Omar Manuel Aguirre Soto
Expediente 1170/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Omar Manuel Aguirre Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de abril de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de veintidós de marzo del presente año, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, si se encuentra o no cumplida la sentencia de amparo dictada en este sumario. En esa tesitura, se tiene que en el caso concreto la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en el expediente número 785/2013-II, relativo al incidente de cesación y reducción de pensión alimenticia, promovido por Javier Omar Aguirre Zárate, en contra del aquí quejoso Omar Manuel Aguirre Soto y otro, en el que desechó de plano el recurso de reconsideración que se hizo valer contra el auto de veintiséis de octubre pasado. En la sentencia dictada el veinte de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "(.) Deje sin efecto el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 785/2013-II, relativo al incidente de cesación y reducción de pensión alimenticia, promovido por Javier Omar Aguirre Zarate, en contra del aquí quejoso Omar Manuel Aguirre Soto y otro, en el que desechó de plano el recurso de reconsideración que se hizo valer contra el auto de veintiséis de octubre pasado; y, En su lugar, emita otro en el que, de no existir otro motivo de improcedencia, admite a trámite el medio de impugnación referido; con lo cual quedará cumplida esta sentencia constitucional.". Resolución que causó ejecutoria el trece de marzo de dos mil veintitrés. Mediante oficio 425/2ª/2023, de dieciséis de marzo del presente año, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de dieciséis de marzo del presente año, dictado en el expediente 785-2/2023, en el que se dejó sin efecto el auto de veintidós de noviembre pasado, y se admitió el recurso de reconsideración interpuesto por el peticionario de amparo, contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Documentales que, al ser públicas, merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En tal virtud, en proveído de veintidós de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, este juzgado federal dictaría resolución fundada y motivada en la que declararía si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En ese sentido, debe precisarse que, a consideración de este órgano jurisdiccional, del análisis de las actuaciones remitidas, se desprende claramente que la autoridad responsable cumplió totalmente con la ejecutoria amparadora, toda vez que dejó sin efectos el auto de veintidós de noviembre pasado, dictado en el expediente 758-2/2023, y el dieciséis de marzo del año que transcurre admitió el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Por lo que, resulta evidente que el fallo protector SE ENCUENTRA CUMPLIDO, toda vez que se RESTITUYÓ a la parte quejosa en el goce de la garantía relativa a la administración de justicia pronta y expedita tutelada por el artículo 17 Constitucional. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de dieciséis de marzo del presente año, dictado en el expediente 785-2/2023, en el que se dejó sin efecto el auto de veintidós de noviembre pasado, y se admitió el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que se provee, dese vista a las partes para que en el término de tres días siguientes al en que les surta efectos legales la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido ese plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que AMPARA a Omar Manuel Aguirre Soto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se tiene que, en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "Deje sin efecto el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 785/2013-II, relativo al incidente de cesación y reducción de pensión alimenticia, promovido por Javier Omar Aguirre Zárate, en contra del aquí quejoso Omar Manuel Aguirre Soto y otro, en el que desechó de plano el recurso de reconsideración que se hizo valer contra el auto de veintiséis de octubre pasado; y, En su lugar, emita otro en el que, de no existir otro motivo de improcedencia, admita a trámite el medio de impugnación referido; con lo cual quedará cumplida esta sentencia constitucional." Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se otorga por única ocasión a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración la complejidad y dificultad para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, para que, dentro de dicho plazo, acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. Apercibida que, de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad, pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realice, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sin que sea el caso requerir a alguna otra autoridad, como superior jerárquico en términos del criterio emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la en la de jurisprudencia PC.I.C. J/3K (10a), cuyo rubro es el siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, registro 2007295, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, en la página 1378)." Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las once horas con veinte minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1170/2022-IV, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo y anexo; auto admisorio de veinte de diciembre de dos mil veintidós; informe justificado rendido por la autoridad responsable; acuerdo en el que se tuvo por rendido y con su contenido se dio vista a las partes; constancias notificación a las partes, entre ellas, el emplazamiento del tercero interesado Javier Omar Aguirre Zarate; ocursos por medio del cual el mencionado tercero interesado se apersona a juicio; así como proveído en el que se difirió la audiencia constitucional. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, lo que será tomado en consideración al resolver este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las ofrecidas por las partes que así lo hicieron. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria da cuenta con los formulados por el tercero interesado. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de justicia Federal, se procede a dictar la siguiente resolución. , Año de la Educación Física y el Deporte VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 1170/2022-IV, promovido por ******, por derecho propio, en contra de actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, y turnado el diecinueve siguiente a la Oficialía de Partes de este Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en esta ciudad, Omar Manuel Aguirre Soto, por derecho propio, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad y el acto siguientes: "III.- Autoridades Responsables; 1.- C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares (.) IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- Del C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, reclamo: a).- El Auto emitido con fecha 22 de Noviembre del 2022, publicado en los estrados mediante lista de fecha 23 del mismo mes y año". SEGUNDO. Trámite. En proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 1170/2022-IV; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar al tercero interesado Javier Omar Aguirre Zárate; se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete (lo que fue realizado en autos); y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.7 TERCERO. Fijación del acto reclamado. 7 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." 8" En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que la parte quejosa reclama, consisten en: b) El acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en el expediente número 785/2013-II, relativo al incidente de cesación y reducción de pensión alimenticia, promovido por Javier Omar Aguirre Zárate, en contra del aquí quejoso Omar Manuel Aguirre Soto y otro, en el que desechó de plano el recurso de reconsideración que se hizo valer contra el auto de veintiséis de octubre pasado. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. De acuerdo con los dispositivos 17, 18, 19 y 22 de la Ley de Amparo, la demanda se presentó dentro del término de quince días, debido a que el quejoso fue notificado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la cual, conforme al último párrafo del artículo 101 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 3649, surtió efectos al día siguiente, por lo que el plazo para su promoción transcurrió del veinticinco de noviembre al dieciséis de diciembre del dos mil veintidós, descontando los días veintiséis, veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre, todos de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el doce de diciembre pasado, por haberse declarado inhábil según se advierte del oficio CJE/SGC/SAA/4724/2022, suscrito por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Luego, si el escrito de demanda se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, es indudable que se promovió dentro del plazo de quince días que establece el numeral 17 de la citada ley. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene 8 Tesis: 2a./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época195745, Segunda Sala, Tomo VIII, agosto de 1998, Pag. 227, Jurisprudencia (Común). 9 Las notificaciones personales surten efectos el mismo día en que se hubieren hecho y las demás al día siguiente de haberse practicado." plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la Jurisprudencia 10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO"10. En esa tesitura, se tiene por cierto el acto que se le atribuye a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que allegó dicho órgano jurisdiccional, consistentes en diversas constancias que integran el expediente del que derivan los actos reclamados; medios de prueba a los cuales se les concede valor convictivo pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página 830, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". De igual forma, soporta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." SEXTO. Causal de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en primer término, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que se invoquen o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en relación a este tópico, se precisa que las partes no las hicieron valer, ni de manera oficiosa se aprecian por parte de este órgano jurisdiccional. SÉPTIMO. Estudio de fondo. No se transcriben puesto que no existe obligación de hacerlo, tomando en cuenta que no se encuentra en la ley de la materia precepto alguno que así lo indique, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En principio, se precisa que en este asunto, de conformidad con el artículo 7911, fracción II de la Ley de Amparo, al estar ante un acto que afecta el orden y desarrollo de la familia, se suplirá la deficiencia de la queja de forma total. 10 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 11 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; (.) VII. (.) En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. (.). Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas"12. Ese sentido, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, suplido en su deficiencia, el concepto de violación que esgrime el quejoso, por las siguientes razones. Cabe precisar que el presente asunto, versará sobre la contravención al artículo 17 de la Constitución Federal, que a su vez, se relaciona con los ordinales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que señalan: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 12 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h. Registro: 2022087. pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Los preceptos transcritos autorizan señalar que los gobernados tienen el derecho fundamental de acudir a tribunales para hacer valer lo que a su derecho conviene, a través de los medios de defensa previstos en ley, y con ello, propiciar que el Estado dirima la controversia en cuestión, haciendo efectivo, el derecho de acceso a la impartición de justicia, que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. En ese orden, el acceso a la justicia se traduce en la posibilidad de promover la actividad jurisdiccional, ser parte en un proceso y una vez que se lleven a cabo las actuaciones establecidas en la legislación adjetiva aplicable, se dicte resolución en las que se pronuncie sobre las pretensiones y excepciones hechas valer, condenando o absolviendo a las partes involucradas. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 171257, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." El derecho fundamental consagrado en el artículo 17, del Pacto Federal, ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la posibilidad o prerrogativa a favor de los gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte dentro de un proceso en que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas y, en su caso, se ejecute esa decisión. Como se advierte, el derecho subjetivo de tutela judicial efectiva, consigna en favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, es decir, contiene dentro de sí, cuatro prerrogativas, a saber: 1) Justicia Pronta; 2) Justicia completa; 3) Justicia Imparcial; y, 4) Justicia Gratuita. La prerrogativa de justicia completa, impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad; para dar cumplimiento a lo anterior, se impone la obligación a los tribunales de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso que conozcan, lo cual se refleja en un examen acucioso, detenido y profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad de los hechos controvertidos, o de las posibilidades en que ofrezca cada medio probatorio. En este contexto, en el caso, tenemos que mediante en interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente número 785/2013-II, relativo al incidente de cesación y reducción de pensión alimenticia, promovido por Javier Omar Aguirre Zárate, en contra de Omar Manuel Aguirre Soto y otro, el juez responsable determinó, entre otras cosas, cesar la obligación de dar alimentos al demandado incidentado, aquí quejoso, y reducir la pensión de alimentos al diverso demandado. Contra dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de apelación, por lo que en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, previo acordar su petición, lo requirió para que ratificara ante la presencia judicial su ocurso, y lo apercibió que de no hacerlo no se le daría trámite a su promoción, a fin de evitar al fraude procesal en términos del artículo 7 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Inconforme con lo anterior, el peticionario de amparo interpuso recurso de reconsideración, en donde argumentó en esencia que: se le negaba la oportunidad de hacer valer su derecho de audiencia y legalidad y violentar los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, solicitando se le diera oportunidad de realizar la ratificación de su ocurso a través de medios electrónicos. Recurso de reconsideración que por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, le fue desechado de plano, por notoriamente improcedente, bajo las razones siguientes: "(.) Acapulco de Juárez, Guerrero., a veintidós de noviembre del dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por quien dices (sic) ser Omar Manuel Aguirre Soto, atento a su contenido y tomando en consideración que la firma que calza el mismo, difiere incluso con la que se encuentra estampada en el escrito presentado el dieciocho de octubre del año en curso, con fundamento en el artículo 9, fracción IV, del Código Procesal Civil de la entidad, se desecha de plano, por frívolo y notoriamente improcedente, el recurso de reconsideración que pretende hacer valer quien dice ser Omar Manuel Aguirre Soto, amén que de su contenido se advierte que no se encuentra atacando el auto que pretende recurrir; sino los fundamentos de derechos que con el auto impugnado se le esté violentando o transgrediendo el derecho de audiencia, pues, en dicho proveído, se ordenó ratificar la firma que fue estampada en el escrito que se presentó el dieciocho de octubre del año en curso, dándole la oportunidad al suscriptor de la misma, para que al comparecer ante este juzgado a ratificar la grafía, se acordará lo que en derecho correspondiera, ello atendiendo a la obligación que el juzgador tiene de evitar el fraude procesal en términos del numeral 7, del Código Civil de la entidad. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (.)". Como se ve, si bien el juzgador responsable invocó como fundamento legal el numeral 9 fracción IV, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que lo faculta a rechazar cualquier recurso, ello siempre y cuando merezca la calificación de intrascendente, frívolo o notoriamente improcedente. No obstante, no expresó razonamiento alguno del por qué el recurso interpuesto merecía la calificativa de intrascendente, frívolo o notoriamente improcedente. Es decir, se limitó a señalar que del contenido del ocurso a través del cual el peticionario de amparo hizo valer el recurso de reconsideración no se advertían manifestaciones para atacar el contenido del auto recurrido, sino los fundamentos de derechos y hechos que se plasmaron en la sentencia definitiva y que tampoco se advertía que se transgrediera su derecho de audiencia, dado que en dicho auto se ordenó ratificar la firma que fue estampada en el ocurso de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y se le dio oportunidad de comparecer ante ese juzgado. Esto es, el acto reclamado (no admitir el recurso de reconsideración interpuesto por el quejoso), descansa en no se advertían argumentos que atacaran el contenido del acuerdo recurrido, no obstante, de la lectura del mismo se obtiene que propiamente, no existió un pronunciamiento de fondo en cuanto a la pretensión del recurrente, sino más bien, una imposibilidad de analizar, en ese momento, el recurso de referencia. Máxime si se toma en consideración que no se dio contestación a los argumentos y la solicitud que realizó al hacer valer su medio de impugnación, relativos a que se violentaron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales y que se le diera oportunidad de realizar la ratificación de su ocurso a través de medios electrónicos, dado que se encuentra realizando sus estudios fuera del territorio mexicano, circunstancia que pretendió acreditar con la constancia que exhibió en autos. En esa coyuntura, el razonamiento vertido por la responsable, es jurídicamente insostenible, ya que, como se adelantó, adoptar esa postura como válida, propicia una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo reclamado sea real y verdaderamente resuelto, ya que lo correcto era, a fin de no dejar sin defensas al peticionario del amparo, que admitiera el recurso intentado y en su oportunidad, resolviera la cuestión combatida. Pues incluso, para pronunciarse respecto a la admisión o no del recurso de reconsideración que hizo valer, se debió tomar en consideración que para su procedencia, el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, no requiere más que la actualización de los siguientes requisitos: d) Que sea un auto o decreto; e) Que no sea apelable por disposición expresa de la ley; f) Que expresamente el legislador no disponga que sea irrecurrible. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 103/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2015591, que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En virtud de lo anterior el concepto de violación analizado es fundado, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos fundamentales del aquí quejoso, previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: ? Deje sin efecto el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 785/2013-II, relativo al incidente de cesación y reducción de pensión alimenticia, promovido por Javier Omar Aguirre Zárate, en contra del aquí quejoso Omar Manuel Aguirre Soto y otro, en el que desechó de plano el recurso de reconsideración que se hizo valer contra el auto de veintiséis de octubre pasado; y, ? En su lugar, emita otro en el que, de no existir otro motivo de improcedencia, admita a trámite el medio de impugnación referido; con lo cual quedará cumplida esta sentencia constitucional. Finalmente, en relación con los alegatos presentados por el tercero interesado, al no formar parte de la litis, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, ya que estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, materia común, tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, por propio derecho, respecto del acto consistente en el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en el expediente número 785/2013- II, relativo al incidente de cesación y reducción de pensión alimenticia, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución, para los efectos ahí precisados. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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