Omar López Vera

Expediente 359/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
359/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Omar López Vera

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite en original la demanda promovida por *****, informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, certificación de quince de marzo del año en curso, oficio referente al despacho 05-C, de fecha trece de marzo del actual, originales del expediente *****, y toca ****, en un tomo cada uno. Lo anterior, por considerar que ese Tribunal carece de competencia para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión. Acúsese recibo. Con apoyo en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto, respecto a la demanda promovida por *******, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 359/2018-XIV. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgador advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: ***** De una interpretación gramatical del numeral 113 de la ley en la materia, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de garantías, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad; es decir, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Bajo esas circunstancias, la propia Ley de Amparo prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ahora bien, en el caso se advierte que el acto reclamado por el promovente, se hace consistir en lo siguiente: ******* De lo anterior y del análisis a las constancias de autos, claramente se advierte, que en la especie, el promovente reclama un auto emitido en segunda instancia, en la que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa por ser extemporáneo. Ahora bien, el artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, establece lo siguiente: ***** En ese orden, si el promovente reclama que la responsable declaró inadmisible el recurso de apelación, es evidente que contra dicho acto procede el recurso de reposición, pues dicho recurso puede interponerse contra todos los decretos y autos que se dicten por los tribunales en el trámite de la segunda instancia; sin importar sin son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del referido recurso sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales. Para robustecer lo anterior, es aplicable por contener el criterio jurídico apuntado, la jurisprudencia 1a./J.76/2013 emitida por la Primera Sala, décima época, visible en la página 918 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 1, materia civil, registro 2004580, de rubro y texto siguientes: ***** Por ello, debe decirse que, en este asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, por encontrarse en el supuesto que prevé el artículo 662, debió hacer valer contra el auto combatido en esta instancia constitucional el recurso de reposición correspondiente; luego, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. De lo anterior, debe destacarse que previamente a la presentación de la demanda de amparo, se debió observar el principio de definitividad del acto reclamado, el cual establece que la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado antes de acudir ante los tribunales de la federación, pues en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ello aún en el supuesto de que se estime que el acto es de ejecución irreparable, pues tal circunstancia, no exime de agotar el principio de definitividad. Tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la décima época, que dice: ***** Además, no pasa inadvertido para este juzgador, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: ***** Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro siguiente: **** Por consiguiente y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por *****. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ***** Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: **** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y, autorizando únicamente para los efectos del artículo 24, párrafo segundo, de la referida ley, a las demás personas que designa, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. ***** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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