Omar Jorge Aldana Carbajal

Expediente 910/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
910/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Omar Jorge Aldana Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por ********************, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, de identidad reservada, con iniciales ********* y *******, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ****** , por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, de identidad reservada, con iniciales ****** en contra de actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); en el entendido de que se encuentra registrado con el número 910/2018-I. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora bien, con el objeto de demostrar por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se narran los antecedentes del acto reclamado, los que se desprenden del ocurso de demanda. Con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, ******, hoy quejoso, promovió procedimiento oral ordinario en contra de *****, para que se declara a favor de esta la custodia de los menores de iniciales ******; se fijara un domicilio de depósito y un régimen de convivencias entre el actor y sus menores hijos. De la demanda tocó conocer al Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, bajo el número de expediente ***, en el que se decretó la custodia provisional a favor de ***** y se ordenó que se llevaran a cabo convivencias supervisadas en las instalaciones del DIF municipal de Celaya, entre los menores y su progenitor, todos los miércoles de la semana. Con posterioridad se acordó en el juicio de origen que las convivencias de los niños con su padre se realizaran sin supervisión, debiendo recogerlos a las dieciséis horas y entregarlos a las diecinueve horas todos los miércoles en su domicilio de depósito. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el hoy quejoso solicitó que con motivo del periodo vacacional de diciembre de los niños, se le autorizara que pasaran una semana con el promovente. A lo que recayó el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (auto reclamado), donde se determinó, en lo que interesa, negar su solicitud. Resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, mismas que hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte formal dentro del juicio de origen, pues es la actora. Asimismo, la parte quejosa reclama en forma destacada: "[.] La porción del acuerdo dictado por la Responsable el 22 y publicado el día 23 de octubre de 2018, en la que resuelve no autorizar las convivencias solicitadas para el periodo vacacional de diciembre del presente año, de mis dos hijos con el suscrito y familiares de la línea paterna [.]". Lo transcrito revela, que la quejosa se inconforma en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, donde se negó autorizar las convivencias con sus menores hijos para el periodo vacacional de diciembre del presente año, en los autos del juicio oral *** del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Acto respecto del cual, el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte en el juicio de origen, estaba obligado a interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, esto es, el recurso de revocación, previsto en el numeral 232. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional por la quejosa, debe ser impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, el cual tiene por objeto lograr su modificación, revocación o anulación, en otras palabras, el quejoso está obligado a agotar el aludido recurso previo a promover el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar o modificar el auto reclamado, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que el solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen; en virtud de lo anterior, está sujeto a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligado a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que le perjudiquen, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de revocación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que contra el acto aquí reclamado procede revocación de conformidad con el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente contra la determinación reclamada. De ahí que no nos encontremos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el acto reclamado se emitió dentro de un juicio oral familiar y, por ende, el marco normativo procesal aplicable emana del libro sexto del Código de Procedimientos Civiles en la Entidad, en cuyo título cuarto, constan las reglas específicas en tratándose de los recursos, siendo destacables los siguientes numerales. "TÍTULO CUARTO DE LOS RECURSOS Recursos "Artículo 891.- Las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero de este Código, con excepción de las reglas especiales previstas en el presente Capítulo". "Artículo 892.- Los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables en el presente Capítulo, serán irrecurribles". "Artículo 893.- Dentro de las audiencias en los juicios orales, el recurso de revocación sólo procede en contra de las siguientes resoluciones: I.- La que no admita prueba; y II.- La que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes. La revocación deberá plantearse oralmente expresando los agravios, dentro de la etapa de la audiencia en que se hubiere pronunciado la resolución recurrida. El juez dará vista a la contraria para que en el acto la desahogue y resolverá sin más trámite". "Artículo 894.- Dentro de la audiencia en los juicios orales la apelación sólo procede en contra de: I.- El auto que resuelva sobre excepciones procesales y cosa juzgada; II.- Los autos que resuelvan incidentes de nulidad de actuaciones y notificaciones y el de recusación de peritos; III.- Las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio; y IV.- La determinación que niegue alguna medida". Del marco legal transcrito, se desprende que el numeral 891 indica que las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales -sin distinción en cuanto a la forma en que se plasmen, ya sea oral o por escrito-, son susceptibles de impugnarse a través del recurso de revocación, apelación y denegada apelación, según corresponda, cuya tramitación será acorde con las reglas generales contempladas en el título sexto del libro primero del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, con excepción de las reglas especiales estipuladas en los artículos transcritos. Enseguida, los preceptos 893 y 894 del código en cita, contemplan reglas específicas de procedencia de los recursos respectivos de apelación y revocación, en tratándose de resoluciones dictadas "dentro de las audiencias en los juicios orales", sin contemplar las diversas determinaciones dictadas fuera de tales audiencias orales, como sucede en el presente caso. En este contexto, si los numerales 892, 893 y 894 del código adjetivo para el estado de Guanajuato, aluden textualmente a resoluciones "dentro de las audiencias", ello implica que se trata de reglas especiales operativas exclusivamente en el universo de las resoluciones dictadas -en los juicios orales- concretamente dentro de las audiencias orales, no así fuera de las mismas. Luego, al estar excluidas las actuaciones efectuadas "fuera de audiencias" de las reglas de procedencia estipuladas con antelación, ello implica la viabilidad de que cobre aplicación la regla general emanada del precepto 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato -numeral que prevé que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados-. Ello es así, pues la procedencia de los recursos previstos en los artículos 892 y 893 del código analizado -procedencia de recursos de apelación y revocación- aplican exclusivamente a las resoluciones dictadas dentro de las audiencias en los juicios orales; y por exclusión, los autos y decretos dictados fuera de las audiencias, se encuentran regulados por la regla general -procedencia del recurso de apelación- emanada del numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, cuyas disposiciones deben interpretarse en forma correlacionada y complementaria. Máxime que el propio artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, prevé que en todo lo no previsto en ese libro -Libro Sexto de los Juicios Orales-, regirán las disposiciones contenidas en los libros primero y segundo del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, siendo que dentro del libro primero del citado código se encuentra el "TÍTULO SEXTO Recursos CAPITULO II. Apelación", lo cual hace factible la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 232 del citado ordenamiento legal. En ese tenor, la parte quejosa está obligada a agotar el recurso de revocación en contra del auto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para confirmar, revocar o modificar los actos que vayan a reclamarse, y al no haberlo hecho así la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, lo que constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Además, la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA". Domicilio y autorizados. Toda vez que el promovente señaló los estrados para recibir notificaciones, es decir, no precisa domicilio en esta ciudad para tal efecto, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria y 306 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Asimismo, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María del Carmen Consolación González Loyola Pérez, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que sí tiene inscrita cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. Por último, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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