Omar Karim Mendoza Lara
Expediente 303/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Omar Karim Mendoza Lara
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, enviado vía electrónica por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, con el que devuelve sin diligenciar el exhorto 109/2020 orden 348/2020, que se le remitió para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, notificara personalmente al quejoso ...el proveído de cinco de octubre de dos mil veinte y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, dese de baja y háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno, así como en el mencionado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin necesidad de acusar recibo, pues éste lo genera automáticamente. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de cinco de octubre de dos mil veinte por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por Omar Karim Mendoza Lara, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido; se cita al respecto el artículo 8.1.2.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Asimismo, se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al peticionario de amparo Omar Karim Mendoza Lara, mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se giró el exhorto 109/2020 (orden 348/2020), que le correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente al quejoso *** el proveído de cinco de octubre del año en curso. Por tanto, se ordena librar oficio al juzgado exhortado a efecto de que, devuelva a este órgano jurisdiccional el exhorto registrado con el número 217/2020, de su índice, y remita las constancias respectivas. ...Notifíquese mediante lista de acuerdos, una vez que se reanuden las labores en este órgano jurisdiccional. ...
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra actos que reclama del Juzgado de Primer Instancia Único del Sistema Tradicional del Ramo Penal en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 303/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, en el caso concreto se advierte que, no obstante que la demanda de cuenta, fue presentada a través del portal de internet de juicio en línea del Consejo de la Judicatura Federal, el archivo digital correspondiente únicamente fue firmado de manera autógrafa, careciendo de la firma electrónica del promovente Omar Karim Mendoza Lara; de lo que se sigue que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en lo que interesa son del tenor siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 3o. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; igualmente, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de expresión de la voluntad de quien se estima agraviado; esto es, de quienes firman de manera autógrafa la demanda de amparo, toda vez que su firma electrónica no puede ser sustituida por autorizados, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la parte interesada que influyan en la configuración de la litis constitucional. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente en la demanda presentada vía electrónica, sino de una persona diversa, pues dicha omisión provoca una ausencia de voluntad, lo que ocasiona la improcedencia notoria y manifiesta del juicio de amparo, puesto que no podría realizarse el análisis de las violaciones de derechos fundamentales alegados en ese escrito, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta y a la evidencia criptográfica que obra en la última hoja del escrito de demanda presentado mediante vía electrónica, se advierte que no contiene firma electrónica vigente, correspondiente a la parte quejosa, esto es, de Omar Karim Mendoza Lara, por tanto, si la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, se considera que se evidencia la falta de la voluntad del referido solicitante de amparo para instar la vía jurisdiccional. Sin que en el caso, el acto reclamado por el solicitante de amparo se ubique en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez, que si bien reclama la orden de presentación, aprehensión o reaprehensión librada en su contra y su ejecución, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyos casos para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en nombre del directamente agraviado, aunque sea menor de edad; de ahí que el asunto no se ubique en el supuesto de excepción previsto en el arábigo 3º, párrafo último, del citado ordenamiento legal. Al respecto es importante destacar, que no es obstáculo para lo antes determinado, el que en el archivo digitalizado de la demanda de cuenta, aparezca la firma autógrafa del promovente; en tanto que, como se adelantó, los actos reclamados por el promovente no corresponden a alguno de los previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que por disposición expresa del diverso 109 del ordenamiento legal invocado, resulta innecesaria la firma electrónica. Lo anterior es así, en razón de que, como se ha apuntado, el acto reclamado por el quejoso consiste en la orden de presentación, aprehensión o reaprehensión y su ejecución; acto reclamado que no se subsume en alguna de las hipótesis que prevé el multicitado numeral 15 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se estima pertinente hacer del conocimiento del promovente, que la exigencia de su firma electrónica vigente, no resulta un obstáculo para que éste ejerza eficazmente su derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto a disposición de los justiciables, una aplicación para tramitar a Firma Electrónica Certificada (FIREL), procedimiento que debe iniciarse desde el portal www.firel.pjf.gob.mx. Conforme a lo expuesto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio por parte de Omar Karim Mendoza Lara, y considerando que la irregularidad apuntada no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, con apoyo en los artículos º y 113 del ordenamiento legal invocado. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eligio Cano Mar, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuanto hace a la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que el quejoso pretende realizar respecto de ****, se advierte que no proporciona los números de cédula profesional respectivos, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Atento a lo anterior, se tiene a ****como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones. Domicilio. Asimismo, el demandante de amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Agua Dulce, número doscientos doce (212), interior "E", colonia Petrolera, en el municipio de Tampico, Tamaulipas. Ahora bien, toda vez que dicho domicilio se ubica fuera de donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al funcionario de su adscripción para que se constituya en domicilio del quejoso Omar Karim Mendoza Lara, a efecto de que le notifique personalmente el presente proveído. Así también, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal, de conformidad con lo que dispone el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Asimismo, se concede al actuario de su adscripción la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicho quejoso, en caso de que el proporcionado no sea el correcto. Sin que sea necesario que el juzgado exhortado realice el acuse respectivo puesto que el propio sistema lo genera automáticamente; de igual forma, una vez que sea diligenciado se le solicita devolverlo a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Correo electrónico. Por cuanto hace al correo electrónico proporcionado por el promovente, a efecto de recibir notificaciones, tal petición resulta improcedente, en tanto que el artículo 26 de la Ley de Amparo, no prevé la práctica de notificaciones a través de dicho medio, y en tales condiciones, éste solo será considerado, de estimarse pertinente, para entablar comunicaciones no procesales. Reproducción electrónica. En otro contexto, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa mediante exhorto.
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