Omar Jimenez Ávila
Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Omar Jimenez Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de trece de diciembre de dos mil veintidós, en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto los informes justificados, con anexos, rendidos por las autoridades responsables Junta Especial Número Cinco y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidenta, y el Actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, en específico del oficio de cuenta, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso **********, reclama a las autoridades responsables la omisión de emplazar a la demandada **********, S.A. de C.V., al juicio laboral 370/2022. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que las autoridades responsables se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó a los informes justificados de cuenta, remitió copia certificada del emplazamiento practicado a la demanda **********, S.A. de C.V., el veintiocho de noviembre del año en curso, dentro del juicio laboral 370/2022. En efecto, de esas constancias se aprecia que en el juicio laboral 370/2022, del índice de la junta laboral responsable, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se dejó citatorio a la demandada **********, S.A. de C.V., para que esperara al actuario a las catorce horas con diez minutos del veintiocho de noviembre del presente año. Llegada la hora y fecha citada se emplazó a dicha demandada -por conducto de su apoderado- mediante instructivo de notificación. Del contenido de lo anterior se aprecia que las autoridades responsable, con posterioridad de la presentación del escrito de la demanda (quince de octubre del presente año) que dio origen al presente juicio, subsanó la omisión reclamada al emplazar en el juicio laboral a la demandada a las catorce horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; por ello, la omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que se emplazó al juicio laboral a la referida demandada. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Solamente resulta necesario precisar que, para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, antes de celebrar la audiencia constitucional, resulta imperante que se actualice una causa de sobreseimiento que no pueda ser desvirtuada, aun cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, debe ser tal su materialización, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad. Las causas de improcedencia que dan origen al sobreseimiento fuera de audiencia, deben ser manifiestas, notorias e indudables, pues de lo contrario el juzgador estaría obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada, hipótesis que se actualizan en el presente caso, pues si la parte quejosa reclamó la omisión en practicar el emplazamiento a la demandada en el juicio de origen, y las autoridades responsable ya se pronunciaron sobre la omisión reclamada; lo anterior obviamente dejó de tener efectos jurídicos el acto reclamado. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada en la sentencia la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues no habría que restablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. En ese sentido, las violaciones constitucionales que pudiesen derivar del acto que se reclama en esta instancia constitucional, no pueda ser analizados al haber dejado de incidir en la esfera jurídica del peticionario, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual da margen a que se actualice en la especie la citada causal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 63, fracción V, del invocado ordenamiento. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al quejoso y mediante oficios a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto los informes justificados, con anexos, rendidos por las autoridades responsables Junta Especial Número Cinco y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidenta, y el Actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, en específico del oficio de cuenta, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso **********, reclama a las autoridades responsables la omisión de emplazar a la demandada **********, S.A. de C.V., al juicio laboral 370/2022. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que las autoridades responsables se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó a los informes justificados de cuenta, remitió copia certificada del emplazamiento practicado a la demanda **********, S.A. de C.V., el veintiocho de noviembre del año en curso, dentro del juicio laboral 370/2022. En efecto, de esas constancias se aprecia que en el juicio laboral 370/2022, del índice de la junta laboral responsable, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se dejó citatorio a la demandada **********, S.A. de C.V., para que esperara al actuario a las catorce horas con diez minutos del veintiocho de noviembre del presente año. Llegada la hora y fecha citada se emplazó a dicha demandada -por conducto de su apoderado- mediante instructivo de notificación. Del contenido de lo anterior se aprecia que las autoridades responsable, con posterioridad de la presentación del escrito de la demanda (quince de octubre del presente año) que dio origen al presente juicio, subsanó la omisión reclamada al emplazar en el juicio laboral a la demandada a las catorce horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; por ello, la omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que se emplazó al juicio laboral a la referida demandada. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Solamente resulta necesario precisar que, para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, antes de celebrar la audiencia constitucional, resulta imperante que se actualice una causa de sobreseimiento que no pueda ser desvirtuada, aun cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, debe ser tal su materialización, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad. Las causas de improcedencia que dan origen al sobreseimiento fuera de audiencia, deben ser manifiestas, notorias e indudables, pues de lo contrario el juzgador estaría obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada, hipótesis que se actualizan en el presente caso, pues si la parte quejosa reclamó la omisión en practicar el emplazamiento a la demandada en el juicio de origen, y las autoridades responsable ya se pronunciaron sobre la omisión reclamada; lo anterior obviamente dejó de tener efectos jurídicos el acto reclamado. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada en la sentencia la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues no habría que restablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. En ese sentido, las violaciones constitucionales que pudiesen derivar del acto que se reclama en esta instancia constitucional, no pueda ser analizados al haber dejado de incidir en la esfera jurídica del peticionario, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual da margen a que se actualice en la especie la citada causal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 63, fracción V, del invocado ordenamiento. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al quejoso y mediante oficios a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual formula alegatos y solicita copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio. Al respecto se provee lo siguiente: En torno a los alegatos que formula, serán tomados en consideración en la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la copia de la resolución que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de admisión del presente juicio, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy el desahogo de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a acabo, toda vez que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y el actuario adscrito a la citada junta laboral; aunado a que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para el referido efecto, como se advierte la constancia de notificación respectiva de dichas autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, a fin de evitar una posible reposición del procedimiento, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y ahora para su desahogo se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. * El Secretario, **********, certifica: que la determinación que antecede, fue firmada de manera electrónica a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y que, una vez cotejada, la versión digital que obra en el expediente electrónico, coincide fiel y exactamente con la que se encuentra impresa y agregada al cuaderno respectivo. Doy Fe. *
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