Omar Martínez González
Expediente 300/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Omar Martínez González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; en atención a su contenido, se le tiene devolviendo diligenciado el exhorto 86/2019 (número de orden 178), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara al quejoso el proveído de cinco de marzo en curso, lo que acredita con las constancias que adjunta. Atento a lo anterior, téngase por recibida la referida comunicación oficial, dése de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente, sin que haya lugar acusar recibo dado que la misma fue remitida vía electrónica, por lo que el sistema arroja el acuse correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: OMAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ. Demanda y radicación Vista la demanda de amparo presentada por el quejoso Omar Martínez González; mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Juez Primero Menor Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número I-300/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, revela que el acto reclamado por el promovente de amparo es el siguiente: El auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio civil 1317/2018, en el que el juez responsable tuvo por confesa a la parte quejosa del pliego de posiciones exhibido por la parte actora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Improcedencia de la demanda de amparo En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo;.". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente contra el proveído citado en párrafos precedentes, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad personal, etc.; sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando el juez responsable determina dar por confeso a una de las partes, en virtud de que no compareció a la audiencia de apertura de sobre de pliego de posiciones. En virtud de lo anterior, el acto de autoridad que reclama la parte quejosa tiene el carácter de un acto meramente intraprocesal, el cual sólo trae como consecuencia que se dé por confesa a la parte demanda [aquí quejosa] respecto de la prueba confesional ofertada por la parte actora. Para una mejor apreciación del motivo de improcedencia invocado, conviene señalar que la parte promovente impugna un proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero Menor Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio civil 1317/2018; en el cual se determinó declarar confeso a Omar Martínez González, toda vez que no compareció a la audiencia de apertura de sobre de pliego de posiciones, la cual tuvo verificativo la misma fecha del acuerdo del cual se duele la parte quejosa. De lo anterior, se colige que la determinación que constituye el acto reclamado no es de aquellas que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega el quejoso únicamente trae como consecuencia que se tenga por confeso del pliego de posiciones en su calidad de parte demandada. Cabe referir que, de estimar ilegal el auto que combate, podría inconformarse contra el mismo en amparo directo, para el caso de que dicha violación procesal afecte la defensa del quejoso y trascienda al resultado del fallo, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Por tanto, el acto que reclama en esta vía constitucional, no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que el acto combatido tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, ello es así, ya que se debe considerar que el acuerdo del juez responsable en el sentido de declarar confeso al demandado, no le reviste la característica de ser un acto de imposible reparación. Así pues, por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En ese sentido, el efecto de dicha determinación por la autoridad responsable no produce una situación material o de derecho, que lesiona el interés del peticionario de amparo y que perdure cualquiera que pudiera ser el sentido de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales De igual modo, es de invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, número de registro 2006589, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". No obsta a lo anterior, que los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de una violación procesal de la misma envergadura. Desechamiento Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 y precepto 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; sin que haya señalado autorizados para tales efectos. Habilitación de días y horas inhábiles y capturas y anotaciones del expediente De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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