Jurídica calificará las pruebas y podrá ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer. Artículo 10. La Dirección Jurídica resolverá en definitiva dentro del término que no excederá de un mes contado a partir de la fecha de desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 9 de este ordenamiento." De los citados numerales se desprende que la Dirección Jurídica dentro del término que no excederá de cinco días hábiles a partir de la fecha de interposición del recurso, pondrá a la vista del recurrente, por tres días hábiles, el informe que rinda la autoridad en relación al recurso interpuesto, así como los anexos que acompañe al mismo. Luego, dicha Dirección Jurídica abrirá un periodo de pruebas por un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que dio a conocer al promovente el informe rendido por parte de la autoridad responsable, en el que proveerá sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en tiempo y las pruebas supervinientes y recibirá en audiencia los alegatos que se presentaran por escrito. La Dirección Jurídica calificará las pruebas y podrá ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer. Posteriormente, se resolverá en definitiva el recurso dentro del término que no excederá de un mes contado a partir de la fecha de desahogo de la audiencia. En la especie, como ya se dijo, la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso del Ayuntamiento de Puebla, informa y acredita que en acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, admitió a trámite el recurso administrativo de revisión en contra del acta de infracción con folio 1412210918000928 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el cual radicó con el número 124/2022; lo que fue notificado a la parte quejosa el veintisiete de julio siguiente. Luego, la autoridad responsable solicitó informe al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla, el cual lo rindió el dos de agosto del año en curso, por lo que se dio vista a la parte quejosa, tal como se advierte de las constancias que anexa la autoridad a su informe justificado. De lo narrado se concluye que el expediente número 124/2022 no guarda estado para dictar la resolución correspondiente, pues quedan pendientes por desahogar las etapas relativas a pruebas y alegatos. Ergo, la omisión reclamada es inexistente porque la autoridad responsable no se encuentra en condiciones de emitir la??????? resolución por encontrarse pendiente la etapa de desahogo de pruebas y alegatos. Por tanto, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado y no hay posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la inexistencia, en función de que la autoridad responsable no se encuentra en posibilidades de subsanar la omisión reclamada, dada la etapa procesal en la que se encuentra el recurso administrativo de revisión. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

  4. Principal

    7) A U D I E N C I A... C O N S T I T U C I O N A L. (...) Al no existir diligencia pendiente, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional y se turnan los autos para dictar sentencia

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