Omar Jose Cruz Acevedo
Expediente 1250/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Omar Jose Cruz Acevedo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 1250/2021-VI, promovido por Omar José Cruz Acevedo contra los actos que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14°, 15°, 16° y 17° Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, Omar José Cruz Acevedo promovió el presente juicio de amparo indirecto, mismo que por razón de turno, tocó conocer el doce del referido mes y año a este órgano de control constitucional, reclamando del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, la falta de contestación al escrito que presentó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. SEGUNDO. El trece de julio de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1250/2021-VI; se le solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Integrado el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 03/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad que tiene residencia dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que el quejoso reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar contestación al escrito que presentó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso a estudio, esta Juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, el quejoso reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar contestación al escrito que presentó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en autos del juicio mercantil 1638/2016 de su índice, a fin de que se pronunciara sobre la actualización de la planilla de liquidación. Sin embargo, de las constancias que el juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el doce de agosto de dos mil veintiuno, se pronunció en relación con la planilla de liquidación, dando contestación al escrito presentado por el ahora quejoso el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; determinación que le fue notificada el dieciséis de agosto de la presente anualidad, mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión reclamada, al haberse demostrado que el juez responsable dio contestación al escrito del impetrante del amparo, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al ser omisa en contestar el escrito de mérito dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución pronunciada el doce de agosto del año en curso por el juzgador responsable. Por consiguiente, esta Juzgadora de Distrito decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Resulta necesario destacar que para este órgano jurisdiccional no pasa inadvertida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Con base en ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a la contraparte del quejoso en el juicio de origen y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento en el presente asunto, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con la petición que la parte quejosa solicitó en su escrito de demanda. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido Omar José Cruz Acevedo contra el acto que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dar contestación al escrito que presentó el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Omar José Cruz Acevedo, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1250/2021-VI y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. De conformidad con en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copias certificadas, completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto de la Agente del Ministerio Público adscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, es un hecho notorio para esta juzgadora que en el expediente de varios 1/2021 del índice de este juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas la prueba presuncional en su doble aspecto señalada por la parte quejosa en su demanda de amparo, la que será relacionada, en su caso, en la audiencia constitucional. En otro contexto, respecto de las personas a las que les pueda asistir el carácter de terceros interesados, resérvese acordar lo relativo hasta que obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó en su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020. Asimismo, como autorizados a Héctor Javier Cabrera Vermont y Ángel Antonio Loeza Maldonado, con las limitaciones que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que, en caso de ser necesario, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto incluso en días y horas inhábiles. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo, en atención a que no se solicitó.
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