Omar Montes Hernández

Expediente 2091/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2091/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Omar Montes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa contra el acuerdo dictado el tres de octubre de dos mil veintitrés, respecto del cual se formó el toca 391/2023. Circunstancia que se toma en consideración, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por ***, autorizado en términos amplios del quejoso ***, mediante el cual interpone queja contra del acuerdo dictado el tres de octubre de dos mil veintitrés. Tomando en consideración que el recurso de queja se interpuso contra el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo, se estima legalmente innecesario dar vista a las partes, como lo dispone el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado sólo afecta a la parte quejosa, aunado a que no se ha dado intervención a las autoridades señaladas como responsables, ni al Ministerio Público adscrito. En consecuencia, téngase por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra del acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 101, de la Ley de Amparo, 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO POR LA RECURRENTE, toda vez que el tres de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado dictó un acuerdo en el que se desechó de plano la demanda promovida por Omar Montes Hernández, por las razones que se exponen en el mismo. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales, y mediante oficio que al efecto se gire remítase al citado Tribunal de Alzada, el escrito de interposición del recurso de mérito y en el que expresa sus agravios, al que deberá adjuntarse una copia más para correr traslado al Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. (...) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******, la determinación de 03 de octubre de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por ***********, contra actos de la persona moral **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2091/2023. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de la persona moral ************, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo siguiente: - La negativa de recibir pagos respecto del contrato de compraventa suscrito entre el directo quejoso y la persona moral el promovente reclama de la persona moral ******, relacionado con el departamento denominado comercialmente como ******************. - La omisión de proveer respecto de su solicitud de fecha catorce de septiembre de pasado, en el que solicitó la explicación respecto a sus políticas de venta y la entrega vía correo electrónico del monto de pagos recibidos. DESECHAMIENTO. Ahora bien, en principio debe puntualizarse que el estudio de las causas de improcedencia son de análisis preferente, de tal modo que, previo a la admisión de una de demanda de amparo, es obligación del juzgador analizar si la demanda de amparo es procedente o, en su caso, si se actualiza alguna causal que la haga improcedente, pues así lo señala el artículo 113 de la Ley de Amparo. El citado artículo establece que es Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de la demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo1 , los cuales a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente2 : "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Es aplicable al caso, la tesis 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes3 : "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas concretas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. Ahora, en el caso la parte quejosa reclama de la persona moral **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo siguiente: - La negativa de recibir pagos respecto del contrato de compraventa suscrito entre el directo quejoso y la persona moral el promovente reclama de la persona moral ********, relacionado con el departamento denominado comercialmente como ********. - La omisión de proveer respecto de su solicitud de fecha catorce de septiembre de pasado, en el que solicitó la explicación respecto a sus políticas de venta y la entrega vía correo electrónico del monto de pagos recibidos. Sin embargo, la empresa ************* Sociedad Anónima de Capital Variable, no puede ser considerada autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues de la demanda de amparo se advierte que se tratan de actos realizados en una relación de coordinación, ya que los mismos, derivan de un contrato en el cual se adquieren derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad y reciprocidad, por lo que no se pueden entender dichos actos u omisiones en ningún momento, como una relación de suprasubordinación. Ilustra al caso, la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2026202, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN (CANCELACIÓN DE UNA LICENCIA SINDICAL A UN TRABAJADOR DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO) [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. (.....) Incluso la omisión de la persona moral *************, Sociedad Anónima de Capital Variable, de dar contestación a la solicitud realizada por la parte quejosa el día catorce de septiembre pasado, no constituye un acto reclamado en este asunto, puesto que no hay una normativa de la que se advierte que la inmobiliaria en comento, actué como autoridad responsable en equivalencia del Estado, aunado que los actos reclamados derivan de una relación entre particulares, pues deriva de un contrato; por lo que todos los actos que reclama por esta vía, podrá impugnarlos ante el tribunal de instancia correspondiente. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Omar Montes Hernández. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, en virtud de que acreditaron el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que refiere, con las limitaciones que establece el citado numeral, por no acreditar dicho registro. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que refiere, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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