Omar Palma Mendez
Expediente 198/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/08/2017
Partes del expediente
- Omar Palma Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve el expediente 198/2017, un anexo, y remite testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión 124/2017; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el juicio de garantías, promovido por Omar Palma Méndez, contra los actos que reclamó del Subsecretario de Sistema Penitenciario y Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; ambas de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad y del juez Vigésimo Primero Penal de esta ciudad, precisados en el resultando primero de este fallo." En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinte de febrero de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. En otro contexto, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado en apoyo al informe justificado de la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse. Finalmente, por lo que hace al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual se acusa recibo del oficio 29142 de doce del mes y año en curso, por medio del cual se remitió el juicio de amparo del que deriva este expediente, con el original del ocurso de interposición de recurso y expresión de agravios, así como copia de éste para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho tribunal y un anexo. Asimismo, se informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada el veintisiete de abril del año en curso, quedando registrado bajo el orden R.P. 124/2017. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido de Ares Lezama López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el escrito de cuenta, firmado aparentemente por el quejoso -ya que aun sin tener conocimientos expertos, es evidente que la firma que calza tal ocurso difiere notoriamente de las diversas estampadas en las notificaciones personales-, mediante el cual el justiciable interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del ocurso de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del escrito de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. No obstante que no se exhibieron copias suficientes del escrito de cuenta, obténganse las necesarias para correr traslado a todas las partes, pues el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso, aunado a que éste se encuentra privado de su libertad y no cuenta con autorizados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre 2004, de rubro siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE POR INTERPUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COPIAS DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE ES EL QUEJOSO, DEFENSOR O AUTORIZADO Y EL ACTO RECLAMADO IMPLICA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 198/2017, promovido por Omar Palma Mendez, contra los actos reclamados del subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la parte quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del mismo día de su presentación, se registró la demanda con el orden 218/2017, y se previno al quejoso a efecto de que señalara de manera correcta los actos que por esta vía reclama, una vez desahogado lo anterior, en proveído de catorce de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al órgano jurisdiccional responsable; se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados son: La orden de traslado y su ejecución, que atribuyó de las autoridades responsables subsecretario de Sistema Penitenciario y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; ambas de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad; y La autorización del juez Vigésimo Primero Penal de esta ciudad, después de haber sido ejecutado dicho acto. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo a dicho comunicado; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que bajo el orden 278 aparece publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". No obstante la certeza de tales actos, es innecesario analizar el fondo del asunto, al advertirse que en la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XIV, y XXI, de la ley reglamentaria, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, resulta necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del caso, consistentes en: - Mediante oficio SG/SSP/3175/2016 de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, el subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en atención al diverso SJ/8985/16, suscrito por el subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, autorizó el traslado del quejoso y otros, del citado centro preventivo al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de esta ciudad, por Medidas de Seguridad Institucional, situación que al parecer fue previamente valorada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro de reclusión, en sesión Vigésima Quinta Ordinaria de dos mil dieciséis; autoridad que fundó y motivó su resolución en los siguientes términos: ".con fundamento en los artículos 18° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9° fracción XII, 26°, 64° fracción XI, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, 1°, 2°, 7° fracción VI, 15° fracción I, 71°, 73°, 88° fracción IV y 90° de la Ley de los Centros de Reclusión para el Distrito Federal, se autoriza el traslado por MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL de los internos que se indican del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, siempre y cuando no exista impedimento legal alguno o cuenten con alguna suspensión provisional o definitiva en contra de la ejecución material de traslado; así como también tengan suspensión de plano en vía de amparo directo en contra de sentencias de segunda instancia. No.- NOMBRE 3.- OMAR PALMA MENDEZ .ATENTAMENTE EL SUBSECRETARIO.". - Por oficio SG/SSP/3269/2016 de veintiocho de junio siguiente, el subsecretario indicado informó al juez responsable que se realizó el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, por medidas de seguridad institucional, solicitándole se pronunciara definitivamente respecto del mismo. - Mediante diverso sin número de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, dicho juzgador comunicó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de esta ciudad que autorizaba el traslado en definitiva del peticionario de amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado señalado en el inciso b), la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Por su parte, los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Por tanto, si se advierte de constancias que el acto reclamado consistente en "la autorización del juez Vigésimo Primero Penal de esta ciudad, después de haber sido ejecutado dicho acto", no es uno de los señalados por excepción en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, no es un acto emitido fuera de procedimiento, como lo indicó el quejoso en su demanda de amparo, ya que al existir pronunciamiento de una autoridad judicial, como se advierte del contenido del proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en que el juez responsable autorizó el traslado en definitiva del peticionario de amparo, es claro que dicho acto fue dictado dentro de procedimiento, al margen que dicho procedimiento se haya realizado incorrectamente, como se advierte de la relatoría de hechos que precede en líneas anteriores, así como de los vicios que este contenga. Expuesto lo anterior, si el quejoso fue notificado de dicho proveído el mismo día de su emisión -veinticinco de julio de dos mil dieciséis-, como se advierte de la foja 891 del anexo I de pruebas, mientras que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el siete de marzo de dos mil diecisiete, es evidente que resulta extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 de la ley de la materia, como anteriormente se dijo. Ello es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o (sic) proceso o libertad". De ahí que el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional respecto de la resolución combatida, inició el veintiséis de julio de dos mil dieciséis y feneció el dieciséis de agosto siguiente; por lo que es inconcuso que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta, ya que la demanda se presentó el siete de marzo de este año. Es aplicable por identidad jurídica el criterio aislado emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, en razón de que el artículo 71 que se menciona en dicha tesis es de igual contenido al numeral 57 del código adjetivo de la materia, cuyos rubro es: "NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL. SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRACTICAN". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte del numeral 17, fracción IV, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto impugnado, es decir, el proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en el que el juez responsable autorizó el traslado en definitiva del peticionario de amparo, dictado en los autos de la causa penal 29/2010, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el aludido numeral 17 de la ley de la materia. Consecuentemente, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de dicho ordenamiento, respecto del acto y autoridad referidas. Por otro lado, respecto del acto reclamado señalado con el inciso a), se advierte que en la especie sobrevino la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicho precepto legal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Hipótesis que puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro; y 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el caso en estudio se actualiza el primer supuesto, pues se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad; esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin éste y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio controvertido. El primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce. Lo que en el caso acontece, pues como se advierte de las constancias existentes en autos y de la relatoría citada, el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de esta ciudad, por Medidas de Seguridad Institucional, que el subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México autorizó mediante oficio SG/SSP/3175/2016 de veintiséis de junio de dos mil dieciséis, en atención al diverso SJ/8985/16, suscrito por el subdirector Jurídico del Reclusorio señalado, quedó sustituido procesalmente al emitirse el proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en los autos de la causa penal 29/2010, en que el juez responsable autorizó el traslado en definitiva del peticionario de amparo; por lo que se concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos de la determinación controvertida, esto es, la sustitución procesal del acto originalmente reclamado por uno diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se habrían cometido en el primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo ya no se determina por el acto originalmente reclamado, sino por el nuevo acto que sin dejar insubsistente aquél, esto es, sin anularlo o revocarlo, rige la situación actual del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS". De esta manera, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace al acto de ejecución reclamado del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, en razón de que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución si no se combate por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 516, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo VI, 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIV, XXI, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero esta sentencia, se sobresee en el presente juicio promovido por Omar Palma Mendez, contra los actos reclamados consistentes en: La orden de traslado y su ejecución, que atribuyó de las autoridades responsables subsecretario de Sistema Penitenciario y director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; ambas de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad; y La autorización del juez Vigésimo Primero Penal de esta ciudad, después de haber sido ejecutado dicho acto.
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