Omar Nieto Castro
Expediente 652/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Omar Nieto Castro
Actuaciones
- Principal
.. se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO.... archívese este expediente como concluido....
- Principal
***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos cuyos nombres son de iniciales *** y *** (de quienes se omite su nombre en atención la interés superior de los mismos), promueve demanda de amparo contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta cuidad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 652/2018 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o bien, que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene el artículo de referencia. Por otra parte, existe criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición cuando el particular realice la solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Son aplicables al caso, las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Página: 480 DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Época: Décima Época Registro: 2008883 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.) Página: 478 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Cabe precisar que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia constituida por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser acatada por los juzgados de Distrito. HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ? La omisión del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad de acordar el escrito dirigido al juicio *** de su índice, escrito que fuera presentado ante la autoridad responsable de referencia el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho mediante el cual la parte quejosa solicitó que dicha autoridad se excusara de seguir conociendo del juicio de referencia. CONCLUSIÓN Por lo anterior, se concluye respetuosamente que es improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, debido a que la omisión que reclama es derivada de una solicitud efectuada en un procedimiento seguido en forma de juicio; máxime que incluso la violación que alega no implica necesariamente que vaya a obtener una respuesta desfavorable a su pretensión. Ello es así, ya que tratándose de procedimientos, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, ni se advierte que se encuentre en un supuesto de excepción para hacer procedente el amparo. Máxime, que en el supuesto de estimar lo contrario en este asunto implicaría que si el aquí promovente presentara un sin número de peticiones dirigidas al juicio *** ante el juzgado responsable y el mismo no le contestara podría redundar en igual número de juicios de amparo, lo cual desnaturalizaría la esencia de la instancia constitucional. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Similar criterio fue sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja *** de su índice, por unanimidad de votos, en sesión de fecha trece de octubre de dos mi dieciséis. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con diverso artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, como lo solicita la parte quejosa se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones la cuenta digital con clave de usuario ***. De igual forma, se faculta como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, *** y *** debido a que tienen su respectiva cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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