Omar Marquina Carreto

Expediente 187/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
187/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Omar Marquina Carreto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por medio de la cual se negó el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes.* Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se negó el amparo en el presente juicio, se declara que este expediente es conservable, por lo que pasados los tres años a que se refiere el referido artículo, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes del Área Coordinadora de archivos. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "********", en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 187/2023, promovido por Omar Marquina Carreto, por conducto de su apoderado Saúl Ventura Cardoso, contra el acto que se reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por considerarlo violatorio del derecho contemplado en el artículo 17 Constitucional. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 2 a 10), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Omar Marquina Carreto, por conducto de su apoderado Saúl Ventura Cardoso, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "Se señala al TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, con domicilio ampliamente conocido en calle Francisco Leyva #5, Colonia Centro de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000." ACTO RECLAMADO "Se reclama de la responsable el ACUERDO de fecha diecinueve de enero del año 2023." SEGUNDO. Registro, admisión y trámite de la demanda. En acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés (fojas 17 a 21) se desechó de plano la demanda de amparo. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa, interpuesto recurso de queja, mismo que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, quien en ejecutoria de catorce de abril de dos mil veintitrés, lo declaró fundado (fojas 37 a 52). En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, ordenó emplazar a juicio al tercero interesado y por último, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. El nueve de mayo de dos mil veintitrés (foja 58), se emplazó al tercero interesado Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a esta instancia constitucional. CUARTO. Audiencia Constitucional. Seguidos los trámites de ley tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, III.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza laboral, atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión de los actos reclamados, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Materia, Común. Página: 705, Décima Época, Registro, 2010982 de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo siguiente: El acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 01/1658/19, mediante el cual en etapa de ejecución de laudo requiere a la parte demandada, el cumplimiento del mismo. TERCERO. Actos reclamados existentes. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 61 a 63), manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas relativas al expediente laboral 01/1658/19, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, con registro 222780, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, ello al considerar que no existe una afectación en la esfera jurídica del quejoso. En principio, es importante destacar que el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Dicha causal es infundada, por las consideraciones siguientes. Del estudio de constancias se advierte que el aquí quejoso, es la parte actora en el juicio burocrático de origen, y que no obstante se dictó laudo en su favor el doce de abril de dos mil veintidós, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, éste no ha sido cumplido por la parte demandada. En esas circunstancias, se estima que le asiste interés jurídico al quejoso para controvertir el acuerdo reclamado, en virtud de que sus alegaciones están dirigidas a evidenciar el retardo en el cumplimiento del laudo que le resultó favorable; de ahí lo infundado de la causal propuesta. Al no existir diversa causa de improcedencia que las partes hagan valer o que este órgano de control constitucional advierta de oficio, se impone realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. El doce de abril de dos mil veintidós (fojas 119 a 123), el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, dictó laudo, en el que resolvió: "PRIMERO.- Dentro del expediente 10/1658/2019, ******************** acreditó el ejercicio de su acción principal y prestaciones autónomas; mientras que la parte demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIUTEPEC, MORELOS, no demostró sus defensas y excepciones opuestas por cuanto a la acción principal y las autónomas. SEGUNDO: De conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden, se condena al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIUTEPEC, MORELOS al pago o cumplimiento de las siguientes prestaciones. (.) CUARTO: Se concede a la demandada, un plazo de quince días, contado a partir de que surtan sus efectos la notificación de la presente resolución, para que la cumplimente en sus términos y pague la cantidad de $63,005.77 (SESENTA Y TRES MIL CINCO PESOS 77/100 M.N.) apercibida que no hacerlo se continuará con los previsto en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos." Inconforme con tal determinación, la parte demandada, promovió juicio de amparo directo, mismo que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, quien en ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil veintidós (fojas 141 a 159), resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, contra el acto y autoridad responsable señalados en el resultando primero de esta resolución". Posteriormente, mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós (fojas 163 a 165), la parte quejosa solicitó al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictara auto de requerimiento de pago y embargo. En cumplimiento a dicha solicitud, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés (fojas 166 a 168), acordó favorable la petición de la parte actora, y ordenó requerir al Ayuntamiento demandado por conducto de su Presidente, a efecto de que diera cumplimiento al laudo en su totalidad. Dicho proveído constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Una vez precisados los antecedentes del juicio de origen, se procede a analizar los conceptos de violación. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". En la demanda de amparo, la parte quejosa hace valer, en esencia, los siguientes conceptos de violación: I. La autoridad responsable en lugar de hacer cumplir sus determinaciones de manera pronta y expedita, realiza lo contrario, dilatando la etapa de ejecución de laudo. II. Que la autoridad responsable con la aplicación del acuerdo de pleno de cinco de julio de dos mil veintidós, modifica la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. III. Que previo a apercibir en términos del artículo 124 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con la aplicación del referido acuerdo de pleno, se creó una serie de requerimientos (entre siete y once acuerdos). IV. Que la etapa de ejecución de laudo en el juicio de origen se tiene que regir por lo que establece el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus dos fracciones. Ahora bien, previamente a calificar los motivos de inconformidad, es necesario precisar que en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, tiene cabida la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja; ya que el quejoso es la parte trabajadora en el juicio de origen. Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo II, Septiembre de 1995, página 333, Novena Época, registro 200727, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones". Una vez precisado lo anterior, se determina que aún suplidos en su deficiencia los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, se consideran infundados, por las siguientes razones. En principio es importante señalar que los justiciables son titulares del derecho humano a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a la ejecución de las sentencias firmes, tal y como lo estableció nuestro Máximo Tribunal del país, al emitir la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, Registro 2018637, de rubro siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." De tal contexto se obtiene el reconocimiento del derecho a la ejecución de sentencias o laudos, el cual evita que se tornen ilusorias o terminen por negar un derecho reconocido. Al igual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la efectividad de estas determinaciones depende de su ejecución, de modo que forman un componente fundamental de protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos. Es ilustrativa la tesis aislada 2a. XXI/2019 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, página 1343, Registro 2019663, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, tratándose del procedimiento de ejecución de los laudos dictados en el procedimiento burocrático en el Estado de Morelos, la Ley del Servicio Civil de la Entidad, establece que el Presidente Ejecutor podrá imponer como medidas de apremio para lograr el cumplimiento de sus determinaciones las siguientes: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." No obstante lo anterior, el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil de la Entidad, expresamente prevé la posibilidad de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado resuelva lo no previsto en dicha ley, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. En ese sentido, la autoridad responsable tiene el imperioso deber de dictar las medidas conducentes, formular requerimientos y decretar apercibimientos, no solo limitándose al contenido de la Ley del Servicio Civil de la Entidad; sino que cuenta con facultades para examinar otras disposiciones legales, a efecto de lograr el cumplimiento del laudo. Lo anterior se justifica porque el tribunal laboral cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para hacer valer sus determinaciones. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 227, con registro 168880, de rubro y texto siguientes: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." De igual forma, es pertinente precisar que para poder llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante, toda vez que sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor. Apoya a lo anterior, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1860, Décima Época, Registro 2002144, que dice: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." De igual forma, ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, Décima Época, Registro 2000025, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Una vez precisado lo anterior, se considera infundado el concepto de violación en que el quejoso refiere que la autoridad responsable en lugar de hacer cumplir sus determinaciones de manera pronta y expedita, con la emisión de acuerdo reclamado, realiza lo contrario, dilatando la etapa de ejecución de laudo. Lo anterior se considera así, toda vez que de las actuaciones del juicio burocrático se puede advertir que el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no ha retardado la etapa de cumplimiento de laudo, ya que el quejoso solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y embargo a efecto de lograr el cumplimiento del laudo, por lo que dicha responsable en atención a tal petición, emitió el acuerdo reclamado de diecinueve de enero de dos mil veintitrés (fojas 166 a 168), en el que ordenó requerir a la demandada para efecto de que cumpliera con la resolución definitiva. Acuerdo que posteriormente fue notificado a la parte demandada en el juicio de origen el treinta de enero de dos mil veintitrés (foja 172). Luego, se puede considerar que tal actuar de la responsable no retarda la ejecución del laudo, ya que contrario a ello, acordó favorable la solicitud de la parte actora, y ordenó requerir a la demandada su cumplimiento. Lo anterior, aunado al hecho de que como se dijo, en la etapa de ejecución de laudo, el impulso procesal no corresponde al Presidente Ejecutor, ya que es indispensable la intervención del actor en la solicitud del acuerdo de requerimiento, así como en las diligencias posteriores; por lo que si la responsable, en el acuerdo reclamado ordenó requerir a la demandada, tal actuación per se, no puede considerarse que retarda dicha etapa, si no por el contrario, tiene la finalidad de se cumpla con el laudo. De igual forma, se consideran infundados los conceptos de violación hechos por el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable con la aplicación del acuerdo de pleno de cinco de julio de dos mil veintidós, modifica la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; así como que la etapa de ejecución de laudo en el juicio de origen se tiene que regir por lo que establece el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus dos fracciones, por las siguientes razones. Con base en lo relatado con anterioridad, es evidente que la autoridad responsable al momento de emitir el proveído reclamado, estuvo en lo correcto en determinar que era procedente apercibir al demandado con la imposición de una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), establecida en el artículo 148 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, hacerle del conocimiento que en un futuro de desplegar una conducta contumaz para dar cumplimiento al laudo, se continuaría aplicando el orden de prelación de las medidas de apremio establecido en la Sesión de Pleno de cinco de julio de dos mil veintidós. Esto es así, ya que como se advierte del juicio laboral de origen, así como de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con motivo de la concesión del juicio de amparo 380/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, se desincorporó de la esfera jurídica de RAFAEL REYES REYES, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, quien es autoridad demandada, de la aplicación del artículo 124, Fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicado el seis de septiembre del dos mil, por lo que el Tribunal responsable no le podrá aplicar dicha norma legal en el presente ni en el futuro. Aunado a ello, en relación con la aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, existen diversas controversias constitucionales que han declarado la invalidez de dicha fracción, en relación con diversos municipios de la Entidad. Uno de ellas, la controversia constitucional 253/2016, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución dictada el quince de noviembre de dos mil diecisiete, la cual constituye un hecho notorio para este juzgado, al haber sido consultada a través del portal de INTRANET del Poder Judicial de la Federación, en donde dicho órgano colegiado determinó declarar la invalidez de un acuerdo dictado en un juicio laboral a través del cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, aplicó como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución del Presidente Municipal de un Ayuntamiento de Morelos. Lo anterior, pues la Segunda Sala consideró que dicho Tribunal Local interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de cara al contenido del artículo 115 de la Carta Magna. Y, al interpretar el artículo 115 Constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo a partir de lo determinado por el Pleno de ese Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 7/2004, de rubro "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO", cuyo criterio derivó del estudio de la controversia constitucional 44/2002, cuya materia de estudio fue la decisión de un municipio de suspender a un regidor por no cumplir con requisitos de elegibilidad -ser regidor y ostentar un puesto dentro del gobierno del estado- y quien consideró afectado en sus facultades fue el congreso local; y en ese supuesto, la Corte resolvió que, efectivamente, el municipio -cabildo- había ido más allá de sus facultades legales e invadió las del Congreso Local, puesto que sostuvo que el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previene una situación excepcional que da lugar a un mecanismo para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, esto frente al principio democrático relativo a que el Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Con base en ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un interpretación conforme del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y consideró que, aunque el artículo 124 en comento, efectivamente, permite que el tribunal burocrático del Estado de Morelos puede sancionar la desobediencia a sus determinaciones con destitución del infractor, dentro de este concepto "infractor" no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que de estimar lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al considerarse facultado dicho tribunal para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, soslayando que el citado artículo 115 señala que únicamente las Legislaturas locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan." Así, la Segunda Sala determinó que si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal se incurre en un acto contrario a ésta, como había ocurrido en el caso analizado, donde el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, estipulando así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. De ahí que, ante lo expuesto, lejos de que el Tribunal responsable le esté vulnerando sus derechos fundamentales con el acuerdo reclamado en donde se apercibe a la parte demandada con las medidas de apremio establecidas en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como en el acuerdo plenario, le otorga un beneficio con el fin de lograr la eficaz ejecución del laudo. De considerarse lo contrario, se estaría obstruyendo al Tribunal laboral implementar la gama de instrumentos legales con los que cuenta para lograr la ejecución del laudo, ello en perjuicio del artículo 17 constitucional. Motivo por el cual, este juzgado considera que fue correcto el actuar del Tribunal responsable, ya que se reitera, el tribunal responsable tiene el ineludible deber de garantizar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, para lo cual, debe dictar las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo, por lo que, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, no se le está postergando la ejecución de dicha resolución. Finalmente, es infundado el motivo de disenso en el que el quejoso refiere que previo a apercibir en términos del artículo 124 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con la aplicación del referido acuerdo de pleno de cinco de junio de dos mil veintidós, se creó una serie de requerimientos (entre siete y once acuerdos), lo que retarda la etapa de ejecución de laudo. Esto se considera así, toda vez que el acto reclamado, es el primer auto emitido en la etapa de ejecución del laudo, y el hecho de que refiera que tienen que pasar entre siete y once acuerdos para que se cumpla con dicha resolución, es una cuestión futura e incierta, pues puede suceder que antes de que se lleguen a realizar todos esos requerimientos, la parte demandada cumpla con el laudo, y por tanto, se considera que tal motivo de disenso solo se sustenta en suposiciones que no han ocurrido. Por lo que, no obstante la forma en que se apercibió a la parte demandada en caso de no cumplir con el laudo, el acto reclamado en sí mismo, no tiende a retardar la etapa ejecutiva, sino por el contrario busca cumplir en su totalidad con la resolución definitiva. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión publica protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso sexto. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de quince de junio de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las constancias solicitadas. En razón de lo anterior, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa, son necesarias diversas constancias. En consecuencia, a efecto de tener mayores elementos, con fundamento en el ordinal 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita lo siguiente: *Copia certificada de la determinación en la que se establecieron las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos, emitida el cinco de julio de dos mil veintidós, por los integrantes que conforman el pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como del boletín de ocho del citado mes y año, por el cual se hizo del conocimiento al público en general. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, o bien, de no manifestar su imposibilidad para ello, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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