Omar Maldonado Delgado

Expediente 1860/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1860/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Omar Maldonado Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO EN QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES... ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO... SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    VISTA LA DEMANDA... SE DESECHA DE PLANO...

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Omar Maldonado Delgado en contra de los actos reclamados al Juez Primero del Ramo Civil y Actuario Judicial de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1860/2019. Con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones I y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, por escrito, al que deberá acompañar las copias relativas necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes en este asunto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare su demanda conforme a lo siguiente: 1.- Precisará cuál es el acto que pretende reclamar en esta vía constitucional, debido a que en su demanda -por un lado- aduce que la autoridad no lo emplazó para darle el derecho de audiencia y defensa dentro del juicio especial hipotecario 64/2017, promovido en su contra por una institución bancaria; y por otro, se duele de que actualmente se le está exigiendo la entrega física de un predio y su ejecución. Ello es así, porque dentro de los registros de este juzgado federal, existe el diverso juicio de amparo 1054/2017, que instó el propio quejoso en contra de una resolución de segunda instancia, que modificó un proveído, juicio de amparo que finalmente fue sobreseído al acreditarse su extemporaneidad; advirtiéndose del mismo que el impetrante compareció al juicio hipotecario de mérito a contestar la demanda y a ejercer su derecho de defensa. Lo anterior se invoca como hecho notorio conforme lo autoriza el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un asunto tramitado en este órgano jurisdiccional. 2.- Si lo que pretende es reclamar una determinación dirigida a desposeerlo del bien sujeto a garantía hipotecaria, deberá precisar la etapa en que ocurrió, esto es, si se emitió en el trámite del juicio hipotecario como medida precautoria o bien, si es consecuencia de la sentencia ejecutoria que le puso fin. 3.- Asimismo, aclarará el quejoso la fecha en que se enteró del acto o de su notificación y si en su contra interpuso algún recurso ordinario previsto en la legislación de la materia. 4.- Deberá indicar el estado procesal que guarda el juicio instaurado en su contra, esto es si ya se dictó sentencia definitiva o si se encuentra en trámite; ello obedece a que en su demanda de amparo precisa datos de identificación del asunto, lo que es indicativo que conoce el estado que guarda. Los anteriores requerimientos encuentran justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, así como los actos reclamados y autoridad responsable en los términos expuestos en este auto, lo cual tiene fundamento en lo previsto en las fracciones I a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, esto es, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación, así como los actos y autoridades responsables; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridades responsables, este tribunal advierte que el promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Además debe precisarse a la parte quejosa que las copias del escrito por el que dará cumplimiento a esta prevención, será en cantidad igual a seis, para ser distribuidas de la siguiente manera: una para cada autoridad responsable, que son dos; una para la parte tercera interesada; una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, dos para formar los cuadernos incidentales. Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, que dice: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio el que indica y como autorizados únicamente para imponerse de autos a las personas que indica, toda vez que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, que les acredita como licenciados en derecho...

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