Omar Jonathan Durán Vázquez
Expediente 473/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/05/2021
Partes del expediente
- Omar Jonathan Durán Vázquez
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Diligencia actuarial. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el directo quejoso ........................., expresamente manifestó, entre otras cosas, que sí ratifica la demanda de amparo presentada en su favor, y ratificó el domicilio procesal señalado en el escrito inicial. Asimismo, se advierte que se informó al Actuario de la adscripción, por parte del personal del Centro de Tratamiento Contra las Adicciones denominado "............................., en que se encontraba retenido el aquí quejoso, que éste fue internado a petición de su padre y hermano, el primero de los cuales incluso estuvo presente en la diligencia llevada a cabo por el Actuario de la adscripción. En consecuencia, se tiene por ratificada la demanda y el domicilio procesal en ella precisado. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, en relación con el 61, fracción XXIIl, y los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)" De las anteriores disposiciones legales se desprende que es facultad de quien esto suscribe, desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda o de los hechos notorios de los cuales se tenga conocimiento. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Los diversos preceptos citados establecen, respectivamente, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, novena época, registro 161133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Se destaca entonces que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, partiendo del supuesto contenido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del segundo párrafo de la propia fracción II del precitado artículo 5 de la Ley de Amparo, se obtiene que el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, consiste en que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. El indicado numeral fue motivo de análisis por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, en la que se sostuvo, entre otras consideraciones, que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son las siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Resulta aplicable el criterio 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, novena época, registro 194367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De las anteriores consideraciones, se itera, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquéllas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Además, para entender en qué casos debe darse al particular el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario acudir a la exposición de motivos de la Ley de Amparo, la cual, en su parte conducente, precisa: ".se reconoce la posibilidad de que los particulares violenten derechos sociales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público, o bien, cuando actúen en ejercicio de sus funciones públicas, transformando de esta forma la protección en una protección sustantiva y no puramente formal." Esto nos indica que el legislador estableció que no cualquier particular podrá ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así, la acción de tutela se encuentra restringida a que la actuación del particular tenga su origen o esté determinada en una norma general en relación con servicios públicos o de interés público; por tanto, corresponde al Juzgador de amparo en cada caso específico que se le presente, definir si lo que se reclama a un particular encuadra o no en un acto equiparable al de autoridad, si proviene o no de una relación asimétrica o de igualdad, desde luego dependiendo de las circunstancias que rodean al asunto. Ahora bien, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, en lo que interesa, establece: "(.) 5.3 El ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC, debiéndose ajustar a los procedimientos siguientes: 30 5.3.1 El ingreso voluntario requiere de solicitud del usuario por escrito, haciendo constar el motivo de la solicitud; en caso de ser menor de edad se requiere de la solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor. 5.3.2 El ingreso en forma involuntaria se presenta en el caso de los usuarios que requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato para sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del establecimiento. Todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión. 5.3.3 El ingreso obligatorio se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad legal competente, siempre y cuando el usuario lo amerite de acuerdo con el examen médico que le sea practicado. (.)" De lo anterior, se advierte el ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio. Que el ingreso voluntario requiere de solicitud del usuario por escrito, haciendo constar el motivo de la solicitud; mientras que el ingreso en forma involuntaria se presenta en el caso de los usuarios que requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato para sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito y que todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción, en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores a la admisión; y, que el ingreso obligatorio se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad legal competente, siempre y cuando el usuario lo amerite de acuerdo con el examen médico que le sea practicado. De lo que se advierte que en los dos primeros supuesto (internamiento voluntario e involuntario), los centros de prevención, tratamiento y control de las adicciones, no actúa como autoridad para efectos del amparo, ya que su actuación es con motivo de una relación de coordinación, ya sea directamente con la persona sujeta a internamiento o a través de sus familiares; lo que no acontece cuando el ingreso a dichos centros es de los denominados obligatorios, en que se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad legal competente, caso en el cual, el actuar de dichos centros si encuadra como autoridad para efectos del juicio de amparo. Precisado lo anterior, del análisis integral realizado al escrito de demanda, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el contenido de la diligencia llevada a cabo por el Actuario de la adscripción, que el acto reclamado en el presente juicio consiste en su internamiento en el Centro de Tratamiento Contra las Adicciones denominado ........................., señalando como autoridad responsable al referido Centro. En ese contexto, debe decirse que si bien es cierto la Ley de Amparo, en su artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridades, acota que sólo será en el supuesto de que dichos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, lo que en el caso no acontece, pues resulta evidente que el Centro de Tratamiento Contra las Adicciones denominado ".............................., no posee el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el internamiento y retención que se encontraba ejecutando sobre el aquí quejoso, fue con motivo de una relación de coordinación y a solicitud del padre y hermano del aquí quejoso (ingreso involuntario), lo que permite concluir que en el caso, no actuó dotado de imperio conforme a una norma legalmente establecida, o con motivo de alguna determinación emitida por autoridad competente (ingreso obligatorio), que a su vez le faculte para emitir actos frente a un gobernado. Máxime que como asociación civil, su regulación se encuentra en normas de derecho privado, sin que se pueda considerar que tenga funciones de órgano aprehensor. Lo anterior es así, pues de las propias manifestaciones vertidas en la demanda y de la información recabada por el Actuario de la adscripción al desahogar la diligencia encomendada en auto de trece de mayo del año en curso, se advierte que el quejoso fue internado en el citado Centro de Tratamiento Contra las Adicciones denominado ........................., a petición de sus familiares. De ahí que -sin prejuzgar sobre la licitud o ilicitud de tal actuar o si éste pueda constituir un ilícito- resulta evidente que el ingreso del directo quejoso al centro de rehabilitación en mención -constituido en una asociación civil-, corresponde a una relación de coordinación entre particulares, en tanto que no existe una norma jurídica que faculte al personal del centro de rehabilitación para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que, se insiste, su actuación depende de lo que, en su caso, expresamente hayan acordado los familiares del directo quejoso y el personal de dicho centro, y por ende, la relación jurídica entre éstos se rige por los principios del derecho común, resultando claro también que en caso de que tal relación contractual sea inexistente, los ofendidos podrán denunciar los hechos probablemente constitutivos de delito ante el Agente del Ministerio Público correspondiente. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que los actos reclamados no pueden considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque entre el centro de rehabilitación y el particular no existe una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que en caso de existir un acuerdo contractual entre las partes, tal relación deberá regirse por lo establecido en el derecho civil o en caso contrario, de no existir tal acuerdo de voluntades, podrán denunciarse ante la fiscalía correspondiente tales hechos como probablemente constitutivos de delito. De ahí que en la especie no pueda considerarse que se trata de una autoridad legalmente dotada de facultades para privar de la libertad o incomunicar al directo quejoso, pues se trata de una asociación civil que, en su caso, deberá sujetarse a la normatividad aplicable para la prestación del servicio privado de salud de rehabilitación o tratamiento de las adicciones. Por tal razón, es de concluir que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, no existe por parte de quien esto resuelve duda de la actualización de la causa de improcedencia, dado que es evidente que su configuración atiende a una situación de derecho y no de hecho, misma que con independencia de la substanciación que se dé en el juicio, no cambiaría la procedencia del presente sumario, dado que no existe medio de convicción alguno que revierta tal circunstancia. Por lo anteriormente considerado, resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIIl, y los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". Se dejan sin efectos las medidas decretadas. En consecuencia, se dejan sin efectos las medidas decretadas en auto de trece de mayo del año en curso. Captura de la determinación. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de mayo de dos mil veintiuno. I. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por .., contra actos de quien denomina ".... Sin que pase inadvertido que dicha demanda fue remitida vía electrónica sin su correspondiente evidencia criptográfica, sin embargo, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Amparo, no resulta necesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 473/2021, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Precisión de actos reclamados. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente hace consistir el acto reclamado en actos que ponen en peligro la vida del quejoso, así como la privación de la libertad, incomunicación, tortura física y psicológica, malos tratos o tratos denigrantes al directo quejoso .., esto, en el anexo de control contra las adicciones denominado "..., a decir de la promovente, ubicado en ... IV. Suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 126 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se reclaman actos que se catalogan como prohibidos por los numerales citados con antelación, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que: De inmediato, cesen cualquiera de los actos consistentes en malos tratos, ya sea físicos o psicológicos, o algún otro que ponga en peligro la vida o integridad del quejoso, previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Respecto de la incomunicación de la que refiere la parte promovente, está siendo objeto el quejoso, la autoridad señalada como responsable deberá permitir el acceso de los familiares o en su caso, personas afines al quejoso, siempre y cuando, se cumpla con los horarios y lineamientos de seguridad y salud que para tal efecto prevea la normativa de dicho centro de rehabilitación. Por lo que ve a la privación de la libertad de la parte quejosa, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que, en caso que el internamiento que se alega sufre el quejoso haya sido ordenado por autoridad competente, el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en que se encuentre recluido en lo que se refiera a su libertad, y a disposición de la autoridad que en su caso hubiere ordenado su reclusión, sin perjuicio de que, al contar con mayores elementos, su pueda variar la medida aquí adoptada. Sin embargo, para el caso de que dicho internamiento del quejoso, derive de un tratamiento médico de los denominados voluntario o involuntario, a que se refiere la Norma Mexicana para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la suspensión de plano tendrá el efecto de que cesen de inmediato dicho acto privativo de libertad, bajo el más estricto acatamiento del responsable del lugar donde se encuentra privado de su libertad. V. Ratificación de demanda. Asimismo, se comisiona al actuario de la para que se constituya en los domicilios antes precisados y realice lo siguiente: Verifique que en caso de que se aplique o continúe aplicando en perjuicio del quejoso ..., cualquiera de los actos señalados por el numeral 22 constitucional, en relación con los diversos 15 y 126 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable cumpla en sus términos la suspensión concedida en este proveído y cese de inmediato tales actos; asimismo, asiente las condiciones físicas en que se encuentra ..., y las del lugar en que se encuentre. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera a..., para que en ese acto, o bien, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en este expediente principal, así como todo requerimiento relativo formulado al anexo de rehabilitación en el que, a dicho de la promovente, se encuentra. Asimismo, para que al momento de la notificación del presente auto, lo requiera para que manifieste de forma expresa si es su deseo ratificar el domicilio procesal precisado en la demanda promovido a su favor, o bien, señale algún otro, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá como tal el primero referido, hasta en tanto haga la revocación correspondiente. Además para que refiera si es su deseo ratificar a los autorizados que se señalaron en la demanda. Se faculta al Actuario Judicial, a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la responsable, quedando ésta vinculada al cumplimiento de la medida cautelar, pues de conformidad con el artículo 1 Constitucional, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; de modo que, las autoridades no designadas quedan obligadas a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. VI. Requerimiento a la autoridad responsable. Prevéngase a la autoridad que tenga a su disposición a .., para que otorgue la facilidades necesarias al actuario de este Juzgado de Distrito para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. VII. Informe sobre suspensión decretada. Con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que rinda el informe relativo a la suspensión de plano decretada, con relación a los actos que de ella se reclaman, el cual deberá rendir de inmediato, incluso antes de las veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados. Asimismo, para que manifieste al momento de rendir el informe relativo a la suspensión de plano antes decretada, cuál es el motivo del internamiento del directo quejoso, además de que informe si ello deriva de un acto voluntario, involuntario u obligado, y en ese aspecto, indique quién o quiénes intervinieron para emitir el acto combatido, esto es si fue derivado de la voluntad del propio quejoso, de alguno de sus familiares o de alguna autoridad. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 259 y 237 fracción I, de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe solicitado, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente; dada la trascendencia del informe que se les requiere y la obligación de este juzgado de verificar el cumplimiento a la suspensión de plano. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho enero de dos mil veintiuno. VIII. No se ordena apertura de incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión solicitado, dado que los efectos solicitados han sido atendidos al decretarse la suspensión de plano, pues se trata de actos prohibidos por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional. IX. Domicilio para recibir notificaciones Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "..." y autorizados para oír recibir y consultar el expediente a las personas que indica en el proemio de la demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, en relación a la petición formulada por el solicitante del amparo, consistente en que se le notifique al número telefónico y correo electrónico que cita, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dichos medios no se encuentran en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica; no obstante a lo anterior, se le tienen como datos de contacto para los efectos conducentes de conformidad con la normativa dispuesta en el Acuerdo General 21/2020. X. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, y dada la emergencia sanitaria que prevalece, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XI. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 23 fracción II del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XII. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. XIII. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. XIV. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. XV. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XVI. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XVII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XVIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIX. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XX. Se autoriza compañía de la parte promovente a diligencia. Finalmente, como lo solicita la parte promovente, se le autoriza para que en compañía del Actuario de la adscripción se constituya a los domicilios donde presuntamente se encuentra retenido el quejoso; para lo cual se faculta a dicho fedatario para que se comunique vía telefónica con la promovente, para los efectos conducentes. En el entendido de que, la presente determinación debe ser desahogada de inmediato, por lo que la dificultad de contacto o indisponibilidad, que en su caso pudiere acontecer respecto de la parte promovente, no implica el retraso o postergación en la ejecución de lo aquí ordenado. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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