Omar Neftali Torres Bustos

Expediente 1595/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1595/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Omar Neftali Torres Bustos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del veintidós de noviembre al cinco de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de noviembre del propio año; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, diez de diciembre de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este juzgado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1595/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, asistido de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el juez, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, la documental que el quejoso acompañó a su escrito de demanda; las que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad responsable, así como las que envió con su oficio recibido en este juzgado el diecisiete de octubre del año en curso (foja 37). Enseguida, en el período de alegatos se hace constar que no fueron formulados por las partes. Luego, téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar, teniendo por perdido el derecho de las partes de hacer alegato alguno, por lo que se declara cerrado dicho periodo; se levanta la presente acta en términos del referido artículo 124 de la ley de la materia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1595/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Omar Neftalí Torres Bustos, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora la omisión de acordar respecto a la solicitud que presentara el suscrito, a efecto de que se dicte primer auto de requerimiento de pago respecto a las cantidades condenadas al Municipio de Ojocaliente, Zacatecas dentro de los autos del expediente laboral número 300/2013, pues no obstante que el suscrito en fecha 7 de febrero de 2018, mediante diversos escritos señalara nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, revocando el señalado con anterioridad, y en el segundo de ellos solicité se dictara auto de requerimiento de pago a efecto de que se dé cumplimiento al laudo de referencia, la autoridad ahora señalada como responsable, ha omitido proveer respecto a la solicitud del que suscribe ya que a la fecha no he sido notificado de auto alguno respecto a tal solicitud y que al no hacerlo así se me priva del derecho a la justicia pronta e imparcial.". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, por lo que, su titular dictó proveído el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en que ordenó su admisión y registro con el número 1595/2018; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, la cual forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas de acordar respecto a la solicitud realizada por el quejoso mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que se dicte primer auto de requerimiento de pago respecto a las cantidades condenadas al Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, dentro de los autos del expediente laboral número 300/2013. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." CUARTO. Inexistencia. La autoridad responsable magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto que se le atribuye (foja 14), pues adujo, que el treinta de enero del año en curso, dictó el primer auto de requerimiento de pago (foja 18). Asimismo, de las copias certificadas del expediente laboral 300/2013 (fojas 15 a 28), que la citada responsable remitió en apoyo a su comunicado, de las actas de veintiocho de febrero, así como veinte de junio del presente año, se advierte que el actuario adscrito a la citada autoridad laboral, hizo constar que la parte actora (aquí quejoso) no se presentó para efecto de llevar a cabo el requerimiento de pago. De lo anterior se deduce la inexistencia del acto reclamado, esto es, respecto de la omisión de la autoridad responsable de acordar en relación a la solicitud realizada por el quejoso mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, a fin de que se dicte primer auto de requerimiento de pago respecto de las cantidades a que fue condenado el Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, en el expediente laboral número 300/2013. Se afirma lo anterior, toda vez que del análisis de las constancias relativas al citado juicio laboral, se desprende que la citada autoridad mediante proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, acordó el escrito respecto del cual el quejoso se duele no le ha sido emitido el auto correspondiente, pues en esa fecha la responsable dictó auto de requerimiento de pago en favor del quejoso y comisionó al actuario de su adscripción requerir al Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, el cumplimiento al resolutivo sexto del laudo emitido en el juicio natural, para el pago de pesos ahí precisados. El proveído antes mencionado se hizo del conocimiento del ahora quejoso el catorce de febrero del año que transcurre (foja 21), sin que Omar Neftalí Torres Bustos se presentara en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, para llevar a cabo la diligencia respectiva. Así pues, de lo expuesto se desprende que para la fecha en que el quejoso presentó su demanda, que lo fue el seis de septiembre de dos mil dieciocho, no existía la omisión atribuida a la autoridad responsable magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado. Lo anterior se afirma toda vez que, la autoridad responsable el treinta de enero de la presente anualidad, acordó de conformidad la petición que le fue realizada por el quejoso en su escrito presentado el veintiséis del mismo mes y año, y dictó el primer auto de requerimiento de pago dentro del expediente laboral 300/2013, sin que la parte actora en dicho juicio se presentara al desahogo de la diligencia, no obstante haber sido legalmente notificado del proveído de referencia. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, respecto de la omisión de la autoridad responsable magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, de acordar en relación a la solicitud que por escrito realizó el quejoso efecto de que se dicte primer auto de requerimiento de pago respecto de las cantidades a las que fue condenado el Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, en el expediente laboral de origen; lo anterior, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido Omar Neftalí Torres Bustos, contra la autoridad responsable y en cuanto a los actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  3. Principal

    El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 21208. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de octubre del año en curso, remite copias certificadas del expediente laboral 300/2013; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Dado el volumen de las citadas actuaciones, para facilitar la consulta del expediente en que se actúa, se ordena formar cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: Se encuentran fijadas las nueve horas de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con una promoción registrada con el folio 20719. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, a su informe justificado acompañó copias certificadas del expediente laboral 300/2013, de las que se obtiene que en proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, se fijaron las once horas del veintinueve del propio mes y año, para que se llevara a cabo la reinstalación de los actores, sin que hasta el momento haya remitido a este juzgado constancia alguna al respecto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase de nueva cuenta a la mencionada autoridad para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal federal copias debidamente certificadas, legibles y en orden de las actuaciones derivadas del citado expediente, posteriores al auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto admisorio de siete de septiembre del año en curso. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que se reciban las constancias de que se trata, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

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