Omar Pacheco Martinez
Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- OMAR PACHECO MARTINEZ y Otros.
- Omar Pacheco Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintiuno. En principio, se realizan las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en los puntos 1 y 2 del apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.
- Incidental
MESA V B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 448/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor el veintiséis de marzo siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA V B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete del Sector Metropolitano dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo de aseguramiento dictado en la carpeta de investigación *****, sin perjuicio que pudiera decretar dicho aseguramiento siempre y cuando fuera con la aprobación de la autoridad judicial competente, y de no existir algunos de los supuestos previstos en el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entregara en depósito al quejoso. Con motivo de ello, la Agente del Ministerio Público encargada de la Mesa Siete adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realizó lo siguiente: - Mediante oficio 422, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, recibido en este juzgado en la propia fecha, informó que el quince de ese mes y año, esa Representación Social le hizo entrega al aquí quejoso, en depositaría, de la unidad de motor marca *****, por el tiempo de treinta días (auto de 22 de octubre de 2020). En razón a que de lo anterior no se advertía que hubiere dejado insubsistente el acuerdo de aseguramiento dictado en la carpeta de investigación de origen, en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se le requirió el cumplimiento cabal del fallo protector. Por lo que la autoridad responsable mediante oficio 570/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, recibido en este Juzgado en la misma fecha, remitió copia certificada del acuerdo de uno de octubre del mismo año, del que se conoce que dejó sin efecto el acuerdo de aseguramiento de catorce de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación *****, sin perjuicio de decretar el aseguramiento del vehículo siempre y cuando sea con la aprobación de la autoridad judicial competente y de no existir alguno de los supuestos previstos en el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que ordenó la entrega en depositaría de la unidad de motor ya descrita (auto de 28 de octubre de 2020). Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que: a) Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento dictado en la carpeta de investigación *****, el catorce de agosto de dos mil veinte, y dejó precisó que podrá decretar dicho aseguramiento siempre y cuando sea con la aprobación de la autoridad judicial competente, y de no existir algunos de los supuestos previstos en el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y b) Entregó la unidad de motor que había asegurado, en depositaría al quejoso. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V B. NOTIFICACIÓN EPERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete del Sector Metropolitano dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo de aseguramiento dictado en la carpeta de investigación *****, sin perjuicio que pudiera decretar dicho aseguramiento siempre y cuando fuera con la aprobación de la autoridad judicial competente, y de no existir algunos de los supuestos previstos en el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entregara en depósito al quejoso. Con motivo de ello, la Agente del Ministerio Público encargada de la Mesa Siete adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realizó lo siguiente: - Mediante oficio 422, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, recibido en este juzgado en la propia fecha, informó que el quince de ese mes y año, esa Representación Social le hizo entrega al aquí quejoso, en depositaría, de la unidad de motor marca *****, por el tiempo de treinta días (auto de 22 de octubre de 2020). En razón a que de lo anterior no se advertía que hubiere dejado insubsistente el acuerdo de aseguramiento dictado en la carpeta de investigación de origen, en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se le requirió el cumplimiento cabal del fallo protector. Por lo que la autoridad responsable mediante oficio 570/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, recibido en este Juzgado en la misma fecha, remitió copia certificada del acuerdo de uno de octubre del mismo año, del que se conoce que dejó sin efecto el acuerdo de aseguramiento de catorce de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación *****, sin perjuicio de decretar el aseguramiento del vehículo siempre y cuando sea con la aprobación de la autoridad judicial competente y de no existir alguno de los supuestos previstos en el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que ordenó la entrega en depositaría de la unidad de motor ya descrita (auto de 28 de octubre de 2020). Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que: a) Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento dictado en la carpeta de investigación *****, el catorce de agosto de dos mil veinte, y dejó precisó que podrá decretar dicho aseguramiento siempre y cuando sea con la aprobación de la autoridad judicial competente, y de no existir algunos de los supuestos previstos en el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y b) Entregó la unidad de motor que había asegurado, en depositaría al quejoso. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
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