Omar Morales Ordaz

Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
348/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Jorge Romo Rivera
  • Omar Morales Ordaz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE DIECINUEVE DE MAYO ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CUATRO Y DIECIOCHO DE MAYO ULTIMO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACIONES QUE MENCIONAN LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueven ***por propio derecho, regístrese bajo el número 348/2021-II-C. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: - La orden de restricción y/o prohibición emitida por la autoridad responsable a fin de ingresar al Centro Federal de Readaptación Número Uno "Altiplano", a efecto de valorar y poder brindar atención médica especializada al interno Gerardo Álvarez Vázquez. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia, pues es evidente que ello no le irroga perjuicio alguno. Ahora, conviene señalar que la Ley que rige el juicio constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 6, por su orden, establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de garantías, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Octava Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. En consecuencia, si los quejosos reclaman de la autoridad responsable la orden de restricción y/o prohibición a fin de ingresar al Centro Federal de Readaptación Número Uno "Altiplano", para valorar y poder brindar atención médica especializada al interno Gerardo Álvarez Vázquez es evidente que ello no les irroga perjuicio alguno, pues de lo manifestado por los promoventes, así como de las transcripciones hechas en su demanda, se evidencia que el día uno de mayo de dos mil veintiuno, no se autorizó el ingreso de los quejosos al centro carcelario en que se encuentra interno, bajo el argumento de que el interno mencionado no necesitaba atención médica especializada, pues al tener la calidad de recluso en dicho centro se la podían brindar. Lo anterior, sin que de manera alguna implique transgredir los derechos públicos subjetivos de los quejosos en relación a los actos que señalan como reclamados en el presente juicio de amparo, toda vez que si bien se les negó el acceso al centro carcelario, al acudir como ciudadanos mexicanos a reclamar la orden de restricción y/o prohibición para acceder, para lograr el ejercicio de su profesión y alegar la protección a la salud del interno, no lo hace procedente. De suyo implica que el interés con el que acuden al juicio constitucional corresponde al que, en general, tiene todo individuo sobre el tema de salud, en específico, a que se les proporcione atención médica, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable (que la atención médica sea para un tercero, en su calidad de interno), por lo que, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta de los gobernados por virtud de la especial situación que guarden en relación con el orden jurídico. Dicho de otro modo, no se advierte que los justiciables hayan resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de los actos que ahora reclaman. Lo anterior permite constatar, que si bien la parte quejosa acude a esta instancia alegando un interés jurídico, es evidente, únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano que tiene un interés simple en que se dicten las medidas necesarias para la atención médica de un tercero. No obstante lo anterior, el interno tiene a su alcance los mecanismos legales para instar por propio derecho de manera propicia cualquier afectación o lesión alguna a sus derechos o intereses que deba ser reparada en el juicio biinstancial. ??????? De modo que, con lo relatado con anterioridad resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de garantías indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, a contrario sentido, ambos de la Ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. MEDIOS ELECTRÓNICOS Finalmente, respecto a su solicitud en el sentido de autorizarle el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal se advierte, que en el presente juicio no obra la constancia de notificación correspondiente a la parte quejosa del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda intentada. Atento a lo anterior, se comisiona cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen la notificación mencionada.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. NOTIFICACION PERSONAL

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