Omar Jiménez Carrillo

Expediente 1088/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1088/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Omar Jiménez Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra del proveído dictado en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En consecuencia, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. Finalmente, en cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el [la] Secretario[a] en la carátula del expediente en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] rinde[n] su[s] informe[s] justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegado[s] a[l] [los] profesionista[s] que señala[n] la[s] autoridad[es], en términos del artículo 9º de la ley de la materia. Ahora bien, respecto de las diversas constancias anexas al informe justificado, relativas oficio número 069001300100/917/2018, mismas que se les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública, de las que se advierte que acordó lo solicitado mediante sendos escritos de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado personalmente a la parte quejosa veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de acordar las peticiones de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Asimismo, el artículo 77, de la Ley de Amparo, señala: [A]rtículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime en el supuesto jurídico de que se reclame la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a un petición formulada, toda vez que para que se encuentre actualizada la causa de improcedencia en estudio, debe obrar constancia dentro del juicio de amparo de una respuesta congruente a la petición formulada y que la misma se hizo del conocimiento del promovente, con el objeto de que se desestime la violación al derecho humano reclamado en esta instancia constitucional. De esta manera, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia en estudio, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Existencia de una respuesta congruente a lo solicitado; y, Notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada. Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer si se actualiza la causa de improcedencia invocada. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), la parte quejosa reclama omisión de acordar sendos escritos petitorios de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. En este sentido, se tiene que de las documentales anexadas a su informe justificado, obra constancia de un oficio 069001300100/917/2018 de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual acordó lo solicitado por la parte quejosa, así mismo ordeno la expedición de copias y la entrega de las mismas, lo cual le fue notificado a la parte quejosa personalmente el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. En tales condiciones, al tomar en consideración la emisión del oficio en cita, y que dentro del mismo se proveyó de manera congruente con lo peticionado, es por lo que en el caso se considera que se cumplió con el inciso 1). Por otra parte, en lo que respecta al inciso 2), relativo a la notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada por el quejoso, debe indicarse que en el caso concreto dicha circunstancia también se encuentra acreditada. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se acredita con la copia certificada de la notificación personal de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, con la cual se satisface el requisito antes aludido. En consecuencia, al haberse remitido por la autoridad responsable la constancias de notificación del oficio 069001300100/917/2018 emitido el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se proveyó lo relativo a la información de la pensión por invalidez, es por lo que se encuentra cumplido el requisito referido en el inciso 2). Por tanto, resulta claro que al haberse emitido el acuerdo respecto al incidente de nulidad de actuaciones promovido por **********a partir del auto de ocho de junio de dos mil dieciocho y que la parte quejosa quedó debidamente notificada, la omisión que se reclama de la autoridad responsable dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con treinta y tres minutos del ocho de enero de dos mil dieciocho. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Delegado Regional en Colima del Instituto Mexicano del Seguro Social, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6, 8, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1088/2018-III. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Requerimiento de Informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s]. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. Se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del ocho de enero de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional.

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