Omar Narciso Guirado Morales
Expediente 583/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Omar Narciso Guirado Morales
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense para que obren como correspondan los oficios remitidos por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante los cuales informa en lo substancial que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 583/2018-5A, promovido por OMAR NARCISO GUIRADO MORALES, correspondiéndole el juicio de amparo 1352/2018-II de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de amparo. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro uno de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LOS AUTORIZADOS DEL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICÓ EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por OMAR NARCISO GUIRADO MORALES, contra actos del Juez Único de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California (antes Juzgado Primero) y otra autoridad, fórmese expediente bajo el número de juicio de amparo 583/2018-5A. INCOMPETENCIA Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la ley de amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo establece la determinación de la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, sobre el que establece tres reglas a efecto de fijar la competencia, las cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del precepto antes transcrito, en atención a que los actos tendrán ejecución fuera del ámbito territorial que competente a este órgano jurisdiccional, esto es, puesto que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social, número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya, Estado de México, máxime, que el acto reclamado es una orden de aprehensión, y dada la naturaleza requiere de ejecución material, por lo que al encontrarse recluido el quejoso, es indudable que el acto reclamado tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado. Lo que se corrobora con la manifestación hecha por el quejoso en su capítulo de antecedentes de su escrito de demanda; manifestación que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que lo precisó bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, página 857, con número de registro: 214035, que reza textualmente, como se transcribe a continuación: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Es decir, los actos reclamados tendrán verificativo en el Estado de México, toda vez que es en donde el quejoso permanece recluido, por instaurarse en su contra la causa penal 7/2006-II, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, máxime que no se advierte del escrito de demanda, que exista un acto que se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 37/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, página noventa, Junio de 2004, con número de registro 181369 cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Junio de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Por lo cual, en el caso de admitir la demanda de amparo de que se trata, se estaría en contra de lo dispuesto por el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se ejecutará el acto reclamado; pues de lo contrario, se dificultaría el ejercicio de sus derechos de defensa. En esa virtud, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, y la declina a favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. En consecuencia, se procede a remitir la presente demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR A QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD Ahora, toda vez que el quejoso OMAR NARCISO GUIRADO MORALES, se encuentra recluído en el Centro Federal de Reinserción Social, número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya, Estado de México, fuera de la jurisdicción de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a fin de que en auxilio de este Órgano Jurisdiccional, ordene lo conducente a efecto de que fedatario judicial se constituya en el citado centro penitenciario ante el agraviado y únicamente le notifique el presente acuerdo. Asimismo, en aras de una pronta impartición de justicia, tal como lo establece el artículo 17 Constitucional, se faculta al citado Juez para que tome las medidas que considere necesarias para la debida diligenciación del exhorto de mérito; en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se remite la versión digitalizada de la presente comunicación oficial por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Sin que sea necesario acusar de recibo la presente comunicación, toda vez al tratarse de una comunicación oficial electrónica, dicho medio informático lo emite en forma automática. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN Ahora bien, con base en el artículo 48 de la Ley de Amparo, párrafo primero y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama un acto privativo de libertad, se procede a pronunciarse sobre la suspensión de dichos actos. Tomando en consideración que el delito por el que se ordenó aprehender al quejoso, dentro de los autos de la causa penal 20/2012-2, del índice de la autoridad responsable, es considerado como grave, en términos del artículo 123 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, aplicable al caso, por tanto, se concede al quejoso OMAR NARCISO GUIRADO MORALES, la suspensión provisional del acto reclamado, para el único efecto de que una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluído, quedando a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, por ser éste de orden público y, por tanto, insuspendible; lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo; hasta en tanto se provea lo conducente respecto a su admisión por el juez competente No se exige garantía alguna al quejoso, en virtud de los efectos concedidos de esta suspensión, según lo dispone el último párrafo del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis I.6o.P.13 P (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Página 1971, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2000678, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando los actos que se reclaman derivan de un procedimiento penal y afectan la libertad personal, al proveer sobre la suspensión es menester guardar un equilibrio entre esa garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento, por ello, los artículos 124 Bis, 130, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito para fijar las medidas de aseguramiento pertinentes, a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo. En ese sentido, cuando se reclama una orden de aprehensión por un delito no grave, la suspensión produce el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, incluso si la orden de captura no ha sido cumplida, la finalidad de la medida cautelar es evitar su ejecución material, por ello, el Juez de Distrito debe exigir al quejoso una garantía económica y ordenar su presentación ante la autoridad responsable. Sin embargo, cuando la orden de aprehensión es por delito grave, la suspensión que se concede no evita ni paraliza su ejecución, de ahí que la libertad del quejoso no queda a cargo del Juez de amparo ni hay obligación de devolverlo a la jurisdicción de la autoridad responsable; consecuentemente, no debe exigírsele la exhibición de garantía económica alguna, ni su presentación ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, pues resultaría contradictorio con la finalidad de dicha medida el que la suspensión no aportara al quejoso alguna condición favorable a su libertad personal y favoreciera a la autoridad en la ejecución del mandamiento de captura, obligándolo a entregarse para ser recluido y afrontar el proceso en prisión preventiva, lo cual no corresponde a las funciones del Juez de Distrito, ni comulga con la finalidad del juicio de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Gonzalo Bustillos Ramos, y únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones a los demás mencionados en su ocurso, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontró cédula registrada a su nombre. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Háganse las anotaciones en el Libro Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por OMAR NARCISO GUIRADO MORALES, contra actos del Juez Único de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California (antes Juzgado Primero) y otra autoridad, fórmese expediente bajo el número de juicio de amparo 583/2018-5A. INCOMPETENCIA Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la ley de amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo establece la determinación de la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, sobre el que establece tres reglas a efecto de fijar la competencia, las cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del precepto antes transcrito, en atención a que los actos tendrán ejecución fuera del ámbito territorial que competente a este órgano jurisdiccional, esto es, puesto que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social, número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya, Estado de México, máxime, que el acto reclamado es una orden de aprehensión, y dada la naturaleza requiere de ejecución material, por lo que al encontrarse recluido el quejoso, es indudable que el acto reclamado tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado. Lo que se corrobora con la manifestación hecha por el quejoso en su capítulo de antecedentes de su escrito de demanda; manifestación que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que lo precisó bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, página 857, con número de registro: 214035, que reza textualmente, como se transcribe a continuación: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Es decir, los actos reclamados tendrán verificativo en el Estado de México, toda vez que es en donde el quejoso permanece recluido, por instaurarse en su contra la causa penal 7/2006-II, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, máxime que no se advierte del escrito de demanda, que exista un acto que se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 37/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, página noventa, Junio de 2004, con número de registro 181369 cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Junio de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Por lo cual, en el caso de admitir la demanda de amparo de que se trata, se estaría en contra de lo dispuesto por el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se ejecutará el acto reclamado; pues de lo contrario, se dificultaría el ejercicio de sus derechos de defensa. En esa virtud, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, y la declina a favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. En consecuencia, se procede a remitir la presente demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR A QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD Ahora, toda vez que el quejoso OMAR NARCISO GUIRADO MORALES, se encuentra recluído en el Centro Federal de Reinserción Social, número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya, Estado de México, fuera de la jurisdicción de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a fin de que en auxilio de este Órgano Jurisdiccional, ordene lo conducente a efecto de que fedatario judicial se constituya en el citado centro penitenciario ante el agraviado y únicamente le notifique el presente acuerdo. Asimismo, en aras de una pronta impartición de justicia, tal como lo establece el artículo 17 Constitucional, se faculta al citado Juez para que tome las medidas que considere necesarias para la debida diligenciación del exhorto de mérito; en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se remite la versión digitalizada de la presente comunicación oficial por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Sin que sea necesario acusar de recibo la presente comunicación, toda vez al tratarse de una comunicación oficial electrónica, dicho medio informático lo emite en forma automática. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN Ahora bien, con base en el artículo 48 de la Ley de Amparo, párrafo primero y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama un acto privativo de libertad, se procede a pronunciarse sobre la suspensión de dichos actos. Tomando en consideración que el delito por el que se ordenó aprehender al quejoso, dentro de los autos de la causa penal 20/2012-2, del índice de la autoridad responsable, es considerado como grave, en términos del artículo 123 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, aplicable al caso, por tanto, se concede al quejoso OMAR NARCISO GUIRADO MORALES, la suspensión provisional del acto reclamado, para el único efecto de que una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluído, quedando a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, por ser éste de orden público y, por tanto, insuspendible; lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo; hasta en tanto se provea lo conducente respecto a su admisión por el juez competente No se exige garantía alguna al quejoso, en virtud de los efectos concedidos de esta suspensión, según lo dispone el último párrafo del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis I.6o.P.13 P (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Página 1971, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2000678, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando los actos que se reclaman derivan de un procedimiento penal y afectan la libertad personal, al proveer sobre la suspensión es menester guardar un equilibrio entre esa garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento, por ello, los artículos 124 Bis, 130, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito para fijar las medidas de aseguramiento pertinentes, a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo. En ese sentido, cuando se reclama una orden de aprehensión por un delito no grave, la suspensión produce el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, incluso si la orden de captura no ha sido cumplida, la finalidad de la medida cautelar es evitar su ejecución material, por ello, el Juez de Distrito debe exigir al quejoso una garantía económica y ordenar su presentación ante la autoridad responsable. Sin embargo, cuando la orden de aprehensión es por delito grave, la suspensión que se concede no evita ni paraliza su ejecución, de ahí que la libertad del quejoso no queda a cargo del Juez de amparo ni hay obligación de devolverlo a la jurisdicción de la autoridad responsable; consecuentemente, no debe exigírsele la exhibición de garantía económica alguna, ni su presentación ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, pues resultaría contradictorio con la finalidad de dicha medida el que la suspensión no aportara al quejoso alguna condición favorable a su libertad personal y favoreciera a la autoridad en la ejecución del mandamiento de captura, obligándolo a entregarse para ser recluido y afrontar el proceso en prisión preventiva, lo cual no corresponde a las funciones del Juez de Distrito, ni comulga con la finalidad del juicio de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Gonzalo Bustillos Ramos, y únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones a los demás mencionados en su ocurso, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontró cédula registrada a su nombre. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Háganse las anotaciones en el Libro Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias
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