Omar Jonathan Espinoza Camacho
Expediente 1217/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2022
Partes del expediente
- Omar Jonathan Espinoza Camacho
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que precede, de la que se advierte no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de revisión contra el auto de dieciocho de julio del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo...
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido a la parte quejosa, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin que ésta o sus autorizados acudieran a la puerta de acceso de Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco, se ordena notificar por lista el proveído o sentencia de 18 de julio de 2022, que en su parte conducente dice: ... Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser la invocada causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior.
- Principal
Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, sin que el tercero interesado M.M.V. y/o sus autorizados acudieran al local que ocupa este juzgado, se ordena notificarle por lista el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, que dice: "Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el término concedido mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se ordenó dar vista con las constancias remitidas por la(s) autoridad(es) responsable(s) en cumplimiento al fallo protector, habiéndola desahogado el representante especial de la parte quejosa mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós (fojas 479 a 482), a través del cual realizó diversas manifestaciones en relación con el mismo, las que serán tomadas en consideración para los efectos del análisis de éste. Tal como lo dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 76 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. SI LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMA EN CUENTA LO ALEGADO POR LA PARTE QUEJOSA AL DESAHOGAR LA VISTA, SE LE CAUSA AGRAVIO". Entonces, se procede a realizar el análisis del aludido cumplimiento, por lo que se observa que en su oportunidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa P. E. B. (fojas 340 a 370). Ahora bien, el Tribunal de alzada concedió el amparo y protección para los siguientes efectos: a) Declare nulo todo lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda de dos de marzo de dos mil diecisiete, y dicte uno nuevo, en el que en respecto al orden constitucional y convencional, admita la demanda y ordene se emplace en forma directa a P. E. B., y no por conducto de su tutor. b) Como medida de protección a los derechos humanos de Paulina Escoto Buenfil, establezca un sistema de apoyos y salvaguardias adecuado a su caso, que facilite a ésta, la posibilidad de ejercer sus derechos con plenitud, con la anuencia y participación de la propia interesada, que podrá comprender, sin ser limitativo: La designación de apoyos de tipo técnico o especializado, como sería: a) que esté debidamente asesora en juicio, tanto con el acompañamiento legal de profesionista que la propia quejosa designe, como de la Procuraduría Social; b) desahogar prueba en la que se valore su estado de salud mental, bajo la anuencia de la propia demandada. Así como la determinación de salvaguardias apropiadas para vigilar el cumplimiento de las medidas de apoyo que se establezcan. c) Implemente el régimen de convivencia entre P. E. B. y sus menores hijos, para lo cual deberá tomar las medidas pertinentes, como en su caso sería valorar tanto a los menores, como a la quejosa, a efecto de establecer en principio un régimen de convivencia asistida, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio de la convivencia entre los niños y su progenitora, velando siempre por el bienestar tanto de la quejosa, como de los menores.". En respuesta, la responsable remitió copia certificada del proveído dictado el ocho de abril de dos mil veintidós(fojas 406 a 416), del que se advierte que dio cumplimiento con lo ordenado en los incisos a) y b) de los efectos del fallo protector, puesto que, se advierte que realizó lo siguiente: 1. Declaró nulo todo lo actuado a partir del auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, y que emitió uno nuevo, en el que admitió la demanda. 2. Ordenó se emplace en forma directa a P. E. B. y no por conducto de su tutor. 3. Como medida de protección a los derechos humanos de P. E. B. y con la finalidad de establecer un sistema de apoyo y salvaguardias adecuado a su caso, y pueda ejercer sus derechos con plenitud, ordenó dar vista a la Procuraduría Social del Estado, para que proporcione a la demandada la representación legal correspondiente durante la vigencia del procedimiento, a efecto de que vigile el cumplimiento de las medidas de apoyo en favor de P. E. B., ordenó darle intervención en todos y cada uno de los autos que dicho tribunal emita, con la finalidad de que la demandada se encuentre siempre debida y legalmente asesorada en el juicio de origen y pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas, conforme lo prevé la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 4. Finalmente previno a la demandada P. E. B. para que en el momento en el que comparezca al sumario de origen, a dar contestación a su demanda, designe perito que realizará la prueba de reconocimiento médico correspondiente, en la que se valore su estado de salud mental a efecto de proporcionarle los apoyos que requiera para ello. Sin embargo, del análisis de las constancias remitidas, en su momento, no se advirtió que haya dado cumplimiento al inciso c) de los efectos de la sentencia, por lo que fue requerido de nuevo en los términos precisados en auto de nueve de mayo del año en curso (fojas 444 a 446). Por tanto, se le requirió para que dejara sin efectos lo acordado en el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, en torno a la convivencia provisional ordenada y, antes de establecer el régimen de convivencia asistida, informe a éste juzgado de las medidas pertinentes que tome, como en su caso sería valorar tanto a los menores, como a la quejosa, a efecto de establecer en principio un régimen de convivencia asistida, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio de la convivencia entre los niños y su progenitora, velando siempre por el bienestar tanto de la quejosa, como de los menores, o en su caso el impedimento legal con el que cuenta para hacerlo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 580/2022, se advierte que en proveído de doce de mayo del año en curso (fojas 455 a 458), dejó sin efecto el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, únicamente por lo que ve a la convivencia provisional decretada en el mismo, y resolvió, en esencia, lo siguiente: 5. Previo a decretar las circunstancias de modo, tiempo y lugar más adecuadas para el ejercicio de la convivencia entre los menores M.G.M.E. y S.Y.E.B. con su progenitora, consideró procedente valorar tanto a los menores como a la quejosa, señaló día y hora para el verificativo de la escucha de los menores M.G.J.E. y S.Y.E.B, ordenó citar al Agente Social de la Adscripción y al Agente de la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes del Estado, para que comparecieran a su desahogo. 6. Ordenó girar oficio al Departamento de Trabajo Social a efecto de que lleve a cabo una minuciosa investigación del entorno en que viven las partes y los menores M.G.J.E. y S.Y.E.B., así como para que designe trabajadora social que se encuentre presente en la audiencia. 7. Previno a la parte actora para que proporcione nombre y domicilio de las personas que por su acercamiento y nivel de confianza hacia los menores, resulten aptas o idóneos para fungir como personal de apoyo o de confianza, lo cual deberá de ser corroborado por los peritos que al efecto se designen. 8. Designó a un diestro a quien se le hará saber que previo a la elaboración de su dictámen deberá tener interacción con los menores M.G.J.E. y S.Y.E.B., para crear un ambiente de confianza y de tal manera, pueda desarollarse la audiencia bajo el contexto determinado en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justica en los casos que afectan a niñas, niños y adolescentes, de igual forma, deberá de acreditar ser experto en el área de psicología infantil, a efecto de apoyar al juzgador en el desahogo de la audiencia. 9. Previno a la parte actora para que señale las actividades que realiza precisando los horarios, y para que señalen las actividades escolares como extraescolares de los menores en trato y dirección de la escuela, a efecto de estar en aptitud de tomar en consideración al momento de dictar la resolución. 10. En dicha audiencia se deberá tomar en consideración las recomendaciones establecidas en el Protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. 11. Finalmente, por lo que ve a la valoración médica de la demandada Paulina Escoto Buenfil indicó que una vez que ésta se encuentre debidamente emplazada, proveerá respecto a la misma, a efecto de determinar su estado de salud mental, para no transgredir su derecho de audiencia, deautodeterminación y capacidad jurídica, y proporcionarle los apoyos que requiera para ello, con la finalidad de que pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 83, 131, 968 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con relación a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. De lo anterior, se advierte que el juez responsable para implementar el régimen de convivencia entre P. E. B. y sus menores hijos, tomó las medidas pertinentes a efecto de establecer un régimen de convivencia, velando por el bienestar tanto de la quejosa, como de los menores, por lo que dio cumplimiento también con el inciso c), de los efectos de la sentencia. Ahora, de lo manifestado por el representante especial de la parte quejosa, es en el sentido de que no se ha dado total cumplimiento a la sentencia dictada en autos, pues dentro del sumario de origen no obra constancia del emplazamiento de la quejosa, asimismo, que no se acredita el tipo y cuáles son los apoyos de protección de la quejosa y que deberá informar el resultado de las valoraciones de los menores y de la quejosa, motivos por los cuales consideró que la responsable se encuentra en vías de cumplimiento. Sin embargo, visto lo actuado e informado por la autoridad responsable, se advierte que ésta para dar cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo observó lo que para tal efecto resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, puesto que declaró nulo todo lo actuado, admitió la demanda, únicamente ordenó se emplace en forma directa a P. E. B. y no por conducto de su tutor, como medida de protección a sus derechos humanos y con la finalidad de establecer un sistema de apoyo y salvaguardias ordenó dar vista a la Procuraduría Social del Estado, para que le proporcione representación legal durante la vigencia del procedimiento, a efecto de que vigile el cumplimiento de las medidas de apoyo en favor de Paulina Escoto Buenfil, asimismo, ordenó darle intervención en todos y cada uno de los autos que dicho tribunal emita. Lo anterior, con la finalidad de que la demandada se encuentre siempre debida y legalmente asesorada en el juicio de origen y pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. Además, previno a la demandada P. E. B. para que en el momento en el que comparezca al sumario a dar contestación a su demanda, designe perito que realizará la prueba de reconocimiento médico correspondiente, en la que se valore su estado de salud mental, para efecto de proporcionarle los apoyos que requiera. Finalmente, como ya se analizó para poder implementar el régimen de convivencia entre P. E. B. y sus menores hijos, tomó las medidas pertinentes a efecto de establecer un régimen de convivencia, velando por el bienestar tanto de la quejosa, como de los menores y por lo que ve a la valoración médica de la demandada P. E. B. indicó que una vez que ésta se encuentre debidamente emplazada, proveerá respecto a la misma, a efecto de determinar su estado de salud mental, para no transgredir su derecho de audiencia, de autodeterminación y capacidad jurídica, y proporcionarle los apoyos que requiera para ello, con la finalidad de que pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. En consecuencia, contrario a lo que manifestó el representante especial de la parte quejosa, se estima que la autoridad responsable sí acató la sentencia dictada en el presente juicio y, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. Son aplicables por las razones que las informan, las siguientes jurisprudencias: "Registro digital: 160305 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 130/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 487 Tipo: Jurisprudencia INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA EMITIDA EN AMPARO DIRECTO. PARA CONSIDERAR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO A FIN DE CONOCER SI LA FORMA DE REPONER EL PROCEDIMIENTO O LA EMISIÓN DE LA NUEVA RESOLUCIÓN ACATA TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEFINIDOS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Conforme al artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, procede la inconformidad contra el auto que tenga por cumplida la ejecutoria que concede la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, para tener por cumplida una sentencia de amparo directo que otorgó la protección por violaciones cometidas en la secuela del procedimiento o en la sentencia o laudo reclamados, no basta con que la autoridad responsable reponga el procedimiento o deje insubsistente la resolución respectiva sustituyéndola por otra para considerar que con ello se restituye a la quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, sino que es necesario realizar un examen comparativo general o básico para conocer si la forma de reponer el procedimiento o la emisión de la nueva resolución acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos sustantivos, incluyendo la hipótesis en que se haya dejado en libertad de jurisdicción a la responsable, pues es posible que el tribunal de amparo haya ordenado la reiteración de ciertos puntos o definido la manera de decidir sobre algunos aspectos. De manera que sólo a través de dicho estudio podrá advertirse si se alcanza el efecto restitutorio del amparo, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, además de no extralimitar la materia de la inconformidad pronunciándose sobre temas de debido, exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, o de repetición del acto reclamado, revisables a través de distintos medios de defensa con características y naturaleza propias." "Registro digital: 161297 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.3o.P.T. J/16 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 986 Tipo: Jurisprudencia INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XLV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 25, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también es aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional, pues los principios de ejecución de las sentencias respectivas son los mismos. Por tanto, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio, también llamado "amparo judicial" (directo o indirecto), el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una resolución o por irregularidades procesales o formales, o bien, cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que, en el caso de un amparo para efectos, las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que éstas se impugnen. De ahí que resulte infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo."
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