Omar Jovany Hernandéz Guerrero
Expediente 171/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Omar Jovany Hernandéz Guerrero
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Abitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; no obstante ello, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de siete de abril de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizara lo siguiente: "(i). En complemento al proveído de trece de enero de dos mil veinte, pronunciados en el juicio laboral 532/2008, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos en los términos que considere pertinentes; empero, ello no implica que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje no deba de apercibir." . 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante oficio 4541/2022 de ocho de junio de dos mil veintidós, remitió copia certificada de los proveídos de cuatro de abril y siete de junio de dos mil veintidós dictados en el juicio laboral 532/2008. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató de manera total los puntos marcados en la sentencia amparadora dictada en autos en la forma siguiente: En proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, en el juicio laboral 532/2008 vinculó al cumplimiento del laudo de manera conjunta a la Gobernadora del Estado de Guerrero, al Congreso del Estado de Guerrero, así como al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas, del Municipio demandado, a fin de que en las esferas de su competencia realicen todos y cada uno de los actos necesarios, encaminados a cumplir con el laudo emitido por la autoridad responsable. Asimismo, estableció las obligaciones de cada una de ellas y las acciones que deberán efectuar dentro del ámbito de sus facultades legales: Gobernadora: Con base a lo señalado por los artículos 71, 87, 91, 181 de la Constitución Local del Estado de Guerrero, en los que establece que el gobernador del estado tiene entre otras atribuciones la de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Federales, los tratados internacionales, la constitución local y las leyes que de ella emanen, vigilar la recaudación, distribución y administración de los recursos públicos, dirigirá las finanzas públicas y reservara el patrimonio del estado, con arreglos a las leyes de la materia y celebrar convenios y contratos con los gobiernos federales, estatales y municipales y con sus correspondientes entidades, descentralizadas, así como personas físicas o morales de carácter público o privado, requiriéndolo para que gire las instrucciones a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que realice las acciones pertinentes a fin de que pueda ser cumplido el laudo. Congreso del Estado de Guerrero : Con base en lo señalado por el artículo 61 fracción XXVIII inciso C de la Constitución Local del Estado de Guerrero, establezca las bases para autorizar al ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero, la contratación de préstamos cuando se paguen o garanticen las participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectarse de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y/o ingresos propios lo que se conoce como la asignación de una partida presupuestal especialmente para apoyar y fortalecer al ayuntamiento en los compromisos que adquiere con motivo de su administración. Al Presidente Municipal y Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, les impuso como obligación realicen las gestiones necesarias a fin de generar recursos o pedir la ampliación de su presupuesto o solicitar préstamos e ingresar a su presupuesto de egresos conforme lo establece el artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para el cumplimiento del laudo. Además, apercibió a cada una de las autoridades vinculadas, que en caso no cumplir con tal determinación les aplicaría una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo. Finalmente, en proveído de siete de junio de dos mil veintidós dictados en el juicio laboral 532/2008, precisó que previo estudio de los autos, al ya estar vinculadas las autoridades antes citadas, en complemento al acuerdo de trece de enero de dos mil veinte procedió a especificar las acciones que deberá efectuar cada una de ellas. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, este órgano federal DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE REFERENCIA; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. Sin que sea obstáculo a lo anterior el que no obre en autos el acuse de recibo del oficio 14878/2022 dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante el cual se le informa los trámites efectuados por la autoridad responsable, toda vez que la presente determinación no le causa perjuicio alguno. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto de cuatro de abril de dos mil veintidós y copia autorizada del auto de siete de junio de dos mil veintidós emitidas en el en el expediente laboral 532/2008, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de siete de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: "(i). En complemento al proveído de trece de enero de dos mil veinte, pronunciados en el juicio laboral ***, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos en los términos que considere pertinentes; empero, ello no implica que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje no deba de apercibir." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas del expediente laboral **** (dos legajos) que remitió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje mediante oficios ** de diez de marzo de dos mil veintidós y *** de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, con los que se ordenó formar legajo de pruebas en auto de once de marzo de dos mil veinte y dos de julio de dos mil veintiuno; sin necesidad de acusar recibo, toda vez que no son actuaciones originales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que el siete de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia en el presente juicio de amparo sin que a la fecha obre en autos el acuse de recibo del oficio 8784/2022 de la misma fecha, mediante el cual se le notifica la resolución de mérito al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, no obstante que fueron depositados el dieciocho de abril de dos mil veintidós, como se advierte de la factura que obra agregada en el expediente electrónico, el cual resulta necesarios a efecto de computar el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, En consecuencia, a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa; requiérase al Encargado de la Administración Postal, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino que dio a las pieza postal que ampara el oficio antes indicado a consignación del tercero interesado, anexando para tal efecto copia simple de la factura mediante el cual fue depositado. Apercíbase al Encargado de la Administración Postal, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 246 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
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