Omar Nieto Castro
Expediente 642/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Omar Nieto Castro
Actuaciones
- Principal
... estado de autos, se advierte que, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, contra el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio 17682/2018, signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que mediante proveído de veintisiete de junio del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 602/2018 de su índice, dicho órgano jurisdiccional declaró procedente de oficio y de plano la separación material de juicios, respecto del acto que reclama Omar Nieto Castro, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 642/2018-IV. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En términos de lo anterior, y en acatamiento a lo ordenado en la resolución de referencia, el acto reclamado con el que se radica el presente juicio, únicamente consiste en: a) La omisión por parte de la autoridad responsable de recabar las pruebas de oficio por la presunta manipulación y aleccionamiento cometida por Mariem Zamudio Castellanos en agravio de sus menores hijas de identidad reservada, dentro del juicio de guarda y custodia, divorcio y pérdida de patria potestad radicado con el número 157/2018. Ahora, a fin de proveer lo conducente, conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo siempre y cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, conviene precisar que el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, la suscrita estima que en relación a la omisión que se reclama, precisamente en párrafo que antecede se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, pues se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento y por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene una resolución favorable. Se invoca por similitud jurídica, la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiendo entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. En cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. En ese orden de ideas, es evidente que la omisión alegada por el promovente, en el sentido de recabar las pruebas de oficio, no son actos de imposible reparación que afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, en términos del 107, fracción V de la ley de la materia, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, el cual no deja sin defensa al quejoso, es decir, es un acto intraprocesal que sólo produce efectos dentro del juicio natural, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo que se dicte deba ser contrario a los intereses del solicitante del amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo origen de este asunto. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO, AUTORIZADOS Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Kilimanco Moreno Torres, Ricardo Moreno Correa y Sergio Noriega Santos, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se advierte con la constancia del registro correspondiente. Asimismo, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el nombre de usuario que proporcionó como (OMARNIETO), es válido, por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta del presente juicio de amparo, vía internet; sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta física; asimismo, como lo solicita, las subsecuentes notificaciones practíquensele por esa misma vía. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese en términos del presente acuerdo...
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