Omar Nieto Castro

Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
367/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Omar Nieto Castro
  • Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, Xalapa
  • Mariem Zamudio Castellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio y el original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración de los mismos, respectivamente; en el entendido de que será con posterioridad al DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de quince de mayo del año en curso, remite la constancia de notificación al aquí quejoso Omar Nieto Castro, respecto del proveído de once de los actuales, emitido en los autos del juicio ordinario civil 99/2018, de su índice; al respecto agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Ahora bien, de autos se advierte que el acto reclamando en el presente biinstancial consiste en la omisión de proveer el escrito de uno de febrero del año en curso, presentado por el quejoso Omar Nieto Castro, en el que solicitó lo siguiente: "Con la finalidad de salvaguardar la integridad de las menores inmiscuidas solicito que se tome como medida cautelar, que en lo que se resuelve el juicio civil número 99/2018 de los del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia con sede en Xalapa, Ver., y el juicio 157/2018 igual de éste mismo juzgado, así como la indagatoria número 51/2018 de la Fiscalía Especializada En Investigación De Delitos De Violencia Contra la Familia Mujeres, Niñas Y Niños Y De Trata De Personas, se le otorgue la guarda y custodia a la abuela materna de las menores de nombre Aidee yesenia Castellanos Pérez, y que sea esta quien administre los recursos económicos que proporcionaré derivado de sus necesidades. De no considerar procedente lo anterior, solicito se le requiera a la parte actora, que traslade a nuestras mejores hijas, así como todos y cada uno de los bienes muebles sustraídos del domicilio conyugal y nuestros 3 perros, al domicilio ubicado en la calle Ángel Carbajal número 18 de la Unidad del Valle de esta capital, cuyas llaves tiene en posesión la C. Aidee Yesenia Castellanos Pérez, madre de la actora, con la finalidad de ejercer el derecho de las menores con su señor padre, pues la actora solo demandó a quien suscribe el cumplimiento de una obligación como lo es el de proporcionar alimentos (basado en hechos presuntamente delictivos), y no así permite ejercer mi sano derecho a la convivencia." Por otra parte, la responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, por auto de once de los actuales, proveyó lo conducente en atención a lo solicitado por el quejoso, en los siguientes términos: "en el sentido en que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado en los autos de juicio de amparo 367/2018, del índice del juzgado decimoquinto de distrito en el estado de Veracruz, para el único efecto de que esta autoridad señalada como autoridad responsable dentro del término de tres días provea lo que en derecho corresponda con respecto a lo peticionado por el quejoso y demandado en este juicio, en el presente, asunto respecto a fijar provisionalmente una guardia y custodia de sus menores hijas, sin perjuicio de que por auto de fecha catorce de febrero del dos mil dieciocho se proveyó la petición formulada por el quejoso aquí demandado presentada en uno de febrero del año en curso, en el sentido de decretar un régimen de convivencia provisional para evitar ocasionar perjuicios en el estado psicológico de las menores, se provee su petición de decretar un régimen de guardia y custodia provisional en ese sentido el promovente manifiesta que con la finalidad de salvaguardar la integridad de sus menores hijas solicita como medida cautelar se decrete la guarda y custodia provisional a favor de la abuela materna de las menores, quien deberá administrar los recursos económicos para satisfacer necesidades, de las menores en el domicilio que ocupa dicha ascendiente consanguínea de las infantes; la motivación de su peticiones la existencia de una carpeta de investigación, así como que estima que probablemente la progenitora de los menores no se encuentra psicológicamente apta para hacerse cargo de ellas. En ese mismo sentido solicita que en caso de no se acuerde favorablemente la guarda y custodia provisional favor de la citada abuela, se requiere a la promovente para que traslade a las menores a un domicilio que les ha proporcionado para vivir, lugar donde puede llevar a cabo su derecho de convivencia. Argumentos en los que motiva su petición que devienen inoperantes e infundados, primeramente; porque no existe en actuaciones justificación probatoria que denote que el estado psicológico o físico de las memores se encuentra en peligro inminente para modificar los derechos de guarda y custodia, pues dicha determinación que repercute en los intereses de la menores debe procederle una motivación sustentada en el interés superior de ellas, traducido éste es un derecho sustantivo bidentado por las circunstancias que habitan. Sin embargo, la existencia de una carpeta de investigación no hace patente la violación a un derecho sustantivo de las menores, ya que tal procedimiento no obstante a que se ventilen situaciones propias del derecho penal, solo puede incidir cuando existe una sentencia dictada por un juez competente que endilgue responsabilidad penal a la persona que se le atribuye la comisión de un delito, de lo contrario debe prevalecerse la presunción de inocencia, en término del artículo 20 de la Constitución. Aunado a lo anterior, el fiscal encargado de la investigación tiene a su alcance la posibilidad de decretar medidas de seguridad y medidas cautelares tendientes a garantizar la salvaguarda de la menores de existir ante su potestad y de acuerdo en su procedimiento una causa que los justifique, razón por la que la sola alusión de existencia de una carpeta de investigación es insuficiente para tener por probada razón por la que alusión de la existencia de una carpeta de investigación es insuficiente para tener por probada una causa decretar la modificación de la guardia y custodia de las menores. Otro aspecto que no quedó probado que esa probabilidad a la que alude el promovente, en el sentido de que la progenitora no está apta psicológicamente para custodiar a sus hijos exista al menos indiciariamente, razón por las que sus afirmaciones son apreciaciones subjetivas. Por último y de acuerdo al artículo 304, del Código Civil, la patria potestad corresponde a los progenitores del menor y siendo la guardia y custodia un atributo de esta, es claro que los dos obligados directos de ejercer la guardia y custodia son los padres del menor, razón por la que el promovente no puede declinar la obligación directa que tiene para ejercer la guarda y custodia que tiene a favor de un tercero, máxime cuando no ha quedado probado que alguno de los progenitores está imposibilitado para cumplir con esa atribución y como quedo narrado en los argumentos anteriores son infundados. En otro orden de ideas, también deviene improcedente requerir a la progenitora de las menores que habite la casa habitación que refiere haber proporcionado para ese efecto, en principio por que no existe causa legal que así lo justifique, si bien el interés superior de las menores obliga a verificar todo lo necesario para las menores, incidir en el lugar donde cohabitara, esto solo es dable cuando lo solicita quien detenta la guarda y custodia de ellos, pues de no ser así se incidiría un acto de privación en el progenitor que los custodia, sin existir causa legal de un debido proceso. Aunado a ello el derecho de vivienda de los menores no implica que deba obligárseles a cohabitar en tal lugar pues es una elección del progenitor que ejerce su custodia, así mismo no ha sido probado que el domicilio en el que cohabitan las menores sea prejudicial a su integridad." Asimismo, en este mismo auto se tuvieron por recibidas las constancias de las que se advierte que en auto de dieciséis de los cursantes, en cumplimiento al diverso acuerdo de once de anterior, ordenó la notificación de éste por lista de acuerdos a las partes. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada el tres de mayo del año en curso, y el once de mayo siguiente, la responsable proveyó lo conducente respecto al escrito de uno de febrero de la presente anualidad, presentado por el aquí quejoso, en el que solicitó le otorgara la guarda y custodia a la abuela materna de las menores de nombre Aidee Yesenia Castellanos Pérez, y que fuera quien administrara los recursos económicos que proporcionaría derivado de sus necesidades; por tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de la Juez Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de proveer su escrito de uno de febrero del año en curso, en los autos del juicio ordinario civil 99/2018, de su índice, y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dicha autoridad a efecto de que se pronunciara respecto al citado escrito; luego, al existir constancia de que éste fue acordado, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Máxime que la responsable remitió las constancias de las que se advierte que el aquí quejoso Omar Nieto Castro, quedó debidamente del auto de once de mayo del año en curso, incluso esta potestad por auto de quince de los actuales, le dio vista con dicha circunstancia, tal y como se desprende del acuse de recepción de notificación que obra en autos. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Omar Nieto Castro, a través del cual señala que la responsable no consideró los análisis con los que acreditó que su menor hija de iniciales M.X.N.Z., contrajo la bacteria pantoea agglomerans, así como la carpeta de investigación 51/2018, del índice de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, en la que se ejercitó acción penal en contra de Mariem Zamudio Castellanos -tercera interesada-, radicándose el proceso penal 97/2018 y ofreció diversas documentales como pruebas de su parte; al respecto, agréguese únicamente a los presentes autos el aludido escrito y su anexo, en virtud de que en el acuerdo de once de los actuales, solamente se proveyó lo relativo al escrito de uno de febrero de la presente anualidad, por el que solicitó se le otorgara la guarda y custodia a la abuela materna de las menores de nombre Aidee yesenia Castellanos Pérez, y que fuera quien administrara los recursos económicos que proporcionaría derivado de sus necesidades, y, no los diversos escritos de veinticuatro de abril y siete de mayo de esta anualidad, en los que indicó hechos supervinientes y exhibió diversas documentales, por ende, las omisiones a que hace alusión deberá hacerlas valer en la vía y forma que en derecho corresponda. Notifíquese vía electrónica al quejoso, personalmente a la tercera interesada y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de quince de mayo del año en curso, remite la constancia de notificación al aquí quejoso Omar Nieto Castro, respecto del proveído de once de los actuales, emitido en los autos del juicio ordinario civil 99/2018, de su índice; al respecto agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Ahora bien, de autos se advierte que el acto reclamando en el presente biinstancial consiste en la omisión de proveer el escrito de uno de febrero del año en curso, presentado por el quejoso Omar Nieto Castro, en el que solicitó lo siguiente: "Con la finalidad de salvaguardar la integridad de las menores inmiscuidas solicito que se tome como medida cautelar, que en lo que se resuelve el juicio civil número 99/2018 de los del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia con sede en Xalapa, Ver., y el juicio 157/2018 igual de éste mismo juzgado, así como la indagatoria número 51/2018 de la Fiscalía Especializada En Investigación De Delitos De Violencia Contra la Familia Mujeres, Niñas Y Niños Y De Trata De Personas, se le otorgue la guarda y custodia a la abuela materna de las menores de nombre Aidee yesenia Castellanos Pérez, y que sea esta quien administre los recursos económicos que proporcionaré derivado de sus necesidades. De no considerar procedente lo anterior, solicito se le requiera a la parte actora, que traslade a nuestras mejores hijas, así como todos y cada uno de los bienes muebles sustraídos del domicilio conyugal y nuestros 3 perros, al domicilio ubicado en la calle Ángel Carbajal número 18 de la Unidad del Valle de esta capital, cuyas llaves tiene en posesión la C. Aidee Yesenia Castellanos Pérez, madre de la actora, con la finalidad de ejercer el derecho de las menores con su señor padre, pues la actora solo demandó a quien suscribe el cumplimiento de una obligación como lo es el de proporcionar alimentos (basado en hechos presuntamente delictivos), y no así permite ejercer mi sano derecho a la convivencia." Por otra parte, la responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, por auto de once de los actuales, proveyó lo conducente en atención a lo solicitado por el quejoso, en los siguientes términos: "en el sentido en que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado en los autos de juicio de amparo 367/2018, del índice del juzgado decimoquinto de distrito en el estado de Veracruz, para el único efecto de que esta autoridad señalada como autoridad responsable dentro del término de tres días provea lo que en derecho corresponda con respecto a lo peticionado por el quejoso y demandado en este juicio, en el presente, asunto respecto a fijar provisionalmente una guardia y custodia de sus menores hijas, sin perjuicio de que por auto de fecha catorce de febrero del dos mil dieciocho se proveyó la petición formulada por el quejoso aquí demandado presentada en uno de febrero del año en curso, en el sentido de decretar un régimen de convivencia provisional para evitar ocasionar perjuicios en el estado psicológico de las menores, se provee su petición de decretar un régimen de guardia y custodia provisional en ese sentido el promovente manifiesta que con la finalidad de salvaguardar la integridad de sus menores hijas solicita como medida cautelar se decrete la guarda y custodia provisional a favor de la abuela materna de las menores, quien deberá administrar los recursos económicos para satisfacer necesidades, de las menores en el domicilio que ocupa dicha ascendiente consanguínea de las infantes; la motivación de su peticiones la existencia de una carpeta de investigación, así como que estima que probablemente la progenitora de los menores no se encuentra psicológicamente apta para hacerse cargo de ellas. En ese mismo sentido solicita que en caso de no se acuerde favorablemente la guarda y custodia provisional favor de la citada abuela, se requiere a la promovente para que traslade a las menores a un domicilio que les ha proporcionado para vivir, lugar donde puede llevar a cabo su derecho de convivencia. Argumentos en los que motiva su petición que devienen inoperantes e infundados, primeramente; porque no existe en actuaciones justificación probatoria que denote que el estado psicológico o físico de las memores se encuentra en peligro inminente para modificar los derechos de guarda y custodia, pues dicha determinación que repercute en los intereses de la menores debe procederle una motivación sustentada en el interés superior de ellas, traducido éste es un derecho sustantivo bidentado por las circunstancias que habitan. Sin embargo, la existencia de una carpeta de investigación no hace patente la violación a un derecho sustantivo de las menores, ya que tal procedimiento no obstante a que se ventilen situaciones propias del derecho penal, solo puede incidir cuando existe una sentencia dictada por un juez competente que endilgue responsabilidad penal a la persona que se le atribuye la comisión de un delito, de lo contrario debe prevalecerse la presunción de inocencia, en término del artículo 20 de la Constitución. Aunado a lo anterior, el fiscal encargado de la investigación tiene a su alcance la posibilidad de decretar medidas de seguridad y medidas cautelares tendientes a garantizar la salvaguarda de la menores de existir ante su potestad y de acuerdo en su procedimiento una causa que los justifique, razón por la que la sola alusión de existencia de una carpeta de investigación es insuficiente para tener por probada razón por la que alusión de la existencia de una carpeta de investigación es insuficiente para tener por probada una causa decretar la modificación de la guardia y custodia de las menores. Otro aspecto que no quedó probado que esa probabilidad a la que alude el promovente, en el sentido de que la progenitora no está apta psicológicamente para custodiar a sus hijos exista al menos indiciariamente, razón por las que sus afirmaciones son apreciaciones subjetivas. Por último y de acuerdo al artículo 304, del Código Civil, la patria potestad corresponde a los progenitores del menor y siendo la guardia y custodia un atributo de esta, es claro que los dos obligados directos de ejercer la guardia y custodia son los padres del menor, razón por la que el promovente no puede declinar la obligación directa que tiene para ejercer la guarda y custodia que tiene a favor de un tercero, máxime cuando no ha quedado probado que alguno de los progenitores está imposibilitado para cumplir con esa atribución y como quedo narrado en los argumentos anteriores son infundados. En otro orden de ideas, también deviene improcedente requerir a la progenitora de las menores que habite la casa habitación que refiere haber proporcionado para ese efecto, en principio por que no existe causa legal que así lo justifique, si bien el interés superior de las menores obliga a verificar todo lo necesario para las menores, incidir en el lugar donde cohabitara, esto solo es dable cuando lo solicita quien detenta la guarda y custodia de ellos, pues de no ser así se incidiría un acto de privación en el progenitor que los custodia, sin existir causa legal de un debido proceso. Aunado a ello el derecho de vivienda de los menores no implica que deba obligárseles a cohabitar en tal lugar pues es una elección del progenitor que ejerce su custodia, así mismo no ha sido probado que el domicilio en el que cohabitan las menores sea prejudicial a su integridad." Asimismo, en este mismo auto se tuvieron por recibidas las constancias de las que se advierte que en auto de dieciséis de los cursantes, en cumplimiento al diverso acuerdo de once de anterior, ordenó la notificación de éste por lista de acuerdos a las partes. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada el tres de mayo del año en curso, y el once de mayo siguiente, la responsable proveyó lo conducente respecto al escrito de uno de febrero de la presente anualidad, presentado por el aquí quejoso, en el que solicitó le otorgara la guarda y custodia a la abuela materna de las menores de nombre Aidee Yesenia Castellanos Pérez, y que fuera quien administrara los recursos económicos que proporcionaría derivado de sus necesidades; por tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de la Juez Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de proveer su escrito de uno de febrero del año en curso, en los autos del juicio ordinario civil 99/2018, de su índice, y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dicha autoridad a efecto de que se pronunciara respecto al citado escrito; luego, al existir constancia de que éste fue acordado, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Máxime que la responsable remitió las constancias de las que se advierte que el aquí quejoso Omar Nieto Castro, quedó debidamente del auto de once de mayo del año en curso, incluso esta potestad por auto de quince de los actuales, le dio vista con dicha circunstancia, tal y como se desprende del acuse de recepción de notificación que obra en autos. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Omar Nieto Castro, a través del cual señala que la responsable no consideró los análisis con los que acreditó que su menor hija de iniciales M.X.N.Z., contrajo la bacteria pantoea agglomerans, así como la carpeta de investigación 51/2018, del índice de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, en la que se ejercitó acción penal en contra de Mariem Zamudio Castellanos -tercera interesada-, radicándose el proceso penal 97/2018 y ofreció diversas documentales como pruebas de su parte; al respecto, agréguese únicamente a los presentes autos el aludido escrito y su anexo, en virtud de que en el acuerdo de once de los actuales, solamente se proveyó lo relativo al escrito de uno de febrero de la presente anualidad, por el que solicitó se le otorgara la guarda y custodia a la abuela materna de las menores de nombre Aidee yesenia Castellanos Pérez, y que fuera quien administrara los recursos económicos que proporcionaría derivado de sus necesidades, y, no los diversos escritos de veinticuatro de abril y siete de mayo de esta anualidad, en los que indicó hechos supervinientes y exhibió diversas documentales, por ende, las omisiones a que hace alusión deberá hacerlas valer en la vía y forma que en derecho corresponda. Notifíquese vía electrónica al quejoso, personalmente a la tercera interesada y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Incidental

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la suspensión provisional concedida en auto de cuatro de los actuales; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y remítase copia debidamente certificada al juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, para lo efectos legales a los que haya lugar.

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