Omar Martínez Sibaja

Expediente 446/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
446/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Omar Martínez Sibaja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso de cuenta a través del cual *******, quien aduce ser apoderado legal del tercero interesado, solicita copia certificada de la sentencia emitida en este juicio, así como del auto que la declaró ejecutoriada. Atento a lo anterior, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que en este sumario no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesado.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días a que alude el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de revisión la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó el amparo promovido por ********a; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el 2° precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registros de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el cuaderno original del incidente correspondiente y, en su oportunidad ARCHÍVESE como asunto terminado.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte no se ha notificado la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se ordena que la citada resolución se notifique por lista a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Para dar complimiento a lo anterior, se transcribe la determinación de treinta de septiembre del año en curso: "VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 446/2021-II, promovido por Omar Martínez Sibaja, por propio derecho, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de distrito el día hábil siguiente, ***** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. JUEZ VIGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO AUTORIDAD ORDENADORA. JUEZ SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, COMO AUTORIDAD EJECUTORA. EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, COMO AUTORIDAD EJECUTORA. IV. ACTOS RECLAMADOS. A) AL JUEZ VIGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, todos los autos, decretos y resoluciones, así como la orden de desocupación del inmueble ubicado en CASA MARCADA CON EL NÚMERO 11 DE LA CALLE VALLE DE BRAVO, FRACCIONAMIENTO LOMA DEL VALLE ESCONDIDO EN ESTE MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, dictada en el JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO NÚMERO 1370/2019 del índice de dicho Juzgado seguido por BANCO DEL BAJÍO en contra de ALFONSO ANTONIO GALLARDO SUÁREZ. B) AL JUEZ SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, le reclamo el cumplimiento dado a la ejecución dictada y derivada del EXHORTO 168/2021 mencionado en el inciso anterior. C) DEL EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, le reclamo todas y cada una de las notificaciones ilegales que me haya practicado, así como la inminente ejecución sobre la vivienda ubicada en CASA MARCADA CON EL NÚMERO 11 DE LA CALLE VALLE DE BRAVO, FRACCIONAMIENTO LOMA DEL VALLE ESCONDIDO EN ESTE MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO y derivada del EXHORTO 168/2021 mencionado en el inciso anterior." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son los siguientes, la falta de emplazamiento al Juicio Especial Hipotecario 1370/2019, promovido por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de Alfonso Antonio Gallardo Suárez, incluida la sentencia dictada en el mismo, así como la orden de entrega del inmueble ubicado en la casa marcada con el número once, calle Valle de Bravo, Fraccionamiento Loma de Valle Escondido, municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los acto reclamados al Juez Vigésimo de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán, Estado de México y Ejecutor adscrito al mismo, por así advertirse de su correspondiente informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por la responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de certificación de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio. Previamente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede en primer lugar el análisis de las causales de improcedencia por ser de examen preferente y de orden público. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que las autoridades responsables hayan aceptado la existencia del acto a ellas atribuido, pues la certeza de estos no constituye, por sí misma, la procedencia del juicio, esto es, no impide al resolutor de amparo el análisis oficioso respecto de las causas de improcedencia de la acción constitucional. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, primera parte, página 287, séptima época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". Se advierte que el quejoso se ostenta como tercero extraño al Juicio Especial Hipotecario 1370/2019, seguido por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de Alfonso Antonio Gallardo Suárez, del índice del Juzgado Vigésimo de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México; sin embargo, el quejoso no es parte procesal en la controversia de origen. Por lo que en el caso, contrariamente a lo esgrimido por el promovente, en dicho juicio no era necesaria su intervención o llamamiento a juicio. Por lo que, al hacer un estudio de las constancias que obran en autos del juicio de origen, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. De los preceptos citados se advierte con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías, que es que, éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. Ahora, se debe destacar que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico de quien promueve el amparo, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 1o.A.J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, Número 60, (Diciembre de 1992), visible en la página 35, cuya sinopsis refiere: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." De lo anterior, podemos extraer los siguientes elementos del interés jurídico: a).- La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo). b).- La titularidad de ese derecho por parte de una persona. c).- La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d).- La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Por tanto, el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo; es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio jurídico, como se desprende de lo establecido por el artículo 5 fracción I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, en un juicio de amparo. De tal suerte que el peticionario de garantías debe acreditar de forma fehaciente, cuando acude en su demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. En ese sentido, si el quejoso acude al juicio de garantías, aduciendo defender un derecho de propiedad que, de acuerdo a su dicho, detenta en virtud de la copia certificada de un contrato privado de compraventa, cuyas firmas fueron ratificadas ante notario público el tres de diciembre de dos mil veinte, esa circunstancia debe de ser acreditada y no inferirse a base de presunciones. En ese sentido, respecto de la referida copia certificada del contrato privado de compraventa, el mismo no resulta ser suficiente para acreditar el interés jurídico que dice tener sobre el inmueble materia de la litis en el juicio especial hipotecario de que se trata. Lo anterior, en virtud que un documento privado será de fecha cierta, entre otras hipótesis, a partir del día que se celebra ante fedatario público; esto es que el mismo se hubiera celebrado ante el notario, es decir, redactado por él; sin que baste la simple ratificación de los contratantes ante el fedatario para considerarlo suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo. Lo anterior es así, toda vez que la copia certificada del contrato privado de compraventa, celebrado aparentemente entre Alfonso Antonio Gallardo Suárez en su carácter de vendedor y Omar Martínez Sibaja como comprador, el cual ostenta fecha de celebración de tres de diciembre de dos mil veinte, y certificación de la misma fecha, respecto del inmueble ubicado en la casa marcada con el número once, calle Valle de Bravo, Fraccionamiento Loma de Valle Escondido, municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no puede ser considerado eficaz para acreditar su interés jurídico, en virtud de las siguientes consideraciones: El tres de diciembre de dos mil veinte, el Notario Público número seis de Quintana Roo, certificó: "El ciudadano Licenciado JORGE RODRIGUEZ MÉNDEZ Notario Público Titular número 6 (seis) de Quintana Roo, en ejercicio por acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial número 28, Sección III (tres romano) tomo CCCLXXI (trescientos setenta y uno romano), hago constar y - - - CERTIFICO - - - - - Que las firmas que aparecen en el presente documento motivo de esta ratificación fueron puestas de su puño y letra por el C. ALFONSO ANTONIO GALLARDO SUÁREZ así como por OMAR MARTÍNEZ SIBAJA; documento mismo que me exhiben en original en 3 (tres) hojas tamaño carta impresas cada una de ellas por un solo lado y que contiene un contrato de compraventa de fecha 3 (tres) de diciembre de2020 (dos mil veinte), documento que doy fe de tener a la vista y para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.----------Estado de Quintana Roo, el día 3 de diciembre de dos mil veinte." En ese sentido, al contener dicho documento la certificación notarial de mérito, se obtiene que el referido contrato privado de compraventa es de fecha cierta. No obstante lo anterior, esto es, que el contrato privado de compraventa ofrecido y exhibido por el quejoso, es de fecha cierta, el referido documento no es suficiente para acreditar el interés jurídico que dice tener el mismo, respecto del inmueble que dice es de su propiedad. Ello es así, en virtud de que la aludida certificación fue realizada con fecha posterior a la emisión de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, de once de junio de dos mil trece, por el entonces Juez Quinto de lo Civil del Distrito Federal; por ende, no resulta ser un medio probatorio eficaz para establecer el interés jurídico que dice tener el hoy quejoso. Lo anterior se obtiene al analizar la constancias remitidas por la autoridad responsable, en las que se advierte que, en auto dictado por el entonces el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Federal, se admitió a trámite el Juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de Alfonso Antonio Gallardo Suárez, el cual fue radicado bajo el número 84/2013; y previo emplazamiento y contestación de la demanda por parte del demandado citado, el once de junio de dos mil trece se dictó sentencia condenatoria, decretando el vencimiento anticipado del plazo concedido al demandado para el pago del crédito hipotecario y condenando al referido al pago de las prestaciones reclamadas por el actor. En resolución interlocutoria de aprobación o no de remate en segunda almoneda, emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se adjudicó el inmueble ubicado en la casa marcada con el número once, calle Valle de Bravo, Fraccionamiento Loma de Valle Escondido, municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en favor de Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. En auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez Vigésimo de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México tuvo por recibidos los autos del expediente número 84/2013 del índice Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Federal, en virtud de la extinción de ese juzgado, radicando dicho expediente con el número 1370/2019. De lo que se colige que si bien el Notario Público Seis del Estado de Quintana Roo, certificó que ante él fueron ratificadas las firmas plasmadas en el contrato exhibido el tres de diciembre de dos mil veinte, dicho contrato adquirió fecha cierta a partir de que el Notario realizó la referida certificación. En efecto, si el contrato privado de compraventa se hace existente, en certeza de fecha, a partir del momento en que el Notario Público realizó su certificación y ésta es de fecha posterior a la emisión del acto de autoridad (sentencia definitiva), e incluso la adjudicación del inmueble; es inconcuso que en relación con dicho acto el quejoso carece de interés jurídico, ya que al momento de dictarse el fallo definitivo en el juicio de origen no había certeza del referido acuerdo de voluntades; de ahí que, con su sola exhibición, no acredita el interés jurídico para reclamar lo actuado en el juicio de origen. Por lo que dicha documental carece de valor probatorio y, por ende, es insuficiente para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, ya que no existe en autos otro elemento que, relacionado con este, pueda generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados. Lo anterior en virtud que con la documental exhibida no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales. Probanza con la que no acredita la calidad de propietario jurídico del bien materia de la litis, en la forma en que lo expresó en su demanda de garantías, ni que dicha propiedad sea la tutelada en el artículo 14 Constitucional. En efecto, el presupuesto fundamental que como punto de partida debe atenderse en el caso concreto es la causa generadora de la propiedad, o sea en concepto de poseedor jurídico, como prerrogativa de la posesión y su afectación con motivo de los actos reclamados. Toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la propiedad jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número I.5o.C.6 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II (noviembre de 1995), Novena Época, registro 203885, página 613, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Porque el instrumento privado en análisis únicamente demuestra el acuerdo de voluntades que contiene, pero nunca la propiedad, ya que ésta radica en el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, por lo que se debe probar en el juicio de amparo que el impetrante ejerce ese mando de hecho sobre la cosa de la que dice tratan de desposeerlo, lo que no se puede derivar necesariamente del contrato privado de compraventa en examen. Por lo anterior, si el peticionario de amparo omitió justificar fehacientemente la causa u origen de la propiedad que arguyó ejercer sobre el inmueble materia del acto reclamado, ante tal situación resulta inobjetable que no demostró el interés jurídico necesario para que mediante el ejercicio de la acción constitucional, fuere tutelado el derecho que invocó, actualizándose por ende la causa de improcedencia que establece la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley, es un derecho subjetivo, o sea, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva de derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia, de dos elementos inseparables a saber: a) Una facultad de exigir, y b) Una relación correlativa traducida en un deber jurídico de cumplir dicha exigencia. No se opone a lo que antecede la circunstancia de que el garante hubiera aportado, en su caso, el contrato privado de compraventa antes descrito, ya que como se ha señalado con anterioridad, éste no justificaría de manera legítima la supuesta propiedad que dice tener, ya que para acreditar el poder de hecho relativo de un bien en forma permanente, constante o continua y actual, se requiere de prueba idónea. Lo anterior encuentra apoyo el criterio sostenido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismo que señala en su rubro y texto: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger a simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." (S.J.F. 8ª Época, tomo II, 2ª, Julio a Diciembre de 1988, Pág. 404) Así como el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P/J.1/2012 mismo que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." (S.J.F. y su Gaceta, 9ª Época, Febrero de 2002, tomo XV, Pág. 5) En ese sentido, aun cuando el contrato exhibido por la parte quejosa, es de fecha cierta por haber ratificado las firmar de los intervinientes ante notario público, lo cierto es que al haberse obtenido la certeza de su existencia después de la emisión de los actos reclamados, no puede estimarse que le asista derecho para instar el presente juicio; y, por tanto, al no estar legitimado para ello, no acredita su interés jurídico. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 69/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI (noviembre de 2013), Tomo 1, Décima Época, registro 2004905, página: 287, de rubro y texto siguientes: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad." Por lo anterior, si el peticionario de amparo omitió justificar fehacientemente la causa u origen de la propiedad que arguye ejercer sobre el inmueble materia del acto reclamado, ante tal situación resulta inobjetable que no demostró el interés jurídico necesario para que mediante el ejercicio de la acción constitucional, fuere tutelado el derecho que invoco, resulta manifiesto que se actualiza en el caso planteado la referida causa de improcedencia, situación que conduce a sobreseer en el juicio de garantías intentado, conforme establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras, toda vez que no fue reclamado por vicios propios. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia, número 647, visible en la página 4343, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "AUTORIDAD _EJECUTORA. _SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Además, no pasa inadvertido para este juzgador, la circunstancia de que no se haya emplazado a la parte tercera interesada, al presente juicio, sin embargo, aun cuando dicho acto procesal es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, también lo es que uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita. En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero interesado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Por tanto, aun cuando el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que si una de las partes que tenga derecho a intervenir en un juicio de garantías no ha sido oída, se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento; sin embargo, para que se reponga éste, es menester que haya trascendido al resultado del fallo, causando un perjuicio a la parte no llamada al procedimiento, lo cual no acontece en el presente asunto, puesto que lo que en realidad le afecta es la imposibilidad de ejecutar una sentencia firme, atento a la tramitación de este juicio. Además, obligar al juzgador a emplazar al tercero interesado, en las condiciones apuntadas, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.

  4. Principal

    SE CELEBRA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y PASA A PROYECTO DE SENTENCIA.

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